La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha expresado la necesidad urgente de abordar la situación de los pisos turísticos ilegales en Madrid, que ascienden a 15.000. Esta cifra, según Rodríguez, se traduce en una competencia directa con las 15.000 familias que requieren acceso a una vivienda en sus propios barrios. «Esta es una problemática que no podemos ignorar», afirmó la ministra.
La situación de los pisos turísticos ilegales
Rodríguez ha señalado que el número de pisos turísticos ilegales en Madrid excede la capacidad de construcción de nuevas viviendas que se proyecta en el nuevo barrio de Campamento. «La necesidad de vivienda es apremiante, y estamos esperando como agua de mayo esas nuevas estructuras habitacionales», enfatizó. Agregó que, aunque existen pisos turísticos legales, estos también necesitan una regulación más estricta.
“Lo que tenemos ante nosotros no es una cuestión de colaboración, sino un negocio que requiere regulación”, subrayó la ministra. En este contexto, mencionó que han registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para que estos alojamientos tributen adecuadamente, similar a las cargas fiscales que enfrentan los hoteles.
Propuesta de inversión pública en vivienda
El Gobierno ha propuesto triplicar la inversión pública en vivienda en los próximos años, un plan que solo ha sido aceptado por cinco comunidades autónomas: País Vasco, Navarra, Cataluña, Canarias y Asturias. El objetivo es incrementar el presupuesto destinado a este sector de 2.300 millones de euros, en el periodo 2022-2025, a unos 7.000 millones de euros en los próximos cinco años. De esta cantidad, el Estado asumiría aproximadamente el 60%, alrededor de 4.000 millones de euros, mientras que las comunidades autónomas deberían aportar el resto.
Rodríguez cuestionó la postura del Partido Popular, que, a pesar de gobernar la mayoría de las comunidades autónomas y ayuntamientos, ha mostrado reticencia ante esta oferta de inversión. “¿Cómo puede el Partido Popular responder con dudas ante una oportunidad de triplicar la inversión en vivienda?”, preguntó la ministra, señalando que este es un problema a resolver de manera urgente.
El valor de un acuerdo estatal
La ministra ha defendido que la propuesta implica alcanzar acuerdos que son ventajosos para las comunidades autónomas, con un apoyo popular evidente. “Si preguntamos a la mayoría de los españoles sobre la necesidad de un aumento del presupuesto para vivienda, seguramente responderían que sí”, afirmó. Añadió que el objetivo no es solo mejorar la situación actual, sino también garantizar que el esfuerzo financiero ejercido por los ciudadanos beneficie a la sociedad en su conjunto.
Una de las prioridades que ha mencionado es que los datos públicos sobre la demanda habitacional sean gestionados adecuadamente. «Conocer cuántas personas necesitan una vivienda y cómo se están gestionando los contratos de alquiler es crucial para tomar decisiones efectivas», expresó.
La importancia de la colaboración entre comunidades
Rodríguez espera que todas las comunidades, especialmente aquellas gobernadas por el Partido Popular, reconsideren su postura y se unan al acuerdo propuesto por el Gobierno. “Voy a empezar a trabajar con quienes han mostrado disposición para avanzar, incluso aquellas comunidades que no recibirán el nuevo presupuesto, como el caso de Euskadi”, indicó. La ministra se reunirá con el consejero del País Vasco para discutir la posibilidad de compartir datos, a pesar de que esa comunidad no participará de los recursos estatales.
“Es muy difícil de entender que algunas comunidades rechacen más dinero para vivienda y que no deseen proteger este patrimonio para las próximas generaciones”, concluyó. Este último mensaje se convierte en un llamado claro a la responsabilidad ante una crisis habitacional evidente.
¿Qué hay por delante?
Frente a esta problemática, las expectativas del Gobierno son claras. La ministra subraya que la colaboración y la regulación son fundamentales para avanzar hacia una solución efectiva. Con el incremento de la inversión y la posibilidad de garantizar que se gestionen los datos pertinentes, se podría establecer un nuevo modelo de vivienda más accesible y sostenible. Al final, la consolidación de un acuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas es una necesidad más que un deseo, y su éxito dependerá de la voluntad de los actores involucrados. En este contexto, los ciudadanos deben mantenerse informados y exigir a sus representantes que prioricen la vivienda como un valor fundamental de la sociedad.
