Los enchufados de la Junta de Andalucía de una entidad a otra

La Cámara de Cuentas revela que con la reordenación del sector público extinguió 39 entes instrumentales, pero sólo redujo en 61 los empleados

El PSOE de Andalucía ha ido transformando las distintas agencias satélites gobierno tras gobierno en estas últimas décadas, han ido recolocando en otros organismos nuevos o preexistentes al grueso del personal en nómina de las entidades que iba liquidando.

 

Así lo ha constatado la Cámara de Cuentas de Andalucía en un informe de fiscalización sobre «los procesos de extinción de entidades dependientes de la comunidad autónoma de Andalucía como consecuencia de la reestructuración del sector público» llevada a cabo desde el 27 de julio de 2010, cuando el Ejecutivo de José Antonio Griñán aprobó su plan de reforma, hasta finales de 2016, con Susana Díaz en el Palacio de San Telmo.

 

«La extinción de entes no ha afectado de forma significativa a una reducción del personal del sector público de la Junta de Andalucía, en la medida en que, en la mayoría de los casos, el personal se ha integrado en otra entidad preexistente o de nueva creación que queda subrogada en la posición jurídica derivada de las relaciones laborales de las entidades extinguidas», advierte el órgano fiscalizador.

 

 

El informe fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Cuentas el 19 de diciembre pasado, en pleno fragor de las negociaciones entre PP y Ciudadanos del nuevo gobierno de coalición, cuya primera medida será precisamente encargar una auditoría de toda la Junta y de su «administración paralela» para terminar con «las redes clientelares» y «los enchufados del PSOE».

 

 

La radiografía de la reordenación del sector público no se compadece con las expectativas que se crearon. Cinco años y medio de reconversión han dado como resultado la reducción de 39 de los 136 entes que dependían directamente de la Administración autonómica -el 29 por ciento del censo total-, mientras que el personal ha permanecido prácticamente invariable.

 

La Cámara de Cuentas señala que la reducción neta «se limita» a 61 efectivos, frente a los 23.899 empleados que tenía en 2017, según el dato que aparecía en el último proyecto de presupuestos de la Comunidad, lo que equivale a un insignificante 0,2 por ciento. El equipo de auditores y técnicos del órgano fiscalizador ha realizado su estudio a partir de la información parcial que la Junta remitió al Ministerio de Hacienda para elaborar su inventario porque facilitó datos de seis de las 18 entidades extinguidas.

 

Con posterioridad se ha conocido que, lejos de disminuir, el número de trabajadores continuó creciendo después de la reordenación del sector público hasta alcanzar los 27.304 efectivos actuales, según un reciente informe difundido por el Ejecutivo saliente coincidiendo con el traspaso de poderes al gobierno de Juanma Moreno.

 

La maraña administrativa autonómica cuenta con 97 los entes participados mayoritariamente por la Junta. En términos económicos se ha traducido en un ahorro de tan sólo 1,52 millones al año en costes de personal, una gota en un océano si se compara con los casi 3.450 millones de euros que suman las transferencias y subvenciones que reciben los entes instrumentales anualmente a través de los presupuestos.

 

Entre 2011 y 2016, al cabo de cinco años de racionalización de gastos que venían instigados por el Gobierno central y fueron pactados las regiones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el ahorro total asciende a 36,6 millones, incluyendo el capítulo de personal y medidas adicionales, según el estudio del órgano fiscalizador realizado en coordinación con el Tribunal de Cuentas. La cifra queda, en todo caso, muy lejos de los números que se manejaron cuando el plan de racionalización daba sus primeros pasos.

 

El presidente de la Cámara, Antonio López, aguardó al día de la toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta para hacer público el informe.

 

El punto de partida de los ajustes fue la aprobación de la Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público, bautizada como «ley del enchufismo» por los funcionarios que salieron en masa a la calle para protestar contra un proceso que supuso la integración en la Administración autonómica de más de 20.000 empleados del entramado de empresas públicas.

 

En mayo de 2011, la entonces consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, estimó en 118 millones el dinero que iban a dejar de gastar las arcas públicas en sólo dos años. En un lustro, el ahorro no representa ni un tercio de esta cifra. La reforma del sector público vivió un nuevo impulso a partir de 2013 con la asunción de estas competencias por parte de María Jesús Montero, hoy ministra de Hacienda, y como resultado de las medidas impuestas por el Ejecutivo anterior y la Comisión Europea para luchar contra el déficit.

 

La radiografía de la reordenación que ofrece el ente fiscalizador refleja que «en total se han creado ocho entidades del sector público y se han extinguido 51», lo que ha supuesto una reducción neta de 39 entes. ¿Cómo se ha realizado este proceso? En el 80 por ciento de los organismos disueltos hubo una «sucesión en otra entidad dependiente o participada, que se subroga en las funciones, personal y activos y pasivos de la extinguida». El proceso más común fue una fusión por absorción de la empresa extinta, lo que se produce en el 56% de los casos.

 

La consecuencia es inevitable: hay menos entes pero los que subsisten engordan en proporción y plantilla cambiando de nombre. Se produce «un aumento del tamaño o dimensión de los entes que asumen los activos y pasivos, el personal y las funciones de las entidades extinguidas», avisa la Cámara de Cuentas. «La mayor parte de las entidades extinguidas sin sucesión en otro ente no tenían actividad, por lo que no tenían medios personales o humanos», aclara.

 

La información se ha suministrado con cuentagotas a pesar de que los auditores han solicitado «los datos individualizados por entidad» para hacer su estudio. «No se han realizado las preceptivas comunicaciones periódicas relativas a los datos económicos y de empleo en relación con el resto de entidades del sector público de la Junta extinguidas». No se aportado documentación de diez de los 11 consorcios disueltos, seis de las 12 fundaciones, dos de las tres agencias administrativas y 14 de las 25 sociedades mercantiles.