El presidente de la patronal de constructoras Seopan, Julián Núñez, ha expresado su oposición a los vetos en la contratación de empresas de construcción e infraestructuras por parte de la Administración Pública, en caso de que existan indicios o investigaciones en asuntos de corrupción. En su opinión, la solución no pasa por vetar a las empresas, sino por mejorar los mecanismos de prevención existentes.
La necesidad de reformar el sistema actual
Durante su intervención en el XLII seminario de economía en Santander, organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Núñez enfatizó: «La solución no es vetar, de qué sirve vetar algo». Lo que se necesita, según él, es analizar qué ha fallado en el sistema y cómo se pueden optimizar esas herramientas de prevención.
Núñez también cuestionó la idea de prohibir a empresas con miles de trabajadores su derecho a participar en contratos públicos a causa de un «caso puntual o personal». Aseguró que la normativa actual ya contempla sanciones por sentencias en firme, subrayando que «todo esto ya está recogido en la regulación, no hay que inventarse nada».
Un sector con profesionales de calidad
El líder de Seopan defendió que el sector de la construcción es «modélico» y está compuesto por profesionales «de primerísimo nivel». Sin embargo, también reconoció que pueden surgir «casos puntuales y personales» relacionados con la corrupción, aunque enfatizó que «estas informaciones, lógicamente, hacen daño». Este reconocimiento pone de relieve la dualidad del sector: por un lado, su fortaleza y, por otro, las vulnerabilidades que deben ser abordadas.
Para respaldar su postura, Núñez recordó que ya en 2017 se presentó un informe con propuestas específicas que apuntaban a mejorar la transparencia en el sector y a incorporar medidas contra la corrupción. De hecho, manifestó que «no hay nadie más interesado que nuestro sector en fomentar la transparencia y ser competitivos».
Legislación en marcha y propuestas de reforma
En un contexto político relevante, la semana pasada el grupo Sumar, a través de Más Madrid, presentó una proposición de ley en el Congreso. Este proyecto está motivado por el caso Santos Cerdán y busca introducir la inhabilitación cautelar de contratación para empresas implicadas en casos de corrupción. Esto incluye su veto temporal para recibir subvenciones y la prohibición de participar en concursos públicos si son condenadas formalmente.
La propuesta plantea una modificación del artículo 33.7 del Código Penal, permitiendo a los jueces instructores imponer esta inhabilitación desde el inicio de una causa penal. Este cambio podría tener amplias repercusiones en cómo se gestionan las contrataciones en el ámbito público y en las medidas de transparencia adoptadas por el gobierno.
Llamado a la acción desde el Parlamento
Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha exigido al Gobierno que tome medidas más contundentes contra la corrupción, especialmente con respecto a las empresas «corruptoras». Rufián remarcó que, aunque los nombres de los políticos pueden cambiar, «los nombres de las constructoras nunca cambian desde hace 40 años». Esto refleja una preocupación generalizada sobre la persistencia de estas problemáticas en el sector de la construcción.
El deseo de Rufián es que el Ejecutivo implemente reformas en este ámbito durante el verano. Este tipo de presión política ejerce una influencia significativa sobre la dirección que tomará la administración en términos de regulación y supervisión de las empresas constructoras.
Perspectivas sobre la mejora de la transparencia en el sector
La situación actual del sector de la construcción requiere un enfoque proactivo en la creación de un marco regulatorio robusto que garantice la transparencia y la integridad en las contrataciones públicas. La adopción de nuevas medidas legislativas, como las propuestas discutidas en el Congreso, puede ser un paso importante hacia la mejora de la reputación del sector.
Por lo tanto, no solo las empresas deben renovar sus compromisos con la ética y la transparencia, sino que también el Gobierno debe aplicar cambios legislativos rápidos y eficaces para reforzar la confianza pública. Este enfoque colaborativo podría ser fundamental no solo para erradicar la corrupción, sino también para promover un entorno de negocio más justo y competitivo en el futuro. Sería prudente que tanto la patronal como las administraciones públicas se sentaran a la mesa para discutir estas reformas, buscando soluciones que beneficien a todos y que aseguren un desarrollo sostenible dentro del sector.
Mantener un diálogo abierto y proactivo puede dar lugar a nuevas oportunidades para que las empresas de construcción fortalezcan su imagen y garanticen un crecimiento saludable y ético en el sector.
