La Agencia Negociadora del Alquiler ha expresado la necesidad de reforzar la seguridad jurídica para los arrendadores de vivienda en caso de impagos por parte de los inquilinos. En su análisis sobre las propuestas de los principales partidos políticos en materia de vivienda, la organización ha subrayado la importancia de implementar normativas que generen confianza en los propietarios para mantener sus viviendas en el mercado de alquiler.
Propuestas políticas y la falta de protección para arrendadores
La organización ha indicado que en ninguno de los planes políticos se aborda la cuestión de la seguridad jurídica en casos de incumplimientos de los inquilinos, lo que lleva a procedimientos de desalojo que pueden extenderse más de dos años. Según el CEO de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo, esta situación es uno de los principales factores que aleja a los arrendadores del mercado, optando en su lugar por vender las propiedades o alquilarlas en términos menos intervenidos.
El contexto actual de intervención gubernamental en los mercados de alquiler también ha suscitado preocupaciones. La agencia ha señalado que los intentos de regular el sector, como los relativos a los alquileres turísticos o de temporada, han hecho que muchos propietarios desvíen su oferta hacia modelos menos regulados. En consecuencia, se ha observado un desplazamiento del foco del arrendamiento de larga estancia.
Más vivienda asequible y agilización en los procedimientos
Aparte de exigir mayor seguridad jurídica, la Agencia también aboga por un aumento en la construcción de viviendas destinadas al alquiler asequible y social. Sugieren que se deben agilizar los procedimientos para el desarrollo de suelo, para facilitar la entrada de estas viviendas al mercado. La organización resalta que, además de ampliar la oferta, es urgente legislar con el objetivo de atraer a los arrendadores particulares, quienes son clave para la creación de oferta de viviendas, mediante normas que sean estables y no cambiantes en el tiempo.
La actual tendencia de control de precios y la implementación de medidas como la actualización de rentas por debajo del IPC o restricciones en zonas tensionadas son vistas como factores que ahuyentan a los arrendadores. Sin embargo, indica que si se contara con un marco legal más sólido en términos de protección y procedimientos expedidos para resolver incumplimientos, las comunidades de propietarios quizás podrían aceptar dichas medidas.
La importancia de la oferta existente
Es vital considerar que una buena parte de las viviendas ya están construidas. Esto implica que existen opciones disponibles que sólo necesitan acercarse a sus propietarios con propuestas legislativas que los protejan a la hora de ofrecer sus bienes en el mercado de alquiler. La organización considera que esto es esencial para afrontar la crisis actual de oferta de viviendas.
No obstante, han destacado que las propuestas actuales no abordan suficientemente las necesidades de protección que buscan los arrendadores. La reciente prórroga del Real Decreto 11/2020, que extiende la suspensión de desahucios para inquilinos vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2025, ha sido criticada. Argumentan que esta situación transfiere la responsabilidad por la falta de viviendas públicas adecuadas al alquiler a los propietarios, quienes no deben lidiar con problemas que no son de su competencia.
El impacto en el mercado del alquiler
El impacto de estas políticas tiene repercusiones en el desarrollo del mercado del alquiler. Muchos propietarios sienten que el cambio constante en regulaciones y el escaso respaldo jurídico podrían llevar a un aumento en el número de viviendas fuera del mercado de arrendamiento. Tal descenso en la oferta se traduce inevitablemente en un mantenimiento elevado de los precios de alquiler, algo que afecta a los ciudadanos que buscan una vivienda asequible.
Los arrendadores que se sienten inseguros a menudo optan por soluciones menos arriesgadas. Lo que ha quedado claro es que mientras no se introduzcan cambios significativos, fundamentalmente en lo relacionado con la resolución de conflictos de manera eficaz y rápida, la oferta seguirá disminuyendo.
Iniciativas para recuperar el mercado
La Agencia Negociadora del Alquiler pone de relieve que se necesita un enfoque renovado. Este debería contemplar la creación de un entorno más favorable para los arrendadores, que les permita ofrecer sus viviendas sin miedo a las consecuencias de los impagos. De esta forma, se podrá promover tanto la oferta como el acceso a una vivienda digna, elementos que deben coexistir en una política de vivienda efectiva.
Para avanzar en este contexto, es imprescindible establecer un diálogo continuo y abierto entre los arrendadores, el gobierno y los inquilinos. La cooperación se vuelve clave para encontrar un equilibrio que beneficie a todos y permita que el sector se recupere de sus dificultades actuales.
La iniciativa de ofrecer un marco legal más sólido y equilibrado no solo favorecerá a los arrendadores, sino que también beneficiará a aquellos que buscan una vivienda en alquiler. A medida que se desarrollen nuevas políticas, será crucial observar su impacto y realizar los ajustes necesarios para asegurar un acceso equitativo a la vivienda, así como la protección de los derechos de los arrendadores. En el futuro, mantener el equilibrio entre la necesidad urgente de viviendas asequibles y el derecho de los propietarios a operar sus propiedades de manera segura será fundamental para el desarrollo del mercado del alquiler.