El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha hecho público el nuevo paquete fiscal que fue aprobado en el Congreso, el cual establece diversas medidas importantes que impactarán tanto a individuos como a empresas. Entre ellas se encuentra un revolucionario impuesto sobre las comisiones y los intereses de la banca, un nuevo tributo mínimo global del 15% a las empresas multinacionales y un gravamen sobre los vapeadores. Este conjunto de impuestos refleja un esfuerzo por parte del Gobierno para diversificar su base recaudatoria y responder a las necesidades económicas actuales.
Medidas para combatir el fraude a los hidrocarburos
Dentro de las iniciativas aprobadas, se destacan las medidas destinadas a combatir el fraude relacionado con los hidrocarburos. Las ‘missing traders’, empresas que operan en la intermediación de carburantes y se apropian del IVA, perderán terreno. Este tipo de operativas les permite vender productos por debajo del precio de mercado, lo que se traduce en una notable pérdida de ingresos para la Hacienda Pública. Esta reforma busca cerrar los huecos que han facilitado este ilícito y asegurar los ingresos del Estado.
Además, se introducen gravámenes adicionales sobre el tabaco y los vapeadores. Se contempla la implementación de un IVA armonizado a nivel europeo en los arrendamientos de vivienda de corta duración, algo que ha sido demandado desde muchos frentes, y también se extiende la obligación de remitir factura electrónica a todas las transacciones entre empresarios y profesionales. Esta modernización en la fiscalidad pretende hacer el sistema más transparente y eficiente.
Reforma del impuesto de sociedades
La reforma fiscal también afecta al Impuesto de Sociedades, donde se incorporan medidas para mitigar el impacto debido a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional. Esta sentencia declaró nula parcialmente una reforma anterior que había sido implementada por el exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro. La actual administración busca ajustar las deducciones que pueden aplicar las grandes empresas, acercando así el tipo real que pagan a lo que se considera el tipo efectivo.
Por su parte, las compañías con una facturación inferior a un millón de euros se beneficiarán de una disminución en el gravamen. En concreto, la base imponible de hasta 50.000 euros se gravará al 17%, y el resto tendrá un tipo del 20%, con ajustes previstos que culminarán en 2027. Además, se incrementa la tributación de rentas de capital superiores a 300.000 euros, que pasarán del 28% al 30%. Esta combinación de medidas busca estimular un entorno empresarial más justo y equitativo.
Detalles sobre el gravamen bancario
Uno de los puntos más relevantes de esta reforma es la reconfiguración del gravamen a la banca, que entrará en vigor tras caducar el sistema anterior el 31 de diciembre. Este cambio implica transformar lo que anteriormente era una prestación patrimonial en un verdadero impuesto, lo que permitirá su gestión por parte de haciendas forales y comunidades autónomas.
La nueva estructura del gravamen será progresiva, con tipos que comenzarán en el 1% para márgenes de intereses y comisiones de hasta 750 millones de euros, y que alcanzarán el 7% para cantidades superiores a 5.000 millones de euros. Este enfoque escalonado no solo busca maximizar la recaudación, sino también asegurar un tratamiento justo que tome en cuenta el tamaño y la capacidad de cada entidad bancaria.
La recaudación de este impuesto se distribuirá anualmente a las comunidades autónomas de régimen común, de acuerdo con su Producto Interior Bruto (PIB). Esta fórmula busca mejorar la financiación regional y se alinea con acuerdos previos, como el establecido entre los socialistas y ERC en Cataluña.
Iniciativas sociales y laborales
Además de las medidas fiscales, la reforma incluye ciertos aspectos sociales que merecen ser destacados. Una enmienda aprobada por el PSOE y Junts asegura que las personas con incapacidad permanente absoluta o que padecen gran invalidez no perderán su pensión si acceden a un empleo y finalmente no pueden continuar en él. Esta disposición busca proteger a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, permitiendo una mayor inclusión laboral.
También se han incluido bonificaciones para las contrataciones en entidades deportivas no profesionales sin ánimo de lucro, lo que incentivará la participación y el desarrollo de actividades deportivas en la comunidad. El Gobierno, en colaboración con Junts, ha diseñado estas medidas como parte de un esfuerzo más amplio por fomentar el empleo y apoyar iniciativas que beneficien a la sociedad en su conjunto.
Por último, se ha modificado la legislación para que los fondos en la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) puedan aplicarse a la rehabilitación de viviendas protegidas destinadas al arrendamiento, lo que contribuya a aliviar la crisis de vivienda que afecta a muchas familias en el archipiélago.
En resumen, el nuevo paquete fiscal plantea una serie de cambios significativos que buscan modernizar el sistema impositivo español y garantizar una mayor equidad en la distribución de la carga fiscal. Las reformas afectan tanto a empresas como a individuos, y abordan problemáticas clave como el fraude y la inequidad en los impuestos. A medida que estas medidas se implementen, será interesante observar cómo impactan la economía española y la vida cotidiana de sus ciudadanos. La reflexión sobre estos cambios y sus implicaciones abiertas puede llevar a un análisis más profundo de nuestro sistema fiscal en un contexto de economía globalizada y desigualdades crecientes.
