El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado recientemente el Real Decreto-ley que aprueba la aportación de edificios propiedad del Estado a Sepes, una Entidad Pública Empresarial de Suelo que actúa bajo la supervisión del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Esta medida, que entrará en vigor el 25 de diciembre, tiene como objetivo principal facilitar el desarrollo de políticas de vivienda asequible y extender las deducciones por obras de mejora energética en viviendas hasta finales de 2025.
Detalles sobre la aportación de inmuebles a Sepes
La entrega de inmuebles a Sepes se llevará a cabo a través de un procedimiento de enajenación, conforme a la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Es importante destacar que la tasación de estos inmuebles recaerá sobre Sepes, quien debe integrar estos activos en su patrimonio para poder incluirlos en su contabilidad. Desde el Ministerio, se hace hincapié en que será responsabilidad de Sepes la regularización registral y catastral de los bienes.
Los edificios que se transferirán a Sepes derivan de varias entidades, incluyendo el Instituto de la vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), Adif, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), así como la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) y Patrimonio Nacional. Aunque estas entidades mantienen la titularidad, Sepes será responsable de la gestión, según los convenios que se establezcan.
Protección del parque público de vivienda
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha subrayado en diversas ocasiones que el carácter público de los inmuebles patrimonio del Estado estará protegido “a perpetuidad”. Este enfoque busca resguardar el parque público de viviendas y contribuir a garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna.
La reguladora ha resaltado que esta acción es parte de un esfuerzo más amplio para fomentar la rehabilitación y mejora energética de las viviendas existentes. El objetivo final es crear un entorno donde las familias puedan acceder a un hogar asequible y eficiente desde el punto de vista energético, disminuyendo así la dependencia de combustibles fósiles.
incentivos fiscales: deducciones por obras de mejora energética
Desde el 25 de diciembre, también se prorroga hasta finales de 2025 las deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por inversiones en obras de mejora energética de viviendas. Estos incentivos son aplicables a los gastos que incrementen la eficiencia energética de la vivienda habitual, siempre que vengan respaldados por un certificado de eficiencia energética.
El Ministerio ha destacado que en el período de 2021 a 2023 se han practicado deducciones en 122.862 viviendas, lo que ha significado un ahorro total de 319,70 millones de euros en este impuesto. Esta cifra no solo refleja el impacto financiero positivo de las deducciones, sino también la creciente conciencia de la ciudadanía sobre la importancia de la rehabilitación energética.
Crecimiento de solicitudes de deducción
La respuesta de la ciudadanía a estos incentivos ha sido notable. En 2021 se registraron apenas 2.535 declaraciones, mientras que en 2022 ese número se disparó a 55.761. Para 2023, las declaraciones han alcanzado la cifra de 110.940. Este crecimiento continuo pone de relieve un interés creciente en la mejora energética de las viviendas, alineado con las preocupaciones ambientales actuales.
La norma establece una deducción del 20% por obras que logren una reducción del 7% en la demanda de calefacción y refrigeración. Las deducciones son aplicables a la vivienda habitual del contribuyente y también a aquellas que se destinen al alquiler como vivienda habitual.
Deducción máxima por vivienda y para edificios residenciales
El porcentaje de deducción asciende al 20% de las cantidades invertidas en obras, con un tope de 5.000 euros por vivienda. Además, la norma contempla una deducción del 40% por iniciativas que logren reducir un 30% el consumo de energía primaria no renovable o que mejoren la calificación energética de la vivienda a categorías ‘A’ o ‘B’. En este caso, el límite de deducción se eleva a 7.500 euros por vivienda.
Para los edificios residenciales, se establece una deducción aún más atractiva del 60% por actuaciones que cumplan con los mismos criterios de reducción de consumo, con un máximo de 15.000 euros por vivienda. Este enfoque no solo beneficia a los propietarios, sino que también puede incentivar a la comunidad a adoptar enfoques más sostenibles en la gestión energética de sus propiedades.
Un paso hacia la rehabilitación integral
La extensión de estas deducciones y la incorporación de inmuebles al patrimonio de Sepes son pasos importantes hacia una rehabilitación integral del parque de viviendas en España. Estas iniciativas se alinean con los objetivos del Ministerio de promover una política de vivienda que no solo sea asequible, sino también sostenible y eficiente.
Con la implementación y promoción de estas políticas, se busca, no solo ofrecer viviendas a un costo accesible, sino también transformar la manera en que consumimos energía y nos relacionamos con el entorno. Esta es una oportunidad clave para los ciudadanos, ya que contribuyen a un futuro más sostenible.
Finalmente, es esencial que los interesados se informen sobre las opciones de deducción y los requisitos necesarios para poder beneficiarse de estos incentivos. Al adoptar medidas proactivas para la mejora de la eficiencia energética en sus hogares, los ciudadanos no solo apoyan su economía personal, sino también el avance hacia un entorno más sustentable.
