El pasado martes, PSOE, PP y Vox rechazaron la admisión a trámite de una proposición de ley presentada por el Parlamento de Cataluña. La iniciativa, apoyada por Sumar, propone que la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ceda el 80% de sus inmuebles a alquileres sociales. Esta votación ha evidenciado la división dentro del Gobierno de coalición, donde Sumar respaldó la propuesta, impulsada por Esquerra Republicana (ERC) en el Parlament. También apoyaron la ley Junts, PNV, BNG, Podemos y EH Bildu.
Justificaciones del rechazo
El PSOE defendió su voto en contra al considerar que la norma está «desactualizada». El diputado socialista Gonzalo Redondo comentó que muchos de los aspectos de la ley ya están en marcha. Por ejemplo, el Gobierno planea la creación de una Empresa Estatal de Vivienda, que permitirá ceder 30,000 viviendas de la Sareb a alquileres asequibles. Además, el diputado desestimó la valorización de dar más autonomía a los ayuntamientos para destinar sus superávits en la compra de vivienda, sugiriendo que esto podría poner en riesgo el objetivo del déficit.
Defensores de la propuesta en el Congreso
Una comitiva del Parlamento de Cataluña defendió la ley en el Congreso. El diputado de Junts, Jordi Munell, afirmó que esta propuesta lleva impulsándose desde 2018 y sigue vigente debido a la crisis de vivienda que enfrenta España. Munell instó a utilizar los 29,000 millones de euros en activos disponibles de la Sareb para abordar esta problemática y contrarrestar las secuelas del rescate bancario.
Por su parte, la diputada de ERC, Mar Besses, urgió a que se acepte la ley, destacando que muchos ayuntamientos pequeños han intentado destinar inmuebles de la Sareb al parque público, pero enfrentan trámites complicados. Susana Segovia, de En Comú, también se pronunció, criticando que la Sareb es el resultado de una «estafa» originada en la burbuja inmobiliaria de 2008. Afirmó que el rescate de los bancos costó 64,000 millones de euros, recursos que no se utilizaron para ayudar a la ciudadanía.
Reacciones de otros partidos políticos
Los partidarios de la proposición en el Congreso, incluidos Néstor Rego del BNG, Martina Velarde de Podemos y Oskar Matute de EH Bildu, manifestaron su intención de votar a favor de la propuesta, defendiendo su potencial para revertir los efectos del rescate bancario.
En contraste, Idoia Sagastizabal, del PNV, subrayó que su grupo no votará en contra, ya que está de acuerdo con ciertos aspectos de la ley, como la posibilidad de poner a disposición suelos del banco malo y mayor flexibilidad en el gasto de los ayuntamientos en materia de vivienda. Este apoyo parcial refleja una cierta apertura a mejorar la situación actual de la vivienda, aunque no sin reservas.
Desde las filas de Vox, Pablo Sáez criticó que la ley haya sido aprobada en Cataluña con el apoyo de formaciones políticas que, según él, llevano «casi veinte años» en el poder sin implementar políticas eficaces para mejorar el acceso a la vivienda. Santiago Rodríguez, del PP, también sostuvo que las políticas de vivienda llevadas a cabo en años recientes han agraviado la situación en lugar de solucionarla, señalando que la Mesa del Congreso vetó una iniciativa de su partido para construir 250 viviendas para afectados de la Dana en Valencia.
Un panorama confuso en la gestión de la vivienda
La situación presentada en el Congreso no es, ni mucho menos, una anécdota aislada. Las diferentes posturas reflejan un panorama confuso en la gestión del acceso a la vivienda en España. La Sareb, encargada de manejar los activos problemáticos generados por el rescate bancario, ha sido objeto de críticas desde diversos frentes. Mientras algunos abogan por su uso para aliviar la crisis de vivienda, otros creen que es un remanente de políticas ineficaces.
Es crucial destacar que las decisiones que se tomen en el Congreso no solo impactarán en la legislación vigente, sino en la situación cotidiana de miles de ciudadanos que enfrentan problemas de acceso a la vivienda. De hecho, el futuro de la Ley de Alquiler Social podría depender de la capacidad de estas fuerzas políticas para alcanzar un consenso que realmente favorezca a la ciudadanía.
¿Qué esperar a partir de ahora?
Frente a esta compleja situación, es fundamental que se inicie un diálogo más profundo entre las diferentes fuerzas políticas. La vivienda es un derecho fundamental que trasciende ideologías y debe ser abordado con seriedad y compromiso social. Se sugiere a los lectores seguir de cerca los desarrollos legislativos, y a entender que la presión ciudadana puede incidir en la adopción de políticas más efectivas en el futuro. Soluciones como la creación de un marco regulador sólido para los alquileres y la asignación eficiente de recursos podrían ser pasos fundamentales a seguir.
