La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reconocido que Sumar y el PSOE están «muy distanciados» en materia de fiscalidad. Durante un reciente debate en el Congreso, que fue convocado por Sumar, Díaz destacó la necesidad urgente de una reforma fiscal en España, resaltando que actualmente el país presenta una presión fiscal inferior a la media de la Unión Europea.
La brecha fiscal con Europa
Díaz ha señalado que España se encuentra a 80.000 millones de euros de alcanzar la presión fiscal que es habitual en otros países de la Unión Europea. A su juicio, estamos hablando de una diferencia de aproximadamente cinco puntos en comparación con la media europea, pero esta cifra podría ampliarse a siete puntos una vez que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ajuste sus datos respecto al Producto Interior Bruto (PIB). Esto indica que, efectivamente, hay un amplio margen de mejora que podría ayudar a equilibrar las cuentas del Estado.
La advertencia de la ministra subraya la importancia de abordar las reformas fiscales que no solo aumenten los ingresos del Estado, sino que también se alineen con los estándares económicos de la región. En este sentido, el análisis de Díaz pone de manifiesto un problema estructural en la manera en que se gestiona la fiscalidad en el país.
Reforma fiscal como respuesta a los retos sociales
En este contexto, la urgencia de una reforma fiscal se convierte en un imperativo para enfrentar los «retos de época» que atraviesa la sociedad española. Estos desafíos incluyen, entre otros, el aumento de las desigualdades y la sostenibilidad del Estado del bienestar. Así, Díaz ha planteado la necesidad de tomar medidas que no solo generen más ingresos, sino que también se consideren justas y equitativas.
A medida que se desarrollan las negociaciones sobre esta reforma con el PSOE, Díaz ha dejado claro que Sumar tiene una visión diferente sobre cómo debe estructurarse la fiscalidad en el país. Esta diferencia en las perspectivas fiscales se convierte en una cuestión clave que podría influir en la dinámica del Gobierno si no se alcanzan acuerdos significativos.
Asuntos fiscales en la mesa de negociación
Entre las propuestas que Sumar ha presentado, se encuentran la permanencia de impuestos extraordinarios sobre la banca y las empresas energéticas, una revisión del umbral de aplicación del impuesto a grandes fortunas, restringiendo su alcance desde tres millones de euros a un millón excluyendo la vivienda habitual, y la armonización del impuesto de sucesiones. Estas medidas podrían proporcionar un alivio fiscal significativo a sectores vulnerables de la población y hacer que el sistema impositivo sea más justo.
La propuesta de Sumar de mantener los impuestos extraordinarios a los sectores más rentables también refleja un enfoque en la justicia fiscal, buscando que aquellos que más tienen también contribuyan en mayor medida al bienestar general de la sociedad. Esto genera una salvaguarda para los servicios públicos que tantas veces se ven amenazados por reducciones fiscales en tiempos de crisis.
Los autónomos y la injusticia fiscal
Otro aspecto crítico que Díaz ha abordado es la situación de los autónomos, quienes, según ella, «tributan muchísimo más que las grandes empresas». La ministra ha afirmado que el sistema actual del Impuesto de Sociedades está «mal diseñado», ya que contiene «agujeros fiscales» que resultan en desigualdades. Esto provoca, en términos prácticos, que un pequeño empresario tribute significativamente más que una gran corporación que se beneficia de diversas deducciones y bonificaciones.
La grave desigualdad en el trato fiscal a distintos tamaños de empresas genera un debate que, como ha señalado Díaz, puede resonar positivamente entre la ciudadanía. La visión de la vicepresidenta sugiere que es fundamental revisar el diseño fiscal para asegurar una distribución equitativa de la carga impositiva. Un cambio en la fiscalidad podría contribuir a un tejido empresarial más robusto y justo.
Un debate sobre justicia y equidad fiscal
La crítica de Díaz al sistema actual muestra una preocupación legítima por la equidad en el ámbito fiscal. Las diferencias en la tributación no solo generan descontento entre los autónomos y pequeños empresarios, sino que también ponen en cuestión los principios de justicia que deben guiar una economía saludable. Este tipo de debates son esenciales para que se construya un sistema que no solo funcione eficientemente, sino que también sea percibido como justo por toda la ciudadanía.
La presión sobre los legisladores para que implementen una reforma que aborde estas distorsiones es creciente. La situación actual podría convertirse en una oportunidad para reflexionar sobre cómo se quiere estructurar el futuro fiscal de España: un modelo que priorice la equidad y todas las voces o uno que perpetúe desigualdades.
Con el trasfondo de una economía en transformación y la crítica situación fiscal, surgen interrogantes sobre el futuro dirección que tomará la política fiscal en el país. ¿Se logrará alcanzar un consenso que permita un sistema fiscal más inclusivo y equitativo, o el distanciamiento entre partidos polarizará aún más este crucial debate? La historia fiscal de España se encuentra en un punto de inflexión, y lo que suceda a continuación podría definir el modelo económico del país para los próximos años.
