La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha vuelto a arremeter contra el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el PSOE en lo que respecta a la discusión sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) y la propuesta de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Durante sus declaraciones en RNE, Díaz subrayó la importancia de respetar los acuerdos de diálogo social, enfatizando que cualquier decisión de gobierno debe alinearse con los compromisos previamente alcanzados.
Críticas al ministro de Economía
Díaz ha replicado a Cuerpo, quien ha mencionado que el SMI debería ajustarse «en la línea de lo que está haciendo el resto de la economía». La ministra argumentó que «los datos macro no tienen nada que ver con la vida real», sugiriendo que el aumento de los salarios no está reflejado adecuadamente por las estadísticas económicas. «Los salarios en mi país son muy, muy moderados», indicó, mientras subrayaba su compromiso desde su llegada al Gobierno para aumentar el SMI y, en consecuencia, elevar los salarios en general hacia un estándar más europeo.
Este desacuerdo se ha incrementado en medio de crecientes presiones para que el SMI sea revisado. En este contexto, Díaz ha instado al ministro de Economía a dar un paso atrás y mostrar respeto hacia el comité de expertos que asesora al Gobierno en la materia. Este comité, del cual el propio Cuerpo formó parte en el pasado por designación de la entonces vicepresidenta Nadia Calviño, tiene la responsabilidad de ofrecer recomendaciones sobre la subida del SMI.
El papel del Comité de Expertos
La responsable de Trabajo remarcó que el comité ha incorporado recientemente a tres nuevos académicos especialistas en desigualdad, lo que refleja un esfuerzo por profundizar en los análisis que respaldan la propuesta de aumento del SMI. Por ende, afirmó: «Le pido al Ministerio de Economía que respete el trabajo hecho por el comité de expertos y, sobre todo, respete el diálogo social». Esta demanda no solo refuerza la importancia de las recomendaciones del comité, sino que también establece un precedente sobre la necesidad de colaboración entre las diferentes instancias del Gobierno.
A pesar de las tensiones, Díaz puntualizó que «no hay tirantez (entre Ministerios)», sino desacuerdos manifiestos sobre el salario mínimo y la jornada laboral. La ministra mostró su incomprensión ante la postura del ministro socialista en contra de la reducción de la jornada laboral, posicionándose definitivamente del lado de los acuerdos alcanzados con los sindicatos.
La negativa a la reducción de la jornada
«La jornada se va a reducir», afirmó Díaz, refiriéndose a la propuesta de disminuir la jornada laboral en 30 minutos al día y apuntando que este cambio traerá consigo beneficios significativos para la clase trabajadora. «Es casi ser de mala persona decirle hoy a la gente trabajadora en nuestro país que se niega a reducir la jornada media hora al día», añadió, defendiendo la relevancia del bienestar laboral en el actual contexto económico.
El desacuerdo en las filas del Gobierno refleja tensiones más profundas sobre el futuro económico del país. Díaz fustigó la oposición de Cuerpo a un acuerdo social previamente firmado, sugiriendo que tal posición podría tener repercusiones en los votantes progresistas que buscan avances en términos de derechos laborales.
Implicaciones laborales y políticas a futuro
El llamado constante de Díaz a respetar los acuerdos de diálogo social se erige no solo como un aviso al ministro de Economía, sino como un reflejo de la lucha interna entre las dos principales fuerzas del Gobierno. La ministra instó a Cuerpo a decidir si se alinea con los compromisos adquiridos, haciendo un alto hincapié en que el respeto hacia los sindicatos demarca una línea crucial en la ahondada crisis laboral y económica que atraviesa España.
Por último, Díaz enfatizó que la parte socialista del Gobierno «va a presumir» de cualquier avance, tal como lo hizo anteriormente tras la implementación del salario mínimo, la reforma laboral, y otras iniciativas que han marcado hitos en la política laboral española. Aunque las tensiones subsisten, los próximos meses serán decisivos para establecer el rumbo del diálogo social y la implementación de medidas que favorezcan a la clase trabajadora, recordando constantemente que el éxito de estas iniciativas reside en un compromiso genuino y en el respeto a los marcos previamente establecidos.
El futuro del diálogo social en España dependerá en gran medida de la capacidad de los diferentes actores del Gobierno para encontrar un consenso que equilibre crecimiento económico y protección de derechos laborales. La expectación está puesta sobre la mesa, mientras la clase trabajadora espera con ansiedad una resolución a las tensiones actuales y la materialización de mejoras reales en sus condiciones laborales.
