El Gobierno ha decidido tomar medidas concretas con respecto a las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis) que gestionan propiedades residenciales. Retirará las ventajas fiscales a aquellas que no utilicen sus activos para ofrecer vivienda en alquiler asequible, con el propósito de ampliar el parque de inmuebles a precios económicos. Esta decisión surge como parte del enfoque general del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha presentado un total de 12 medidas en una reciente jornada sobre vivienda.
Medidas para corregir el modelo de las socimis
Las fuentes gubernamentales han señalado que este ajuste en el marco fiscal se centrará exclusivamente en las socimis de viviendas, ya que uno de los objetivos prioritarios es impulsar la disponibilidad de vivienda asequible para alquiler. Este cambio busca revertir lo que consideran «perversiones» en este modelo, que fue inicialmente creado para estimular la construcción tras la crisis inmobiliaria.
En paralelo, el Gobierno también tiene entre sus planes la extensión de bonificaciones fiscales a regiones que actualmente no están declaradas como zonas tensionadas, promoviendo así un incremento en la oferta del alquiler. Esto se torna relevante, especialmente considerando el bloqueo por parte de algunas comunidades autónomas a la Ley de Vivienda.
Bonificaciones fiscales para apoyar el alquiler
Ante la situación de zonas no declaradas, se ha diseñado un mecanismo que facilitará a los propietarios de vivienda obtener bonificaciones de hasta el 100% en el IRPF si se comprometen a reducir el precio del alquiler. Este enfoque resalta un aspecto innovador de la ley: un gran tenedor, propietario de más de 10 inmuebles, podrá obtener excepciones fiscales significativas si establece contratos de alquiler alineados con el índice correspondiente a las zonas tensionadas, aunque su área no esté catalogada como tal.
Por otro lado, los pequeños tenedores, que poseen menos de 10 inmuebles, también se beneficiarán de una reducción fiscal que podría traducirse en exenciones cercanas a los 6.000 euros en comunidades como Madrid, si aplican una rebaja del 5% al precio del alquiler.
Limitaciones a la compra de vivienda por extranjeros
Otra de las iniciativas en discusión se centra en limitar la compra de vivienda por ciudadanos extranjeros no comunitarios. Se están evaluando diferentes estrategias, incluyendo la posibilidad de instaurar un nuevo impuesto, o bien, endurecer aquellos que ya están en vigor. Esta medida se considera necesaria, dado que se estima que entre 25.000 y 30.000 extranjeros compran vivienda cada año en España.
Adicionalmente, el Gobierno está considerando un posible incremento del IVA sobre viviendas turísticas. Sin embargo, se aclara que el porcentaje específico aún está bajo discusión y dependerá de las normativas europeas que se están negociando en el Ecofin. A este respecto, se tendrá en cuenta la ubicación de los inmuebles turísticos, ya que en algunos contextos rurales, su uso beneficiaría a las comunidades.
El compromiso de vivienda pública
Con respecto al blindaje de la vivienda protegida, el Gobierno ha expresado que se condicionará la entrega de recursos públicos a que las comunidades autónomas mantengan la vivienda de protección oficial de manera permanente y pública. Esto se plasmará en el nuevo Plan Estatal de Vivienda, que está en fase de negociación.
Esto no significa que las viviendas no puedan ser vendidas; no obstante, se establecerá que cualquier venta se realice bajo las mismas condiciones acordadas al momento de su adquisición. Además, se ha destacado la intención de proporcionar avales para los jóvenes, tomando como modelo experiencias exitosas en otros países, como el sistema francés. Así, se busca facilitar el acceso a la vivienda para aquellos que carecen de los recursos necesarios.
Traspaso de viviendas a la nueva empresa pública
En cuanto al traspaso de aproximadamente 30.000 viviendas del Sareb a una nueva empresa pública de vivienda, se ha confirmado que unas 13.000 ya están en proceso, y las restantes se programan para ser traspasadas hacia 2026. Asimismo, se prevé añadir un paquete adicional de cerca de 40.000 viviendas a largo plazo, con una fecha estimada de traspaso para 2027.
Procedimientos legislativos para implementar las medidas
De las 12 medidas anunciadas, cinco requieren necesariamente el respaldo del Congreso de los Diputados, mientras que las restantes se podrán implementar sin su aprobación. Las propuestas que necesitarán pasar por el Parlamento incluyen el sistema de garantías públicas para inquilinos y propietarios, el nuevo IVA para propiedades turísticas, la fiscalidad ajustada para las socimis de vivienda, así como la regulación de la compra de vivienda por extranjeros.
El resto de las medidas, que no requieren esa validación, comenzará a desarrollarse en el plazo más breve posible, manteniendo la rapidez necesaria para abordar la situación actual del mercado inmobiliario.
A medida que estas propuestas se concretan, es esencial que los ciudadanos y partes interesadas estén atentos a esta evolución en las políticas de vivienda. Su implementación puede tener un impacto significativo en la disponibilidad y asequibilidad de la vivienda en España. Cada ajuste va moldeando un futuro donde la oferta de vivienda asequible puede volverse más accesible, pero será crucial que todos los actores colaboren para lograr eficacia y justicia en el mercado inmobiliario.