El Partido Popular (PP) ha presentado una enmienda de totalidad al proyecto de ley que propone la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Esta oposición se fundamenta en la falta de consenso en el diálogo social, especialmente la carencia de apoyo por parte de la patronal. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ha expresado su desacuerdo tanto «en el fondo como en la forma», señalando que una medida de este calibre no puede aprobarse sin contar con el respaldo adecuado, y destaca que invade las competencias de la negociación colectiva.
Impacto de las enmiendas presentadas
Con la enmienda del PP, se suman tres enmiendas de devolución al proyecto líder de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Los partidos Vox y Junts también han tomado la decisión de presentar enmiendas, lo que significa que este bloque tiene una mayoría absoluta en la Cámara. Esta situación pone en riesgo una de las propuestas más emblemáticas del gobierno de Sumar, planteando serias dudas sobre su viabilidad legislativa.
El Grupo Popular ha argumentado que sustituir la jornada acordada en muchos sectores con una norma obligatoria podría, de manera tácita, reemplazar los derechos de los titulares a la negociación colectiva, lesionando el contenido esencial de este derecho. Además, la formación sostiene que la reforma ignora la diversidad del tejido productivo en España, donde predominan las pequeñas y medianas empresas, que representan un 99,8% y son responsables del 75% del empleo.
Argumentos del PP en contra de la reducción de jornada
El PP ha señalado que legislar sobre la reducción de la jornada laboral sin considerar las condiciones específicas de cada sector puede acarrear consecuencias negativas: «Obligar por ley a reducir la jornada sin tener en cuenta la situación de los sectores ni los márgenes de productividad, supondrá un incremento de costes laborales, pérdida de competitividad, congelación de salarios y menor creación de empleo». Esta postura pone de relieve la premura del partido por considerar los matices de la economía antes de implementar cambios radicales.
El análisis del impacto económico de la reducción de jornada ha sido respaldado por estimaciones de la CEOE, que advierte que tal medida podría resultar en una pérdida aproximada de 990 millones de horas laborales y, un coste estimado para las empresas de alrededor de 21.300 millones de euros. Por su parte, Cepyme y ATA prevé costes directos de 11.800 millones y 12.000 millones respectivamente para los autónomos. Esta cifra subraya la magnitud del desafío que podría enfrentar el sector empresarial si se implementa esta normativa sin un análisis exhaustivo.
La importancia del diálogo social en la regulación laboral
El PP apuesta por un enfoque alternativo que se basa en el diálogo social y acuerdos colectivos sectoriales. Este enfoque permitiría que la adaptación de la jornada laboral sea «realista, sostenible y justa», teniendo en cuenta factores como la productividad y el absentismo laboral. Esta postura refleja una necesidad de crear un marco regulatorio que no solo sea efectivo, sino que se ajuste a las características multifacéticas de la economía española.
La formación de Feijóo también ha criticado otros aspectos del proyecto, como los cambios en el registro horario y la desconexión digital. Aunque estas modificaciones tienen como objetivo garantizar el pago de horas extraordinarias, el PP sostiene que la «rigidez normativa y la falta de seguridad y flexibilidad» también son problemas inherentes a la nueva regulación. Esto introduce una mayor complejidad en la relación laboral, generando incertidumbre en un contexto ya volátil.
Críticas al registro digital propuesto
Dentro de las críticas específicas, el PP ha denunciado el registro digital «mucho más estricto e intervencionista» que plantea la reforma, el cual podría imponer sanciones «desproporcionadas» en caso de incumplimiento. Esta percepción de un entorno de trabajo que se vuelve cada vez más regulado podría desalentar a las empresas a innovar y contratar, afectando la creación de empleo.
El PP enfatiza que aunque está a favor de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, este progreso debe surgir «dentro del diálogo social» y con un enfoque inclusivo que considere las voces de todos los sectores implicados. Se insta al Gobierno a adoptar una implementación gradual y flexible que tome en cuenta las especificidades del tejido productivo español y la variedad de contextos regionales.
La insistencia en que la negociación colectiva es la herramienta adecuada para abordar estos cambios resalta la tensión existente entre el legislador y los actores del mercado laboral. La propuesta de imponer por ley lo que tradicionalmente debería ser el resultado de negociaciones colectivas podría ser vista como una subestimación de la dinámica del mercado laboral.
En un contexto donde las condiciones económicas son inciertas, el debate sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales se convierte en un asunto crucial que podría influir en el futuro del trabajo en España. Las decisiones que se tomen en torno a este tema no solo afectarán al presente inmediato del mercado laboral, sino que también definirán las interacciones entre el Estado, las empresas y los trabajadores en un mundo incierto y en constante cambio.
