Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu han manifestado su descontento con las nuevas medidas de vivienda anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Las propuestas, que incluyen la exención total del IRPF para caseros que alquilen viviendas conforme a la Ley de Vivienda, así como el lanzamiento de un nuevo PERTE para la construcción de casas, no son suficientes para estas formaciones políticas. Consideran que las acciones deben ir más allá para abordar la crisis habitacional que afecta a muchos ciudadanos en España.
Medidas propuestas y críticas de los socios gubernamentales
Sánchez ha planteado una serie de medidas que incluye la limitación de la compra de vivienda por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes en España. La propuesta consiste en incrementar la carga fiscal sobre estas compras hasta el 100% del valor del inmueble. Además, se ha hablado de la cesión de más de 3.300 viviendas y dos millones de metros cuadrados de suelo residencial por parte de la Administración General del Estado a una empresa pública de vivienda, que permitiría la creación de “miles y miles” de nuevas viviendas. Otra noticia relevante es que se incorporarán 13.000 viviendas de la Sareb de forma inmediata, y se irán añadiendo otras 17.000 de manera progresiva.
Sin embargo, estas iniciativas no han convencido a ERC y EH Bildu. Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, ha expresado que “llegan tarde y se quedan cortos”. En sus críticas, deja claro que la prioridad debe ser el derecho de los ciudadanos a tener acceso a una vivienda digna, por encima de los intereses de aquellos que poseen múltiples propiedades. Este llamado a la acción resalta la creciente presión sobre el Gobierno para abordar la urgencia de la crisis de vivienda en el país.
La voz de EH Bildu y propuestas adicionales
Desde EH Bildu, Oskar Matute también ha manifestado su preocupación. Considera que limitar la compra de viviendas a extranjeros no residentes “no es suficiente”. En cambio, aboga por prohibir de forma efectiva la adquisición de casas por parte de extranjeros que no planeen residir en ellas. Matute se refiere en particular a los fondos de inversión que adquieren grandes cantidades de inmuebles con el objetivo de especular.
Este enfoque más contundente busca proteger el mercado inmobiliario local y garantizar que las viviendas sean utilizadas como hogar, no como un simple activo financiero. Matute enfatiza que “las casas son para vivir, no para especular”, dejando claro su punto de vista sobre la necesidad de un cambio radical en las políticas de vivienda.
Impacto de la crisis de vivienda en la economía española
La crisis de vivienda en España no solo representa un problema social, sino que también tiene serias repercusiones económicas. Según diversos análisis económicos, el aumento de precios de alquiler y la falta de viviendas asequibles están exacerbando la exclusión social y debilitando el poder adquisitivo de muchas familias.
Estadísticas recientes indican que cerca del 40% de los jóvenes en España siguen viviendo con sus padres, un reflejo claro de las dificultades para acceder a un hogar propio. Esta situación no solo afecta a la calidad de vida de los afectados, sino que también limita el crecimiento de la economía. La imposibilidad de formar hogares y mantener hogares estables puede frenar el consumo y la inversión.
Conformes estos datos, la falta de medidas adecuadas para abordar la crisis no solo perpetúa la desigualdad social, sino que también puede llevar a un estancamiento económico.
El camino hacia soluciones efectivas
Ante la creciente presión de las formaciones políticas como ERC y EH Bildu, se hace imperativo que el Gobierno adopte medidas más efectivas y valientes. La legislación debe ser revisada y fortalecida, considerando propuestas que impidan la especulación en el mercado inmobiliario y garanticen un acceso equitativo a la vivienda.
Además, se podría considerar la implementación de modelos de vivienda social y cooperativa que faciliten el acceso a la vivienda para aquellos segmentos de la población más vulnerables. Nuevas iniciativas podrían incluir la creación de incentivos a los propietarios para el alquiler de viviendas a precios asequibles o zonas de protección para asegurar que las viviendas no se conviertan en objetos de inversión especulativa.
Las decisiones que se tomen en los próximos meses no solo definirán el futuro del sector de la vivienda, sino que también influirán en la estabilidad económica del país. Un enfoque colaborativo entre el Gobierno y las comunidades autónomas será fundamental para afrontar este desafío.
La situación actual nos muestra que la vivienda es un derecho básico que debe ser garantizado, y la búsqueda de soluciones creativas y sostenibles es ahora más urgente que nunca. En este contexto, se recomienda estar atento a las futuras convocatorias y propuestas que surjan del Gobierno para hablar sobre una política de vivienda inclusiva y accesible para todos.
