La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha hecho llegar a trabajo sus cuestionamientos sobre el anteproyecto de ley que propone la reducción de la jornada laboral semanal a 37,5 horas. En sus documentos, advierte que las afirmaciones del Ministerio carecen de rigor y evidencias empíricas, al tiempo que niega que dicha modificación aumente la productividad.
Deficiencias en el argumento del Ministerio de Trabajo
Según la CEOE, la idea de que disminuir la jornada laboral incrementará la productividad «no se sostiene empíricamente». La patronal argumenta que, en realidad, es el incremento de la productividad el que genera la posibilidad de reducir las horas laborables y aumentar los salarios. Señalan que, en sectores donde la productividad está vinculada al tiempo de trabajo, la reducción de horas impuesta provocará desajustes organizativos y un aumento en los costos laborales, lo cual resultará en una caída de la productividad.
Desde 2019, la productividad por ocupado en España ha disminuido, a diferencia de la tendencia en el conjunto de la Unión Europea, donde ha habido un crecimiento. Además, sostiene que, para alcanzar una productividad similar a la media europea, la jornada efectiva de trabajo en España debería estar en torno a las 41,2 horas semanales. La CEOE advierte que reducir la jornada sin un correspondiente aumento significativo en la productividad alejaría aún más al país de los estándares europeos.
La realidad de la negociación colectiva
La CEOE también hace hincapié en que la negociación colectiva ha permitido ajustes necesarios en la jornada laboral, adecuándose a las necesidades específicas de cada sector. A partir de los datos de la estadística de Convenios Colectivos del Ministerio de Trabajo, informan que el 24,78% de los convenios con efectos económicos para 2024 establecen jornadas laborales de entre 37,5 y 38,5 horas semanales. Esta flexibilidad ha sido decisiva para preservar la competitividad empresarial y facilitar la conciliación entre la vida laboral y personal de los trabajadores.
A pesar de reconocer la importancia de ajustar la jornada a las necesidades del sector, CEOE advierte que el anuncio de la reducción de horas a 37,5 ha generado un estancamiento en las negociaciones colectivas. Considera que esta situación podría derivar en un aumento de la conflictividad laboral, ya que aquellos que han hecho concesiones en sus convenios estarán motivados para mantener las condiciones alcanzadas.
Criterios cuestionables del anteproyecto
En sus observaciones al borrador del anteproyecto, la CEOE criticó que contiene afirmaciones «gratuitas y sin rigor» y que confunde los conceptos de jornada máxima legal con la jornada contractualmente pactada. La patronal sostiene que, aunque el legislador puede fijar una duración máxima de la jornada legal, esta no debe influir en la jornada acordada en la negociación colectiva. Assim, si la jornada legal se acerca demasiado a la jornada pactada, se limitan las posibilidades de negociación, afectando la viabilidad de las empresas.
La CEOE es firme en su postura, afirmando que la propuesta del Ministerio se considera como una injerencia en la autonomía colectiva. Además, destaca que este movimiento parece un intento de cambiar el modelo constitucional de negociación de condiciones laborales a uno que contradice las orientaciones del Consejo de Europa. Esto plantea un dilema crucial sobre la autonomía de los agentes sociales en la fijación de las condiciones laborales.
Desnaturalización del diálogo social
Desde la perspectiva de la CEOE, las reuniones del diálogo social que han acompañado a la proposición de la jornada reducida han sido «ficticias». Considera que estas han estado más orientadas a intereses mediáticos del Ministerio en lugar de buscar un verdadero consenso. La acción política, según la CEOE, ha transformado el diálogo social en una herramienta de comunicación política, desvirtuando su esencia y omitiendo la consulta obligada por la Constitución a las organizaciones empresariales.
La patronal subraya que en casi 30 normas laborales recientes se ha eludido este mandato de consulta, lo que refuerza su argumento de que el borrador busca debilitar la autonomía de la negociación colectiva y erosionar las dinámicas democráticas en el entorno laboral. A su juicio, esto se traduce en una creciente preocupación sobre la representatividad y el respeto hacia las instituciones sociales establecidas en el país.
Una mirada al contexto europeo
La CEOE también alude a la situación de otros países de la Unión Europea, observando que algunos han incrementado la duración de la jornada laboral ordinaria. Es importante mencionar que 25 naciones de la UE todavía mantienen jornadas máximas legales de 40 horas. Este contexto plantea interrogantes sobre el enfoque adoptado en España y cómo podría impactar en la competitividad frente a otras economías europeas.
En conclusión, la postura de CEOE y su rechazo al anteproyecto del Ministerio revela tensiones subyacentes en torno a la viabilidad económica y la sostenibilidad del empleo en el país. A medida que se avanza en este debate, es fundamental que se evalúe el impacto real de cualquier reforma, asegurando que se ajuste a las condiciones del mercado laboral y a las necesidades de los sectores productivos. La colaboración efectiva entre los agentes sociales y una comunicación abierta podría ser clave para encontrar un equilibrio que beneficie tanto a empresas como a trabajadores en el futuro.