El Congreso de los Diputados ha aprobado la admisión a trámite de una proposición de ley presentada por el PSOE, que busca establecer una pasarela para que los profesionales colegiados transfieran sus derechos económicos acumulados en mutualidades al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Esta medida, que cuenta con el apoyo del Partido Popular (PP), se enmarca dentro de un contexto legislativo que tiene como objetivo reformar y proteger las pensiones de diversas profesiones colegiadas.
Situación crítica de los profesionales colegiados
Los profesionales que pertenecen a diferentes colegios, como abogados y arquitectos, se enfrentan a situaciones de desprotección en lo que respecta a sus pensiones. Muchos de ellos han estado en este estado de vulnerabilidad debido a los cambios legales que se han operado en el sistema de pensiones desde 2005, cuando las mutualidades comenzaron a funcionar como sistemas de capitalización individual. Este cambio ha llevado a que muchas pensiones de profesionales que dedicaron décadas a su labor se sitúen en rangos muy bajos, entre 400 y 500 euros mensuales, lo cual plantea serias preocupaciones sobre su capacidad para llevar una vida digna en la jubilación.
El PSOE argumenta que esta situación es insostenible y que con esta nueva ley se buscará solucionar un conflicto que ha permanecido enquistado durante años. La propuesta de ley busca establecer una herramienta, en forma de pasarela, dirigida a aquellos profesionales que no cumplen con el periodo mínimo requerido para acceder a la pensión de jubilación en el sistema de la Seguridad Social. Esta pasarela sería accesible a aquellos que estén activos en su respectiva mutualidad hasta el 31 de diciembre de 2022, y que no sean pensionistas de ningún régimen público o de la mutualidad alternativa.
Regulaciones para una transición efectiva
En términos más específicos, la intención del PSOE es regular cómo se llevaría a cabo esta transferencia de derechos. Bajo la propuesta, se tomaría en cuenta la base mínima de cotización que el profesional habría tenido si hubiera estado suscrito al RETA, actualizándola conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC). Esta base se modularía mediante un coeficiente que dependería de los años en la mutualidad alternativa, establecido en un rango entre 0,67 y 0,87, teniendo 0,77 como referencia. Esto busca asegurar que las transferencias tengan en cuenta las contingencias excluidas y no generen una desventaja para los trabajadores.
Asimismo, la normativa propuesta establece que las prestaciones otorgadas por las mutualidades que se transfieran al RETA no pueden ser inferiores al 80% de la cuantía mínima inicial establecida para cada tipo de pensión en el sistema de Seguridad Social. Si estas prestaciones se hicieran en forma de capital, tampoco podrían ser inferiores a la cuantía mínima normativa correspondiente. Uno de los aspectos más ambiciosos de la propuesta es la reforma progresiva de la obligación de cuantía mínima de la prestación, que pasaría del 80% actual a 100% en 2027, año en que se eliminarían las mutualidades.
Críticas desde la comunidad jurídica
A pesar de las intenciones del PSOE, la propuesta ha encontrado voces críticas, particularmente dentro de la comunidad de abogados afectada por estas mutualidades. La Asociación de Abogados Afectados por la Mutualidad (ANAMA) ha calificado la pasarela como «claramente insuficiente«. Según su perspectiva, el proyecto deja fuera a un número considerable de profesionales, y los límites temporales que se imponen para acceder a ella generan una discriminación dentro del colectivo.
Aunque ANAMA reconoce que la propuesta es un avance hacia la resolución de una problemática crónica, considera que sus términos resultan «oscuros» y susceptibles de diversas interpretaciones. Esta incertidumbre se traduce en un malestar generalizado, dado que se desconoce cuál será la interpretación final respecto a los profesionales con 15 años cotizados en la Seguridad Social y cómo su situación se verá afectada por esta nueva normativa.
Implicaciones para el futuro de las pensiones de los colegiados
La reciente aprobación de esta proposición de ley representa un cambio significativo en el panorama de las pensiones para los profesionales colegiados. Sin embargo, permanece la incertidumbre sobre su efectividad y aplicabilidad real. La simplificación de la transferencia de derechos y la regulación de condiciones sugiere un compromiso por parte del legislador para abordar una problemática que ha afectado a una gran parte de la población profesional en España durante años.
Es fundamental que, a medida que avance esta propuesta, se mantenga un diálogo abierto entre las partes involucradas, incluyendo a los grupos parlamentarios y las asociaciones de profesionales. La clave estará en encontrar un equilibrio que garantice derechos mínimos y sacuda esa sensación de desprotección que afecta a estos profesionales a lo largo de su vida laboral y en su etapa de jubilación. La forma en que se implementen estas reformas definirá el futuro económico de un sector que ha aportado significativamente al desarrollo social y económico del país, y que, sin los ajustes necesarios, podría continuar viendo comprometidos sus derechos fundamentales.
