El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha advertido que la propuesta del Gobierno de aumentar el salario mínimo interprofesional (SMI) en 50 euros mensuales, así como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, resultan “inasumibles” para las empresas. Estas medidas, que se discutirán mañana con los agentes sociales, implicarían un coste adicional de aproximadamente 3.000 euros por trabajador al año, lo que podría tener un efecto significativo en el mercado laboral.
Amor expresó su preocupación durante una entrevista, donde desglosó las implicaciones económicas de estas decisiones. La recomendación del grupo de expertos al Ministerio de Trabajo de elevar el SMI desencadenaría un coste adicional de 82 euros mensuales por empleado. Esto se traduce en un incremento anual que ronda los 1.000 euros por trabajador.
Costes laborales en aumento
Al sumar la reducción de la jornada laboral, se estima que el coste adicional por trabajador alcanzaría los 2.000 euros al año. Por lo tanto, las empresas enfrenta la perspectiva de desembolsar un total de 3.000 euros adicionales por empleado cada año. Este aumento podría repercutir en la decisión de muchos autónomos que, dependiendo del número de trabajadores a su cargo, podrían verse obligados a ajustar su personal o incluso a cerrar sus negocios.
Amor señaló que los autónomos, especialmente aquellos que cuentan con uno o dos trabajadores, ya han experimentado una destrucción de empleo debido a las elevadas presiones económicas. La carga que estas nuevas medidas representan no solo afecta la viabilidad de sus negocios, sino que también puede repercutir en la capacidad de las familias que emplean a trabajadores del hogar o cuidadores.
El impacto en los autónomos
El colectivo de trabajadores autónomos se encuentra en una situación delicada, ya que se enfrenta a la difícil tarea de sostener sus negocios ante incrementos de costes que resultan difíciles de llevar. “Es inasumible en estos momentos para muchos autónomos y para muchas familias que tienen empleados de hogar o cuidadores”, subrayó Lorenzo Amor. Este contexto es especialmente preocupante, dado que las expectativas de crecimiento económico no han sido alentadoras.
Con estos cambios, podría aumentar la presión sobre el empleo, especialmente en un sector que ya se encuentra vulnerable. Amor recordó cómo la tendencia en el mercado laboral ha sido errática y los esfuerzos para estabilizarlo podrían verse comprometidos por estas nuevas normas. En este sentido, es fundamental recordar que el empleo autónomo ha sido una de las áreas más afectadas por la crisis económica reciente.
Indexación de la subida del SMI a contratos públicos
Por otro lado, otra de las propuestas que ATA plantea es que la subida del SMI se indexe a los contratos públicos. Lorenzo Amor afirmó que “no puede ser” que los contratos públicos se mantengan en niveles estables, mientras que la revalorización del SMI ha alcanzado casi un 60% en los últimos seis años. Este desajuste crea una situación insostenible para pequeñas empresas y autónomos que dependen de la administración pública para su sustento.
Un ejemplo concreto mencionado por Amor involucra a un jardinero que trabaja con un pequeño grupo de empleados en un ayuntamiento. Este trabajador se ha visto obligado a aumentar su salario un 60% en base a los aumentos del SMI, mientras que el retorno de su trabajo a través de los contratos públicos se ha mantenido estancado. “Ese señor ha tenido que subir un 60% su salario, pero lo que le paga ese ayuntamiento ha subido cero”, criticó.
El papel de CEOE y Cepyme
A pesar de que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) aún no han tomado una decisión sobre el tema, ATA y otras organizaciones que forman parte de la patronal española están impulsando esta demanda. La presión sobre las autoridades para abordar este tema se intensifica, ya que los sectores más vulnerables se ven afectados sin tener en cuenta su realidad diaria.
La falta de una solución integral podría llevar a un impacto directo en el tejido empresarial, especialmente en el entorno de pequeñas y medianas empresas que están en el corazón de la economía local. Los líderes empresariales están cada vez más preocupados por el efecto de estos cambios, que pueden llevar a un deterioro adicional de la capacidad operativa de sus organizaciones.
En un panorama donde los costes laborales aumentan, es crucial que los responsables de las políticas económicas y laborales busquen formas de equilibrar la necesidad de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores con el impacto en los empleadores. Implementar estrategias que no solo apunten a la revalorización del SMI, sino que también consideren la realidad de quienes crean y sostienen el empleo, será clave para evitar una crisis mayor y promover un crecimiento sostenible en el futuro.
