Artículo publicado por Manuel Lay, coordinador provincial de IU Sevilla
Hace unos días compartí en Twitter un artículo con la frase siguiente: «El gran negocio de la sanidad privada es la sanidad pública». Nada original, sin duda, teniendo en cuenta que Andalucía fue pionera en el concierto con empresas privadas que negocian con la salud, por lo menos, desde los tiempos de Chaves. Los recortes milmillonarios durante la crisis económica del 2008 rompió en mil pedazos la joya de la corona de Susana Díaz, que ahora, con la crisis del Covid-19, ha tocado fondo con el personal sanitario agotado y sin medios, las bajas producidas por la pandemia, el verano… y las consultas telefónicas.
A fecha de hoy, descolgar el teléfono para llamar a la mayoría de los centros de salud es perder el tiempo. La aplicación para móviles Salud Responde, según donde vivas, pero de manera bastante frecuente, no te permite ni acceder al calendario, porque los 14 días siguientes a la solicitud están completos. La gente que hace cola para una cita, con suerte (y después de largo esperar, con frecuencia bajo el sol de agosto) la obtiene para dentro de una semana. Las personas que trabajan allí, con una sobrecarga de tareas y burocracia tremenda, son las que suelen pagar el pato de este colapso, los nervios, los enfados, la desazón y la falta de empatía colectiva…
La atención telefónica, generalizada (salvo excepciones), conlleva que cada doctor/a atiende entre 40 y 70 pacientes al día, en ocasiones desde su propia casa porque es imposible cubrir toda la agenda de consultas antes de las 4 de la tarde. Una situación inaguantable que, ya acumulada por los meses más duros del estado de alarma, provoca en el personal sanitario desánimo, estrés y absoluto pesimismo. Lloviendo sobre mojado, porque de marzo para acá lo único que se ha hecho es condenar aún más unas pésimas condiciones arrastradas desde hace años.
En veranos pasados, la mayoría de las movilizaciones que se producían tenían relación con los cierres de las urgencias, la falta de atención en pueblos más pequeños, la saturación de las listas de espera o la reducción de camas y plantas abiertas en los hospitales. Ahora, los aplausos en ventanas y balcones se apagaron sin lograr sensibilizar a la Administración andaluza de la imperiosa necesidad de volcar más recursos en la sanidad pública, sobre todo en su puerta de entrada, la atención primaria de la salud.
¿Cuánto tiempo más se puede aguantar esta situación? ¿Cómo es posible que todo el peso de la pandemia haya recaído sobre la sanidad pública, mientras la privada se ha ido de rositas? ¿Por qué buena parte de los gestores públicos de sanidad y educación en muchas consejerías de comunidades autónomas provienen de empresas privadas? ¿Cuál es la relación entre el deterioro de los sistemas públicos de pensiones, salud, etc., el miedo y la inseguridad de las personas y las burbujas mediáticas que animan a contratar planes y seguros privados?
En su maravillosa ‘La doctrina del shock’, Naomi Klein cita un ensayo del gurú del capitalismo salvaje, Milton Friedman, quien, en la segunda mitad del siglo pasado articuló la panacea táctica de su modelo (el actual de la derecha) de la siguiente manera: «Sólo una crisis -real o percibida- da lugar a un cambio verdadero. Cuando esa crisis tiene lugar, las acciones que se llevan a cabo dependen de las ideas que flotan en el ambiente. Creo que esa ha de ser nuestra función básica: desarrollar alternativas a las políticas existentes, para mantenerlas vivas y activas hasta que lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable».
El objetivo de esa mutación de lo imposible a lo inevitable no es otro que convertir los bienes públicos en oportunidades de negocio, aprovechando las crisis para, en último término, lograr la privatización de los beneficios del Estado, dejando a este el papel, cuando llegado el caso fuera preciso, de instrumento socializador de pérdidas. Basta leer el articulo (citado al principio) sobre cómo la Junta de Andalucía ha derivado 15 especialidades médicas en Cádiz a tres hospitales privados de Clínicas Pascual, en unas condiciones inmejorables para la empresa que, no lo olvides, va a obtener plusvalía con recursos que vamos a pagar con nuestra declaración de la renta.
Mucho me temo que no hace falta sacar ninguna lista de puertas giratorias para que tengamos claro que detrás de cada recorte, externalización o venta de lo público hay un nuevo paso adelante de los próceres de la utopía capitalista en su intento de convertir el Estado en una corporación. Mientras continúa bajo mínimos la atención en los centros de salud, sin dotación suficiente de recursos humanos, materiales y planificación; mientras la atención primaria siga siendo la niña pobre de la sanidad pública; y mientras sigamos viviendo esta especie de (comprensible) psicosis social, seguirá habiendo tentaciones bien fundadas para hacer caja con nuestro miedo a la enfermedad, empujándonos a aceptar la derivación a la clínica concertada e inoculándonos la bajada de brazos ante el derecho a una sanidad pública, universal, gratuita y sin recortes. En ciernes queda la transfusión perfecta: pagarás un seguro médico privado sí o sí, bien con el dinero de tu bolsillo, bien con el dinero de tus impuestos.
Afortunadamente, aún podemos seguir dando las gracias a nuestros/as trabajadores/as sanitarios/as, sobre cuyas espaldas sigue recayendo el armazón del sistema. Para que no acaben desfalleciendo de manera irreversible, nuestro apoyo deberá ir más allá de los aplausos y los homenajes en forma de rotulaciones de calles y plazas. Hagamos posible, con movilización y concienciación, la reconquista de derechos esenciales que tanto costaron conseguir y que nunca nadie dijo que fueran a quedarse para siempre.
