Royal Bank of Canada (RBC) ha calificado de «gran error estratégico del Gobierno español» el previsto cierre de las centrales nucleares. En un reciente informe, esta entidad canadiense advierte de que es poco probable que se logre cumplir con la clausura de todos los reactores nucleares antes del 2035, tal como se ha planteado en la actual normativa.
Consecuencias del cierre nuclear
RBC enfatiza que la desconexión de la energía nuclear, una fuente capaz de proporcionar electricidad de carga base, representa un grave error en la política energética del país. Las nucleares, que contribuyeron en 2024 con aproximadamente el 20% de la electricidad generada, son esenciales para garantizar un suministro continuo y estable. Durante el último trimestre del año pasado, se registraron incidencias en la producción que tuvieron un impacto directo en los precios de la electricidad, lo que subraya la relevancia de estas plantas en momentos críticos.
Además, los analistas del banco advierten que la decisión de cerrar las nucleares incrementará la dependencia de España del gas externo. Esto no solo puede provocar un aumento en la volatilidad de los precios de la energía, sino también un incremento en las emisiones de gases contaminantes. Como resultado, el impacto en la economía y en la sostenibilidad energética podría ser significativo.
Desafíos políticos en la transición energética
La entidad también considera que el actual calendario de cierre de las plantas no tiene garantizada su continuidad debido a la inestabilidad política en el país. Específicamente, Royal Bank of Canada expresa dudas acerca de si una mayoría en el Congreso respaldará dicha decisión. Por ejemplo, es probable que partidos como Junts se opongan a esta medida, lo que dificultaría alcanzar los votos necesarios para mantener este rumbo.
Además, existe la posibilidad de nuevas elecciones que podrían cambiar el panorama político. En este contexto, un eventual triunfo de los partidos de oposición, liderados por el Partido Popular (PP), podría resultar en la revaluación de la política nuclear. Sin embargo, RBC advierte que si se toma esta decisión, podría ser «demasiado tarde» para el primer reactor programado para su cierre, Almaraz 1.
Calendario de cierre nuclear en cuestión
En 2019, se estableció un acuerdo entre las empresas propietarias de las plantas nucleares —Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP— y el Gobierno español, así como Enresa, la empresa pública encargada del desmantelamiento. Este pacto estableció un calendario que comenzaba en 2027 con el cierre de Almaraz y culminaba en 2035 con Trillo. Sin embargo, la viabilidad de este cronograma está en entredicho ante las afirmaciones de RBC y las incertidumbres políticas actuales.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha manifestado su intención de no hacer cambios en el calendario. En un evento reciente, Aagesen subrayó que este programa fue «aceptado» tanto por el Gobierno como por las empresas, y resaltó la importancia de un enfoque planificado y acorde con los objetivos de descarbonización y seguridad del suministro.
Planificación para un futuro sostenible
La ministra también ha hecho hincapié en que el cierre de las nucleares es una tarea que requiere un enfoque a corto, medio y largo plazo. Esto implica no solo la disolución de las plantas, sino también la necesidad de llevar a cabo una transición energética que garantice la estabilidad del suministro eléctrico, la alineación con los objetivos climáticos y una adecuada gestión de los residuos radiactivos.
Es vital que todo plan de cierre vaya acompañado de un proyecto sólido que contemple el impacto en los territorios, especialmente en aquellos que dependen económicamente de estas instalaciones. En este sentido, se hace indispensable una estrategia que priorice la generación de empleos en energías renovables como alternativa al cierre de las nucleares.
El futuro energético de España se presenta como un desafío que requerirá una atención continua y una fuerte capacidad de adaptación a las demandas del sector. Los cambios en el entorno político, así como las fluctuaciones en el mercado energético global, obligarán al Gobierno a reevaluar su enfoque y a mantener un diálogo constante con las diversas partes interesadas. Así, se perfila la necesidad de un modelo energético que no solo contemple la descarbonización, sino que también garantice la estabilidad económica y social del país. Prepararse para esto es crucial para asegurar un futuro energético sostenible y resiliente.
