El importe de la economía sumergida asciende a 212.900 millones de euros, que quedan al margen de las normativas fiscales y laborales. Esta cifra refleja un fenómeno que, aunque ha mostrado señales de mejora en los últimos años, sigue siendo un tema de gran preocupación para las autoridades y la sociedad en su conjunto.
El impacto económico de la economía sumergida en la UE
La economía sumergida en la Unión Europea en su conjunto representa un 17,7% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que se traduce en alrededor de 2,85 billones de euros que no cumplen con las regulaciones fiscales y laborales. Esta cantidad, asombrosamente, equivale al doble del PIB español, subrayando la magnitud del problema a nivel comunitario. Es, de hecho, el doble de lo que genera toda la actividad económica en nuestro país, lo que pone de manifiesto la urgencia de abordar esta cuestión.
En el contexto de este escenario, es notable que España, con una ratio de economía sumergida del 15,8% en 2022, se encuentra por debajo de la media de la Unión Europea. Según un informe del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia, se confirma que la economía sumergida en el país ha visto una reducción considerable a lo largo de los años, lo que sugiere un cambio positivo en las tendencias económicas.
España reduce seis puntos del PIB en economía sumergida desde 2004
Desde el primer dato disponible en 2004, cuando la economía sumergida representaba el 21,9% del PIB, España ha registrado una disminución continua, salvo en 2020, cuando la cifra alcanzó el 17,4% debido a las repercusiones de la pandemia. Este descenso constante señala un esfuerzo colectivo por parte de las autoridades y los ciudadanos por formalizar la economía, a pesar de los desafíos presentados por situaciones extraordinarias como la crisis sanitaria.
Al observar más de cerca estos datos, podemos ver que el año 2022 marcó un hito importante, ya que el porcentaje del 15,8% acerca a España a las cifras de otros países como Francia, que tiene un 14,2%, mientras que Italia se encuentra en un 20,3%. El progreso hacia una economía más transparente es sin duda un objetivo deseado pero que aún requiere un esfuerzo sostenido.
Diferencias entre comunidades autónomas
Si echamos un vistazo a las comunidades autónomas, las que presentan mayores ratios de economía sumergida son Canarias y Andalucía, con un 17,9% cada una, seguidas por Extremadura (17,8%) y Murcia (17,4%). En contraposición, Madrid destaca con la tasa más baja del 13,8%, seguida por el País Vasco (13,9%), Cataluña (14,4%) y Navarra (14,6%). ¿Cómo es posible que existan tales diferencias entre regiones?
Estas variaciones pueden ser atribuibles a múltiples factores, incluyendo el tipo de actividad económica predominante en cada región y las políticas fiscales que se aplican. La diversidad económica en cada comunidad puede, en gran medida, influir en la cantidad de dinero que circula de manera informal. Por ejemplo, mientras que en algunas regiones, el turismo y ciertos servicios pueden fomentar un entorno más propenso a la economía sumergida, otras pueden beneficiarse de industrias más reguladas.
Sectores afectados por la economía sumergida
El estudio revela que, dentro de las actividades económicas, la agricultura se lleva la delantera en cuanto a opciones elegidas para operar en la economía sumergida. Esto se debe en gran medida a la dificultad de regular y monitorear estas actividades. En segundo lugar, los servicios domésticos y la hostelería son otros de los sectores que comúnmente presentan irregularidades.
Además, donde se manifiestan las irregularidades se encuentra en la falta de compensación por horas extras, el cobro parcial de salarios fuera de nómina y una mayor carga horaria en comparación con la legalmente pactada. Estos hallazgos no solo revelan la complejidad del fenómeno, sino que también destacan la necesidad de un enfoque más robusto y coordinado para combatir estas prácticas.
Reflexiones sobre el futuro de la economía sumergida en España
La economía sumergida es un tema multifacético que abarca desde el impacto económico hasta aspectos sociales y laborales. Cada dato presentado nos invita a preguntarnos: ¿qué medidas se pueden implementar para seguir reduciendo estas cifras? ¿Cómo podemos crear un ambiente más propicio para que las actividades económicas operen dentro del marco legal y regulatorio?
Todavía queda un largo camino por recorrer, pero la tendencia apunta hacia una transformación necesaria. La economía española, a medida que intenta salir adelante de situaciones adversas, tiene la oportunidad de replantear sus bases y establecer una estructura más sólida y justa, que beneficie a todos. La lucha contra la economía sumergida no solo está en manos de las autoridades; es un desafío que debe involucrar a toda la sociedad. Así, la historia de la economía sumergida en España sigue en desarrollo, invitándonos a todos a contribuir a un futuro más transparente y regulado.