La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha definido la Ley de Movilidad Sostenible como «esencial» para avanzar hacia un sistema de transporte público más eficiente y menos contaminante. Durante la rueda de prensa habitual de los martes, Barbero insistió en que esta legislación busca dejar atrás la «lógica cochista» que prioriza el uso del coche sobre medios de transporte alternativos. Al considerar que el futuro del transporte no puede ser un tema de juego político, ha manifestado: «Nadie debería jugar con el presente y con el futuro bajo ninguna excusa».
El clima político entorpece el avance de la ley
La situación política actual ha afectado el avance de esta ley en el Congreso, lo que ha llevado a su desconvocatoria. La comisión que debía debatir el proyecto había sido convocada para el 18 de junio, pero el clima adverso, favorecido por los recientes escándalos de corrupción que involucran a exaltos cargos socialistas como José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ha paralizado el proceso. Esta es una ley que depende del Ministerio de Transportes, y es especialmente delicada dado el pasado de Ábalos a la cabeza de dicho ministerio.
El clima de desconfianza actual ha generado una atmósfera de incertidumbre. Aunque la ley estaba prevista para aprobación en el Pleno esta semana, el contexto político ha obligado a retrasar su tratamiento. La necesidad de una respuesta rápida en asuntos de movilidad sostenible es más urgente que nunca, pero los acontecimientos políticos no parecen favorecer esta urgencia.
Las necesidades de la ciudadanía y los ecologistas
La crítica hacia el texto que ha emergido de la fase de ponencia proviene, entre otros, de Podemos, que expresa preocupaciones sobre ciertos aspectos fundamentales. Aseguran que la ley no cubre los mínimos requeridos por los colectivos ecologistas y, crucialmente, no garantiza el acceso gratuito al transporte público. La falta de este compromiso podría limitar su efectividad y no responder a las necesidades medioambientales que la sociedad demanda en este momento.
Existen numerosas voces que consideran inaceptable que un proyecto de tal magnitud no contemple las aspiraciones de un transporte que debería ser accesible y sostenible. Los ciudadanos están cada vez más concienciados sobre la importancia de un transporte público gratuito y de calidad como un derecho fundamental, y la ley debería reflejar estas exigencias.
Lo que propone la Ley de Movilidad Sostenible
La Ley de Movilidad Sostenible no solo busca mejorar la calidad del transporte público, sino que también pretende establecer una coordinación más efectiva entre diversas administraciones locales y regionales. Barbero ha señalado que una de las innovaciones claves es la regulación de los trayectos de avión que tienen alternativas ferroviarias viables en menos de dos horas y media. Esta disposición podría traducirse en una reducción significativa de emisiones contaminantes y en una mayor eficiencia del sistema de transporte.
Así, la ley aspira a fomentar un cambio de paradigma, donde el transporte público no solo sea visto como una opción, sino como la opción principal para los desplazamientos. La intención de desincentivar los viajes cortos en avión podría marcar un precedente importante en la lucha contra la crisis climática que enfrentamos actualmente.
Retos y perspectivas a futuro
Sin embargo, la implementación de esta ley se enfrenta a desafíos considerables. La visión de Barbero se ve amenazada por proyectos que contradicen los principios de sostenibilidad, como la nueva A52 en Vigo o la ampliación del aeropuerto de El Prat en Cataluña. A su juicio, iniciativas de este tipo resultan «absolutamente incompatibles» con los objetivos que persigue la ley. La contradicción entre el impulso de infraestructuras contaminantes y la intención de promover un transporte sostenible debe ser aclarada urgentemente.
La urgencia de avanzar hacia un transporte más sostenible está intrínsecamente ligada a la salud pública y al bienestar de las futuras generaciones. La Ley de Movilidad Sostenible se presenta como una oportunidad para transformar el sistema de movilidad, alineándolo con objetivos que beneficien a la ciudadanía y al medio ambiente. Mientras tanto, la presión para resolver los conflictos políticos y alcanzar un consenso es cada vez más fuerte.
Así, el espectro de una movilidad más sostenible parece dibujarse en el horizonte, aunque los retos son diversos y complejos. El camino hacia la implementación de soluciones que beneficien a todos es aún incierto, pero el debate sigue abierto. A medida que la ciudadanía se involucra más en la lucha por un transporte respetuoso con el medio ambiente, resulta crucial observar cómo se desarrollarán los acontecimientos y cuál será el impacto de las decisiones políticas en esta cuestión vital.
