Este 21 de enero, el Ministerio de Trabajo y Economía Social tiene la vista puesta en alcanzar un acuerdo sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2025. En un contexto donde más de 2,5 millones de trabajadores perciben esta renta, se espera que los agentes sociales se reúnan mañana tarde, a partir de las 16:30 horas, para debatir sobre la propuesta del Gobierno, que incluye un incremento de 50 euros mensuales este año, alcanzando así un nuevo SMI de 1.184 euros por catorce pagas.
Propuesta del Gobierno para el SMI: ¿un paso adelante?
El Departamento que dirige Yolanda Díaz ha presentado un aumento del SMI del 4,4%, en comparación al importe vigente de 1.134 euros para 2024. Según el Ministerio, esta medida alinearía el salario mínimo con los parámetros establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y con el compromiso de alcanzar el 60% del salario medio, conforme dictamina la Carta Social Europea. Sin embargo, esta visión no es compartida por los sindicatos, que apuntan a que la cifra óptima debería ser de 1.200 euros mensuales para cumplir con el objetivo de esa proporción.
Antes de que se celebre la reunión clave entre el Ministerio y los representantes de los trabajadores y empresarios, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se prepara para analizar esta y otras propuestas en su comité y junta directiva. Este paso es crucial, ya que la postura de los empresarios puede influir considerablemente en el resultado de las negociaciones.
Reacciones a la propuesta del SMI
La respuesta a esta propuesta no se ha hecho esperar. Desde las patronales, hay un claro escepticismo ante la posibilidad de que se acepte el aumento del SMI propuesto. CEPYME, la organización que representa a las pequeñas y medianas empresas, argumenta que la subida de 50 euros mensuales resultaría «inasumible» para muchos negocios, instando a que se considere la capacidad económica de los sectores más vulnerables.
Además, han realizado cálculos que sugieren que el coste salarial para las empresas aumentaría a más de 80 euros mensuales como consecuencia de esta subida. En términos más amplios, CEPYME ha calculado que el nuevo SMI implicaría costos totales de entre 1.816 y 1.903 euros mensuales, incluyendo cotizaciones sociales, dependiendo del tipo de cotización por accidentes de trabajo.
Discrepancias entre agentes sociales
Las posturas están claramente marcadas: mientras que el Ministerio defiende su propuesta basándose en la necesidad de ajustar el SMI a las recomendaciones de los expertos, los sindicatos abogan por un aumento más significativo. CCOO y UGT buscan un incremento de entre el 5% y el 6%, asegurando que con esta cifra se alinearía el SMI con el 60% del salario medio, un umbral que consideran fundamental para garantizar el bienestar de los trabajadores de bajos ingresos.
En esta línea, los sindicatos también han solicitado aclaraciones sobre si la nueva cuantía del SMI quedaría exenta de tributar en el IRPF. Este aspecto es crucial, ya que no es simplemente una cuestión técnica, sino una cuestión de justicia fiscal que impacta directamente en el bolsillo de los trabajadores. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda sigue sin aclarar este punto, esperando a ver cuál será el importe final pactado.
La postura de la ministra Yolanda Díaz
Pese a las tensiones y las diferencias entre los actores involucrados, Yolanda Díaz insiste en que hay «margen para un acuerdo». En su discurso, la ministra no escatima en palabras de aliento y ha llamado a sindicatos y empresarios a actuar con «altura de miras», enfatizando que el resultado debe beneficiar a los trabajadores. Desde su perspectiva, un aumento progresivo del SMI es un signo de un mercado laboral más sano y sostenible.
Sin embargo, las críticas han fluido. Díaz ha señalado que algunos empresarios, como Antonio Garamendi de la CEOE, no están en una posición propicia para juzgar la viabilidad de un SMI superior, citando su propio elevado salario. Esto genera un debate interesante sobre los niveles de ingresos y su relación con las expectativas sobre el salario mínimo, un aspecto que pareciera inamovible en el discurso actual.
Contexto y antecedentes en la subida del SMI
No es la primera vez que el SMI se convierte en uno de los temas más debatidos en las mesas de negociación. En el año anterior, el aumento fue del 5%, pero, curiosamente, este acuerdo fue alcanzado únicamente con los sindicatos, ya que las patronales se abstuvieron de apoyar la medida, argumentando que no se atendieron sus demandas sobre la indexación del SMI a los contratos públicos.
En este sentido, la historia reciente nos indica que los incrementos más recientes del SMI han sido aprobados sin el consenso del sector empresarial. Por ejemplo, el aumento del 8% en 2023, que llevó el SMI de 950 a 1.050 euros mensuales, también se pactó de forma unánime solo con CCOO y UGT. En este contexto, se hace evidente que las diferencias entre las organizaciones siguen siendo un obstáculo que dificulta la llegada a acuerdos entre todos los actores sociales.
Mirando hacia el futuro
A medida que se aproxima la importante reunión entre los agentes sociales, la necesidad de encontrar un equilibrio entre el aumento del SMI y la sostenibilidad para empresas, especialmente para las pymes, se convierte en un desafío clave. ¿Podrán las partes llegar a un consenso en torno a un aumento que alivie la carga de los trabajadores sin poner en peligro la viabilidad de los pequeños negocios? ¿Cómo afectará esta decisión al panorama económico del país en su conjunto? La respuesta a estas preguntas podría definir no solo el futuro del SMI, sino también la estabilidad del mercado laboral en España. Las próximas horas serán fundamentales para el desenlace de esta historia.
