La situación actual de las infraestructuras hídricas en España es alarmante. Desde la asociación de empresas constructoras y concesionarias de infraestructuras Seopan se ha estimado que nuestro país necesita invertir 85.000 millones de euros en este sector para adaptar su red a los nuevos requerimientos de calidad. Este cambio es crítico si se considera que los fenómenos meteorológicos extremos han causado pérdidas significativas en la economía nacional.
Impacto del cambio climático en las infraestructuras
El Día Mundial del Agua, celebrado el 22 de marzo, resalta la necesidad urgente de modernizar las infraestructuras hídricas. En 2020, España se posicionó como el cuarto país europeo más perjudicado por eventos climáticos, enfrentando pérdidas de 27,13 euros por habitante. Este dato es un recordatorio del costo real que los desastres naturales imponen a la población.
La DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) ocurrida en octubre del año pasado, valida la evidencia científica sobre cómo el cambio climático afecta a las Cuencas Mediterráneas. Esta situación resalta la necesidad de establecer no solo inversiones para la modernización, sino un programa extraordinario que contemple 5.000 millones de euros adicionales destinados a estas cuencas. Un paso necesario para garantizar la sostenibilidad del agua y proteger a las comunidades vulnerables.
Inversión insuficiente en el pasado
La crisis económica de 2008 tuvo un impacto directo en la inversión pública en infraestructuras hidráulicas, que se redujo drásticamente. Entre 2007 y 2010, la inversión media fue de 3.011 millones de euros anuales, mientras que de 2011 a 2022 este monto cayó a solo 1.296 millones. Esta disminución ha dejado a España en una situación precaria para enfrentar retos actuales y futuros.
Adicionalmente, según datos anteriores, la inversión pública en la protección del medio ambiente fue bastante inferior a la media europea. En el periodo 2013-2021, este gasto representó únicamente 28 euros por habitante al año en España, frente a los 47 euros que se invirtieron en promedio en otros países de Europa. Esto evidencia una deficiencia notable en la gestión y protección de recursos tan vitales como el agua.
Inversiones planificadas y necesidades adicionales
En la actualidad, se cuenta con 41.000 millones de euros planificados para infraestructuras hídricas. Esta inversión se distribuye en diversas áreas, incluyendo:
- 11.016 millones en saneamiento y depuración.
- 8.748 millones en medidas de abastecimiento y regadío.
- 4.876 millones en gestión y restauración.
- 4.871 millones en actuaciones relacionadas con regadíos y agricultura.
Sin embargo, esta cifra no es suficiente. Se requieren otros 44.500 millones de euros para modernizar y adaptar la normativa actual sobre el capital público en este sector. Esto incluye importantes partidas como:
- 15.643 millones para transformar redes de alcantarillado unitarias a separativas.
- 15.000 millones para adaptar depuradoras al nuevo marco legislativo europeo.
- 10.849 millones para la reposición de redes urbanas de suministro de agua.
La magnitud de la inversión necesaria demuestra que la situación es crítica y que España no puede permitirse seguir postergando estas acciones.
El camino por delante
Mirar al futuro en materia de gestión del agua implica reconocer las inversiones pasadas y planear agresivamente para el presente y el futuro. La transformación de la infraestructura hídrica no solo es un tema de responsabilidad gubernamental, sino que también representa una oportunidad para el sector privado en términos de colaboración y desarrollo sostenible.
Iniciar este proceso requiere un compromiso no solo económico, sino también una política fuerte y clara que priorice la protección del medio ambiente y la adaptación a los cambios climáticos. Esto puede abrir las puertas a nuevas tecnologías y estrategias innovadoras que aseguren la disponibilidad de agua para las generaciones venideras.
Cada acción cuenta, incluso aquellas que parecen pequeñas. Los ciudadanos pueden involucrarse, presionando para que se prioricen estas inversiones en la agenda política. Así, se puede trabajar por un futuro donde las infraestructuras hídricas estén a la altura de los desafíos que enfrentamos.
