El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, conocido como Gestha, ha manifestado la urgencia de armonizar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre las diferentes comunidades autónomas. Esta medida, que limitaría las bonificaciones que actualmente benefician a un pequeño porcentaje de hogares altamente enriquecidos, podría ser clave para reducir la desigualdad en España y mejorar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.
Los datos detrás del impuesto
Para entender la situación actual, es fundamental mirar los números. De acuerdo a información que ha recogido Gestha, casi la mitad de los herederos no tendría que pagar impuestos aunque se eliminaran las bonificaciones del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Esto significa que solo el 10% de los hogares más acaudalados del país se benefician de estas reducciones, lo que deja al resto de la población fuera de un sistema que deberíamos considerar equitativo.
Por otro lado, el Banco de España aporta un dato relevante: la riqueza mediana de los hogares cuyo cabeza de familia tiene entre 65 y 74 años es de 225.800 euros, una cifra que desciende a 221.400 euros en familias donde el cabeza de familia supera los 75 años. Esto implica que, en poco tiempo, los hijos de estas personas apenas contribuirán al fisco en concepto de Sucesiones y Donaciones. El hecho de que las herencias de estas familias se distribuyan sin que se pague prácticamente nada es un indicativo de que las medidas actuales son más beneficiosas para unos pocos que para el conjunto de la sociedad.
La necesidad de una nueva estrategia fiscal
Gestha también ha enfatizado que es necesario actualizar el contenido de este impuesto y buscar fórmulas que lo armonicen. Esto no solo serviría para corregir las desigualdades actuales, sino que también fortalecería las finanzas públicas de las comunidades autónomas. Al final del día, ¿no deberíamos aspirar a un sistema fiscal que beneficie a todos y no solo a una élite?
Los técnicos del sindicato sostienen que el actual modelo permite que ciertas comunidades autónomas, en una competencia no deseada, mantengan bonificaciones que, lejos de estimular la recaudación, la debilitan. Esta situación no solo propicia un entorno de desigualdad tributaria, sino que también afecta la financiación de los servicios públicos, que deberían ser accesibles para todos.
Propuestas para un nuevo modelo de financiación
El problema va aún más allá, ya que gestar un nuevo modelo de financiación autonómica es crucial. Este proceso ha estado en la agenda del gobierno español y de las comunidades durante más de una década, pero aún sigue sin concretarse. El 2023 debería ser el año en el que tanto el Gobierno central como las comunidades se unan para establecer medidas que faciliten la armonización de impuestos como Sucesiones y Patrimonio, entre otros.
La idea aquí es clara: si las comunidades autónomas tienen la capacidad de decidir sobre este tipo de impuestos, deben hacerlo de manera que se reduzcan las disparidades y se aumente la justicia fiscal. Si unos gobernantes permiten herencias millonarias sin tributar, mientras que otros ciudadanos deben pagar religiosamente sus impuestos, la confianza en el sistema se ve comprometida.
El impacto en las familias y los hogares
Todo esto plantea un interrogante sobre la equidad que subyace en nuestro sistema fiscal. Ciertamente, los hogares de menores recursos ven cómo se les exige más en términos de impuestos, mientras que las personas con mayores riquezas se benefician de una legislativa más afable. ¿Es realmente justificable que las herencias millonarias se distribuyan casi sin restricciones?
Los técnicos de Hacienda advierten que si no se toman cartas en el asunto, el impacto será visible en las generaciones venideras. Esta situación creadora de desigualdad no solo afecta el presente económico, sino que también pone en peligro oportunidades futuras. Al limitar la capacidad de recaudar impuestos en estas áreas, se comprometen los recursos para invertir en educación, sanidad y otros servicios públicos esenciales.
La propuesta de Gestha para armonizar este impuesto parece no solo razonable sino también necesaria. Aunque se necesita un consenso más amplio y la voluntad política para llevar esto a cabo, es evidente que hay un camino por explorar para asegurar un futuro más justo y equitativo.
Al final, lo que se busca es un sistema donde todos sepamos que, independientemente de la riqueza de nuestros progenitores, nuestras oportunidades no sean limitadas por la cantidad que heredemos, sino por nuestras capacidades y esfuerzos individuales. La discusión está planteada y, con ello, la oportunidad de avanzar hacia un modelo más justo se abre ante nosotros. ¿Estamos preparados para dar esos pasos necesarios?
