Comisiones Obreras (CCOO) ha valorado de manera positiva el reciente anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre una inversión de 1.300 millones de euros en los próximos diez años para el nuevo Perte de Vivienda. Este plan, cuyo objetivo es impulsar la construcción industrializada, busca acelerar la oferta de vivienda social y asequible en España. Sin embargo, el sindicato enfatiza que esta inyección de recursos no es suficiente para satisfacer las necesidades actuales en el ámbito de la vivienda.
Necesidades de inversión en vivienda pública
El sindicato destaca la urgencia de aumentar la inversión en políticas de vivienda, que actualmente se sitúa en un raquítico 0,15% del Producto Interior Bruto (PIB). Según sus cálculos, es imperativo que esta cifra se eleve entre el 1% y el 1,5% para garantizar un parque público de vivienda adecuado. Este aumento es crucial para abordar la crisis de acceso a la vivienda que enfrenta el país.
Retos normativos y legales
A pesar de que el nuevo Perte representa una oportunidad, CCOO ha señalado que es necesaria una revisión del marco normativo que rige la construcción industrializada. En su comunicado, el sindicato menciona varios límites que deben superarse, como son las dificultades jurídicas para acceder a financiación por parte de promotores, tanto públicos como privados.
Además, se requieren cambios en la Ley de Edificación, en las normativas ECO de tasación inmobiliaria, así como una reforma de la ley hipotecaria para adecuarse al modelo de viviendas industriales. Estos ajustes permitirían superar los obstáculos que hoy limitan la expansión del sector.
Promoción de vivienda pública e interacciones institucionales
La promoción de vivienda pública también enfrentará retos adicionales. CCOO exige la implementación de cambios normativos y una mayor financiación para facilitar la construcción de vivienda industrializada. La colaboración entre el sector público y privado se presenta como esencial, pero el sindicato advierte que esta alianza no debería traducirse en beneficios desmesurados para los promotores privados.
Esto implica una necesidad de flexibilidad en los contratos públicos y un cambio en la Ley del Suelo, que ya ha sido rechazada en dos ocasiones en el Congreso. La falta de avances en este ámbito podría retrasar la implementación de soluciones efectivas a la crisis de la vivienda.
Oportunidades en el sector de la construcción
Desde un enfoque económico, CCOO ha señalado que el nuevo Perte representa una oportunidad significativa para el sector de la construcción. La transformación hacia la construcción industrializada y modular no solo implica un cambio en los métodos de edificación, sino que también generará una demanda de formación especializada.
El sindicato enfatiza la importancia de establecer diálogos sindicales para definir las políticas necesarias que garanticen la formación y certificación de los trabajadores del sector. Esto es fundamental para asegurar el respeto a las condiciones laborales y la seguridad de los empleados en un entorno que podría cambiar radicalmente.
Perspectivas futuras y acciones recomendadas
Frente a la complejidad de la crisis del acceso a la vivienda, la colaboración entre instituciones y la generación de un entorno favorable para la construcción son vitales. Las reformas legales, junto con un aumento significativo de la inversión pública en vivienda, pueden ser el camino hacia soluciones sostenibles.
Los ciudadanos, interesados en el tema, deben mantenerse informados y participar en los debates públicos sobre políticas de vivienda. La presión social puede ser un motor para que los legisladores tomen decisiones audaces y necesarias. Además, es crucial que se promuevan iniciativas que garanticen que la vivienda asequible no se convierta en un derecho al que pocos pueden acceder. La construcción de un futuro con un parque de viviendas públicas sólido depende de la acción continua y de la movilización.
