Solidaridad con el Pueblo Saharaui, cumplimiento de los Acuerdos de Paz de 1991 y celebración del referéndum

Pueblo saharaui - Foto Archivo IU Sevilla

El pueblo saharaui lleva décadas sufriendo las agresiones del Reino de Marruecos con la complicidad de la comunidad internacional


A pesar de su responsabilidad histórica, ni los distintos gobiernos españoles ni las instituciones europeas han actuado para que se cumpla el derecho internacional y los mandatos de las resoluciones de la ONU. El pueblo saharaui lleva esperando un referéndum de autodeterminación desde que en 1991 se produjera el alto el fuego entre el ejército marroquí y el Frente Polisario y la ONU estableciera su Misión para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO). Desde entonces, la población saharaui vive exiliada en las duras condiciones de los campos de refugiados de Tindouf, en el desierto argelino, o en territorio saharaui bajo ocupación marroquí, donde la violencia y la represión de las fuerzas de ocupación es sistemática.

 

España tiene una responsabilidad jurídica directa sobre el Sáhara Occidental, dado que transfirió la soberanía y administración a Marruecos y Mauritania de la que era su colonia de forma completamente ilegal en 1975. Un territorio que España abandonó a su suerte en 1976 sin atender a los requisitos de descolonización de la ONU. Desde la retirada de Mauritania en 1979, Marruecos es la única potencia ocupante sobre el terreno, que explota unos recursos mineros y pesqueros que generan enormes beneficios a sus empresas. Hasta que se produjeron estos acuerdos ilegales, los saharauis eran ciudadanos españoles y a pesar de este abandono por parte de las autoridades han contado durante años con la mayoritaria solidaridad de nuestro pueblo a su justa causa. Las relaciones de fraternidad que nos unen a ambos pueblos son enormes, incrementadas por años de políticas públicas de solidaridad: hermanamientos, Vacaciones en Paz o proyectos de Cooperación al Desarrollo. 

 

Ruptura del Alto el Fuego

El conflicto en los últimos días se ha agravado. Las fuerzas marroquíes han abierto una carretera que cruza la zona del Guerguerat, en la frontera entre el Sáhara Occidental y Mauritania, atravesando una zona que en los acuerdos de 1991 quedó desmilitarizada. Este paso es ilegal, pero enormemente beneficioso para las autoridades marroquíes, que lo utilizan para el paso de camiones y sus exportaciones al África subsahariana. Desde hace varias semanas, población civil saharaui ha estado protestando en la zona cortando esta carretera de forma pacífica con el fin de llamar la atención de la comunidad internacional en el reclamo del referéndum y de la renovación del mandato de la MINURSO, hasta que el pasado día 13 de noviembre, las fuerzas marroquíes atacaron a los manifestantes desarmados abriendo tres pasos ilegales en el muro, iniciando así un conflicto que ha supuesto la ruptura del alto al fuego. Esta decisión puede conllevar la vuelta a la guerra entre el Sáhara Occidental y Marruecos. 

 

El Pueblo Saharaui está cansado de esperar un referéndum porque desde 1991 han pasado casi 30 años. Una parte de su pueblo vive bajo ocupación marroquí y sus derechos humanos son violados constantemente. La otra parte vive en el exilio del desierto. Sus recursos naturales están siendo expoliados. Los más viejos dicen que no pueden morir sin al menos ver que su pueblo logra la independencia y la libertad y recupera su territorio para refundar la nación. 

 

Sin embargo, la única mejor solución para este conflicto no es la guerra, sino la organización sin más dilaciones de un referéndum de autodeterminación que pregunte al pueblo saharaui si quiere la independencia o su integración en Marruecos. Eso es lo acordado en varias resoluciones de Naciones Unidas y debe cumplirse. A ello tiene derecho el pueblo saharaui, pero ese referéndum esta vez no puede esperar. 

 

Por todo ello, desde IU Sevilla expresamos nuestro apoyo y solidaridad con el Pueblo Saharaui ante la agresión marroquí que viola las fronteras y los Acuerdos de Paz establecidos en 1991 y supone además una ruptura del Alto el Fuego, así como nuestro compromiso con la causa saharaui y nuestro convencimiento de su derecho irrenunciable al ejercicio del derecho de autodeterminación, que ya no puede esperar más.

 

Nuestra organización presentará mociones en los plenos municipales en los que solicitará que los ayuntamientos insten al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, al nombramiento de un enviado o representante Especial para el Sáhara Occidental, imprescindible por la responsabilidad que tiene sobre la organización del referéndum, asistido por MINURSO. Cabe recordar, a este respecto, que el anterior representante Especial, Horst Koelher, dimitió por motivos de salud en mayo de 2019 y desde entonces la ONU lleva un año y medio sin nombrar un enviado especial, aun cuando su papel es importantísimo para reactivar el referéndum. Durante el mandato del expresidente alemán Koehler, se celebraron dos reuniones de acercamiento entre las partes en Ginebra, en diciembre de 2018 y mayo de 2019.

 

Además, las mociones que presentaremos en los ayuntamientos incluirán un llamamiento a la ONU y a la MINURSO a su implicación en el conflicto del Guerguerat y en el restablecimiento del Alto el Fuego para que los enfrentamientos no deriven en una situación de conflicto armado o incluso de vuelta a una guerra abierta.

 

También instamos al gobierno español, que como potencia administradora tiene pendiente responsabilidades históricas, colabore y contribuya a la celebración del referéndum y siga promoviendo una actitud de diálogo y calma entre las partes, para frenar la escalada de tensión, para la no agudización del conflicto y la vuelta al Alto el Fuego. En este sentido, el Gobierno de nuestro debe instar a la ONU a cumplir la resolución 690 del Consejo de Seguridad de 29 de abril de 1991 que mandata a la MINURSO a la organización de un Referéndum durante el próximo año 2021, con el establecimiento de un calendario y sobre la base del censo publicado en su día por la ONU. Así mismo se deben decidir los funcionarios, tropas y fondos suficientes, para su celebración con garantías democráticas y absoluta transparencia.