Comisiones Obreras (CCOO) ha emitido un informe crítico respecto a las recientes medidas en materia de vivienda, particularmente en relación con el registro de alojamientos de corta duración y el nuevo índice del INE para la actualización de alquileres. Aunque el sindicato califica de «positivas» algunas de las iniciativas implementadas, también las considera «insuficientes» para garantizar el acceso a una vivienda digna para todos los ciudadanos.
Críticas al registro de arrendamientos de corta duración
El registro único de arrendamientos de corta duración, que abarca tanto el alquiler turístico como el de temporada, ha sido objeto de análisis por parte de CCOO. El sindicato sostiene que la norma actual podría mejorarse significativamente. Entre sus propuestas destacan aspectos esenciales como la aportación documental previa que justifique el alquiler temporal, así como la limitación de la duración del mismo a un máximo de seis meses, con la posibilidad de prórrogas en lugar del año establecido. También opinan que debe prohibirse destinar edificios enteros al alquiler habitacional y potenciar el poder de las comunidades de vecinos para regular el alquiler vacacional.
Además, CCOO plantea que aún no se ha definido de manera clara y completa la fiscalidad a aplicar al alquiler turístico. Existe una necesidad urgente de establecer un régimen sancionador específico, ya que, actualmente, las sanciones que se aplican son las estipuladas en legislaciones locales o autonómicas. De este modo, el sindicato insiste en la importancia de la inspección y control del cumplimiento de las normativas, algo que ha mostrado ser ineficaz en el contexto de la Ley por el Derecho a la vivienda. La carencia de supervisión ha derivado en un incumplimiento generalizado, incluso en aspectos como el pago de los honorarios de agencias por parte de los inquilinos.
Limitaciones del nuevo índice del INE
El nuevo índice del INE para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda, conocido como IRAV, ha levantado críticas por su limitación. CCOO considera que este nuevo sistema no solo presenta restricciones en cuanto a los incrementos de los alquileres, sino que también está restringido al ámbito de los contratos firmados después de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda en mayo de 2023. Esto, según el sindicato, implica que no se aprovecha a cabalidad el potencial de una regulación más amplia que podría aplicarse a todos los contratos.
La experiencia de años anteriores, donde se han impuesto topes a los aumentos de alquiler, se considera más efectiva. Esto es especialmente relevante en un momento donde se enfrentan altos niveles de presión inflacionaria y creciente demanda de vivienda asequible. Promover un marco que contemple la revisión de todos los arrendamientos podría ofrecer soluciones más integrales a la crisis habitacional.
Perspectivas sobre el traspaso de inmuebles a Sepes
Respecto a la transferencia de inmuebles públicos a Sepes, el sindicato ve esta iniciativa como una acción positiva para aumentar el número de viviendas en régimen de alquiler asequible. Esta medida contribuiría no solo a mitigar la falta de oferta de vivienda pública, sino también a incentivar el desarrollo de políticas más inclusivas y accesibles.
Asimismo, la recentísima modificación de la Ley de Contratos del Sector Público busca simplificar y fomentar la colaboración público-privada en la promoción de vivienda pública. CCOO resalta que, aunque esto podría dinamizar la inversión privada en vivienda, también existen riesgos. Sin un control efectivo que limite los beneficios económicos de las empresas concesionarias, las iniciativas podrían desvirtuarse. Un ejemplo claro es el caso del Plan Vive en la Comunidad de Madrid, que ha suscitado inquietudes sobre el impacto real en los precios.
Mientras tanto, se hace necesaria una atención especial a los posibles riesgos laborales que puedan afectar a los trabajadores de las concesionarias. La reciente modificación permite a estas empresas crear su propio Plan de Seguridad y Salud Laboral, sin supervisión externa, lo que podría provocar una falta de garantías adecuadas.
La necesidad de soluciones integrales en la vivienda
El problema de la vivienda en España es complejo y multifacético. CCOO enfatiza que, aunque no existen soluciones universales, hay consenso en la necesidad urgente de aumentar la oferta de vivienda pública a precios asequibles y desarrollar un parque de alquiler social para las personas más vulnerables.
La situación actual exige una acción coordinada entre diferentes niveles de gobierno y sectores. Las soluciones deben ser amplias y considerar no solo la creación de vivienda, sino también la regulación del mercado de alquiler y supervisión efectiva para evitar abusos. Se trata de un desafío que requiere compromiso y colaboración de todos los actores sociales.
A medida que la situación de la vivienda sigue evolucionando, es crucial que los ciudadanos se mantengan informados sobre los cambios normativos y legislativos. Las voces de los sindicatos, como Comisiones Obreras, son fundamentales en este proceso, y es vital apoyar iniciativas que busquen mejorar el acceso a la vivienda digna para todos. Será esencial estar alerta y seguir exigiendo una atención justa y regulada en el sector de la vivienda para asegurar un futuro más sólido y accesible.
