El Consejo General de Economistas (CGE), a través de su Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), ha manifestado su posición sobre la propuesta de ley registrada por el PSOE en el Congreso. Esta iniciativa busca imponer un gravamen más severo sobre viviendas vacías, socimis y pisos turísticos, además de establecer un nuevo impuesto para la compra de vivienda por parte de extracomunitarios y extranjeros no residentes. Sin embargo, los economistas consideran que aumentar el coste fiscal de los inmuebles desocupados no inducirá a los propietarios a alquilarlos, ya que muchos de estos son segundas residencias o casas en zonas rurales.
Nuevos impuestos y sus implicaciones
La proposición de ley plantea una nueva escala para la imputación de rentas inmobiliarias. Así, los economistas han argumentado que esta ley no prevé una reducción de impuestos si solo se alquilan segundas residencias durante parte del año, ya que no se consideran viviendas habituales para los inquilinos. En este sentido, se ha señalado un error en los tramos de imputación de rentas, especialmente para propiedades con un valor catastral de 500.000 euros. Según los expertos, la renta debería imputarse en 7.100 euros en lugar de los 7.500 euros establecidos en la propuesta. De manera similar, para propiedades valoradas en un millón de euros, la imputación debería ser de 17.100 euros y no de 20.000 euros.
El mayor IVA a pisos turísticos trasladará la demanda
Otro aspecto importante de la ley es la propuesta de un impuesto al 21% de IVA para pisos turísticos. Los economistas advierten que esto podría desviar la demanda del sector hacia la industria hotelera, que actualmente opera a un tipo reducido del 10%. Este cambio podría tener un impacto negativo en el turismo en general, afectando tanto a las ofertas como a la demanda de alojamiento turístico.
Adicionalmente, el impuesto para la compra de vivienda por extracomunitarios y no residentes se estipula que deberá pagarse sobre el 100% del valor de mercado, lo que genera dudas sobre su carácter potencialmente confiscatorio. Esta carga adicional implicará que el precio de compra, sumado al impuesto, superará el precio de mercado en futuras transacciones, complicando la venta del inmueble posteriormente.
Efectos en las socimis y compras internacionales
La modificación en el régimen tributario de las socimis también ha sido un punto de discusión. Los economistas sugieren que estas entidades podrían buscar mercados más atractivos fuera del país si las condiciones fiscales se vuelven desfavorables. Esta situación plantea un escenario donde la inversión en estas estructuras puede verse comprometida, afectando así el sector inmobiliario en su conjunto.
Por otro lado, se ha enfatizado que, según la propuesta, no se penalizará a quienes compren viviendas nuevas como no residentes en la Unión Europea. Este enfoque podría ser un intento de estimular la inversión extranjera en el mercado inmobiliario nacional, aunque su efectividad aún está por verse.
Complicada bonificación en el IRPF por el alquiler
Los economistas también han abordado la «complicada» aplicación de los diferentes porcentajes de bonificación en el IRPF para propietarios que reduzcan el alquiler. La exigencia de una rebaja mínima del 5% en los alquileres cada vez que se formalice un nuevo contrato pone en riesgo a los propietarios, especialmente a aquellos con alta rotación de inquilinos. Este grupo podría optar por no aplicar la bonificación debido a la presión de disminuir constantemente el precio.
No obstante, la introducción de nuevas reducciones fiscales en áreas de gran demanda podría resolver la «pasividad» de algunas comunidades autónomas que se habían mostrado renuentes a declarar tales zonas. Esto potenciaría el alquiler social y atendería a una población necesitada de opciones más asequibles.
Perspectivas futuras y recomendaciones
La implementación de estas reformas fiscales, aunque con intenciones de corregir desequilibrios en el mercado inmobiliario, podría generar un efecto contrario al que se busca. Es recomendable un análisis más profundo de las implicaciones de estas políticas para asegurar que no solo se apliquen cargas fiscales, sino que también se generen verdaderas oportunidades de acceso a vivienda asequible.
Para los propietarios y posibles inversores, es crucial seguir de cerca estos desarrollos y ajustar sus estrategias en función de las nuevas normativas. Una revisión constante de las condiciones fiscales y del mercado será vital para asegurar decisiones informadas y saludables en el ámbito de la inversión inmobiliaria.
