Cuando en septiembre de 2015 los Jefes de Estado miembros de las Naciones Unidas firmaron la Agenda 2030, se iniciaba un proceso de nuevos protagonismos, en el escenario internacional, con el resurgimiento de las ciudades y los asentamientos como parte activa de las políticas multilaterales

La Agenda establece el cambio de paradigmas en relación a la forma de vida actual de los ciudadanos. Los poderes públicos son los inductores de estos cambios reconociendo en la gobernanza local la responsabilidad por el establecimiento de las pactuaciones en los territorios para el cumplimiento de las metas establecidas.

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una oportunidad para el establecimiento de un nuevo pacto social, como lo escribe Federico Buyolo, una nueva oportunidad de restablecer las relaciones  con el medio y entre las personas,  en función de una nueva realidad, diferente de la que era cuando Jean Jacques Rousseau, escribió, el Contrato Social, que fue la base de una parte de la civilización en la construcción de las democracias modernas.

 

El establecimiento del Objetivo 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles es una excelente hoja de ruta en el marco de Naciones Unidas para los gobiernos locales (no obligatoria, pero con consecuencias económicas) y un triunfo de la actuación de diversas entidades nacionales e internacionales, entre las que destacamos a la organización de  Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y sus respectivas asociaciones regionales y nacionales de los cinco continentes.

 

El objetivo propone lograr, hasta 2030, fecha difícil de cumplir, por el exiguo tiempo que resta, que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, resilientes y sostenibles.

 

Estos tres principios representan la necesidad de cambios de hábitos de vida por parte del poder público, en todas sus esferas administrativas y de los ciudadanos.

 

Se entiende por inclusivo el reconocimiento de que todas las personas tienen el mismo valor, resiliente es la capacidad del ser humano de adaptarse a situaciones adversas y la sostenibilidad es la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer a las generaciones futuras.

 

Así de simple. Ahora para ello fueron establecidas metas, que son de extrema relevancia para las ciudades pequeñas, medias, rurales o asentamientos.

 

Las ciudades sean del tamaño que sean son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia, desarrollo social, conocimiento y mucho más y han permitido a las personas progresar social y económicamente. Se necesita mejorar la planificación y la gestión urbana para que los espacios locales sean más inclusivos y seguros.

 

La meta 11.1 establece que de aquí a 2030, sea asegurado el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. Los poderes locales tienen  herramientas para junto con los Gobiernos Regionales trabajar para el cumplimiento de esta meta.

 

La vivienda y los servicios básicos, como derechos humanos fundamentales son reconocidos y se convierten en una meta  ser alcanzada en ámbitos prácticos y con la necesaria participación de la gobernanza territorial. Tanto la vivienda como los servicios básicos son realizados en los barrios, en el dia a dia de las personas.

 

Por otro lado la mención a barrios marginales es importante por identificar claramente la necesidad de políticas públicas eficaces y eficientes para mejorar la calidad de vida de estos barrios que hoy representan en medias ciudades  de todas las regiones del país, parte de su realidad en España.

 

La meta 11.2, nos desafía a hasta 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres y niños, las personas con discapacidad y las personas de edad.

 

Uno de los mayores desafíos de los próximos 10 años está representado por esta ambiciosa y necesaria meta. Quizás sea hoy en las ciudades grandes e intermediarias el transporte público uno de los mayores problemas para el dia a dia de los ciudadanos, por su coste e ineficiencia.

 

Pero es muy importante destacar que es una de las pocas veces en las 169 metas, que en forma tan clara se establece el colectivo, el público que precisa ser motivo del establecimiento de las políticas, sean locales, regionales, nacionales o multilaterales.

 

Aquí destacamos el término, personas en situación de vulnerabilidad, lo que por su misma concepción precisa ser contextualizado a cada sociedad, pero en el caso de España, son más de 10 los colectivos que podemos identificar en esta situación. 

 

Por otro lado las mujeres, las niñas y las personas con discapacidad también son objeto de mención específica como un grupo que precisa de mayor protección del Estado y el establecimiento de recursos financieros para solucionar las problemáticas ya identificadas.

 

Y en muy valioso destacar, que en esta meta, relacionada con las ciudades, que pueden ser rurales o no, se hace una de las pocas menciones a las personas de edad,  en el marco de los Objetivos y sus metas.

 

Nadie puede tener dudas la importancia social, cultural y económica lo que representan las personas mayores para una sociedad, para un pueblo, para una ciudad, para una región, para un país. El tratamiento que estas personas reciben de la sociedad (sea del sector público como sector privado) nos proporciona una muestra de sus principios y valores.

 

España y varios otros países en Europa (y ahora en América Latina) tendrán hasta 2030, más de 25% de su población formada por personas de edad. Nuevas políticas regionales y locales, nuevos productos y servicios, nuevos relacionamientos con la tecnología y su usos para mejorar la calidad de vida, serán necesarios para poder incorporar en la realidad económica social de estos territorios a una cuarta parte de su población.

 

La meta 11.4 nos desafía a redoblar los esfuerzos  para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo, lo que para España representa no solo una necesidad ambiental y social sino económica por lo que representa el turismo internacional y nacional en todo su territorio.

 

También se establece como metal hasta 2030, el establecimiento de acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y personas con discapacidad. Todo esto es realizado en los barrios, en las ciudades, es por eso la importancia del poder local en el establecimiento de la localización de los Objetivos.

 

Este es otro de los pocos casos de citación en los ODS, de los diferentes grupos, pero muy importante porque trata de un asunto que los ciudadanos precisan en su dia a dia, en especial los grupos mencionados con mayor necesidad.  Las personas con discapacidad por primera vez aparecen como parte de un colectivo que deben ser protegidos y estimulados a tener una mejor calidad de vida.

 

Es una forma de contemplar a todos y todas y no dejar a nadie atrás, lo que es sumamente difícil, por falta de capacidad política o técnica de las autoridades locales o técnicos, en algunos casos y falta de recursos financieros, en otros.

 

La meta 11.a, representa la base de la hoja de ruta de las zonas rurales (y otras) en Europa, España y Andalucía. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales, fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional, este es el gran desafío de la mayoría de las ciudades a ser pobladas y de las regiones rurales de España.

Lo básico, en este momento, es finalizar el proceso de sensibilización de los gobiernos locales y regionales, que posteriormente tendrán que tener en cuenta los ODS en su trabajo cotidiano, y a su vez sensibilizar a la población.

 

El problema radica en que, estas metas para ser cumplidas y los objetivos, precisan de una serie de convergencias que les posibiliten esta situación y se resumen, básicamente, como primero al establecimiento de un marco político administrativo y una visión estratégica y de gestores públicos comprometidos con la vida de las personas y la mejora de la calidad de vida del sistema democrático y el dia a dia. La llamada voluntad política.

 

Primero que las autoridades locales, Alcaldes en principio,  comprendan y se apropien de lo que es la Agenda 2030, el desarrollo sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su  relación con las políticas nacionales y regionales, en el caso de España. Esto es una condición sine quanon para que la ciudad pueda aspirar a ser sostenible.

 

Después que sus colaboradores, políticos y técnicos, en el caso del poder local y regional, tengan conocimiento técnico necesario para poder vincular los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las metas y sus indicadores a las políticas públicas locales, regionales y nacionales a  sus planes de Desarrollo.  

 

Esta es quizás la mayor dificultad para su implementación ya que desafía a un trabajo multidimensional y en equipo en las administraciones regionales y locales y a preparaciones técnicas necesarias que deben ser suplidas en caso de no existir con formación permanente.

 

Tercero es necesario que sea establecido una gobernanza, mecanismo de relacionamiento, transparente y participativo a nivel local con sus relaciones regionales y nacionales para el establecimiento y la implementación de la Localización de los Objetivos de desarrollo Sostenible en los territorios locales. Una Comisión u órgano de carácter Consultivo con atribuciones reales para apoyar la Localización de los ODS en el territorio.

 

Posteriormente creemos por la experiencia, que también es fundamental la creación de algún grado de Institucionalidad para el fortalecimiento de la implementación de la política de desarrollo sostenible, en el territorio, que esta varía en función de las posibilidades de las administraciones municipales, de su capacidad técnica, política e institucional en el marco del territorio.  Esto en la práctica es  el establecimiento de una Comisión o Grupo de Trabajo, un sistema de Gobernanza, un planeamiento estratégico y un plan de trabajo. Nada complejo pero debe ser sistemático, organizado y planeado.

 

En el caso de España,  algunas pocas administraciones ya están trabajando de forma activa. Muchas no saben cómo trabajar esta temática y otras no tienen los técnicos con conocimiento suficiente para poder implementar políticas públicas que incorporen la Agenda 2030 en sus programas y planes territoriales. Todavía existen gobiernos locales y regionales que no están suficientemente familiarizados con este conjunto universal e integrado de metas.

 

Todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen objetivos y metas directamente relacionados con las responsabilidades de los gobiernos regionales o locales.

 

Por ultimo vale destacar que los Fondos Europeos, recursos muy utilizados para el desarrollo de zonas desfavorecidas , también en España , cada periodo tendrán mayores exigencias , para la obtención de subvenciones, ayudas o créditos , temas y exigencias técnicas relacionadas al cumplimiento de la Agenda 2030 y sus metas lo que obliga legalmente sino de forma práctica a que las administraciones locales se apropien de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y no dejen a nadie atrás, con sus políticas locales, en especial en los territorios más necesitados, en las regiones despobladas, las zonas rurales  y las pequeñas ciudades.

 

Dr. Santiago Martin Gallo

Sevilla, verano de 2019.