El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha dado un paso importante en la regulación de la jubilación parcial y activa, con el reciente Real Decreto-ley que establece una serie de cambios significativos en este ámbito. Esta normativa, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE), entrará en vigor el 1 de abril de 2025. El objetivo de estas reformas es ofrecer a los trabajadores mayor flexibilidad y opciones en su transición hacia la jubilación, adaptándose a sus necesidades personales y profesionales.
Reforma de la jubilación parcial y activa
Dentro del marco del nuevo decreto, se introduce una mejora en la regulación de la jubilación parcial y activa. Estas modificaciones buscan que los trabajadores puedan realizar una salida del mercado laboral de manera más progresiva. Con el fin de facilitar el proceso, se eliminan requisitos estrictos relacionados con la carrera de cotización para acceder a la jubilación activa. Esto supone un avance significativo para quienes desean seguir trabajando mientras reciben parte de su pensión.
Específicamente, se establece que los trabajadores podrán demorar su jubilación activa y, con cada año adicional de trabajo, incrementarán el porcentaje de su pensión, que variará desde un 45% en el primer año de demora hasta un 100% si se espera el acceso a la jubilación durante cinco años o más. Además, se incrementará dicho porcentaje en cinco puntos por cada 12 meses de actividad profesional ininterrumpida, sin exceder en ningún caso el 100% de la pensión.
A su vez, en lo que respecta a la jubilación parcial, se permitirá un anticipo de acceso a la jubilación de hasta tres años, con ajustes en la reducción de la jornada laboral. Las condiciones para el trabajador relevista también mejoran, exigiendo que su contratación sea indefinida y a tiempo completo, lo que proporcionará una mayor estabilidad laboral.
Impacto de la incapacidad temporal en la jubilación
El nuevo decreto también contempla la creación de una comisión estatal que tendrá como tarea analizar la incapacidad temporal (IT) por enfermedades comunes. Esta comisión, que estará conformada por miembros del Gobierno, sindicatos y empresarios, deberá abordar aspectos cruciales como las causas, la incidencia y la duración de de estos procesos. Uno de los objetivos es evaluar cómo la respuesta del Sistema Nacional de Salud afecta a la incapacidad temporal y establecer medidas que protejan la salud de los trabajadores.
A través de estas acciones, se busca no solo reducir el número de procesos de incapacidad temporal, sino también la duración de los mismos. Con esto, el Gobierno pretende ofrecer un enfoque más integral a la salud laboral en el país. En cada comunidad autónoma, también se formarán comisiones de seguimiento de convenios para gestionar la incapacidad temporal y la asistencia sanitaria de manera más eficiente.
Prórroga de la jubilación parcial en la industria manufacturera
En particular, hay que mencionar que se ha decidido prorrogar la regulación especial de la jubilación parcial para trabajadores de la industria manufacturera hasta el año 2029. Esta extensión está acompañada de ajustes que buscan mejorar las condiciones laborales del trabajador relevista, así como facilitar una regulación equilibrada para la empresa.
Además, se establece que el Gobierno llevará a cabo una evaluación del impacto de estas reformas en el último trimestre de 2028. El objetivo es asegurar que la adecuación de las normativas responda a la realidad del sector y se adapte a las necesidades de ambas partes involucradas. La medida promete ser un aliciente y ofrecer estabilidad tanto a trabajadores como a empresas en un entorno laboral en constante cambio.
Mejoras para la jubilación demorada
La reformulación del sistema también incluye mejoras para la jubilación demorada. Se ha introducido un incentivo adicional del 2% por cada seis meses de demora, comenzando a contar a partir del segundo año tras la decisión de prolongar el trabajo. Este complemento adicional será compatible con la jubilación activa, lo que otorga más opciones y flexibilidad a los trabajadores que decidan retrasar su jubilación.
En un plazo de seis meses, el Gobierno deberá revisar el régimen jurídico del complemento económico por demora. Este ajuste permitirá que el sistema se adapte a los cambios introducidos por la reciente reforma. Además, se prevé que se restablezca el coeficiente multiplicador del 1,5 para los trabajadores con contratos fijos discontinuos a la hora de calcular su acceso a la pensión, lo que beneficiará a un sector importante de la fuerza laboral con condiciones laborales más inestables.
Este conjunto de cambios se encuentra en línea con las recomendaciones del Pacto de Toledo, que busca actualizar las políticas de jubilación y hacerlas más accesibles y equitativas. Se plantea un escenario donde la edad efectiva para la jubilación se acerque a la edad legal ordinaria.
En resumen, las reformas introducidas por el nuevo Real Decreto-ley son una respuesta a la necesidad de adaptar el enfoque hacia la jubilación en un mundo laboral en constante evolución. Estos cambios prometen mejorar las condiciones de acceso a la jubilación y seguir progressivamente el camino hacia un sistema más inclusivo y flexible. Te invitamos a seguir de cerca las evoluciones en esta materia y considerar cómo estas nuevas normativas podrían impactar en tus decisiones laborales en el futuro.
