La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha lanzado una propuesta que podría cambiar la estructura de la Agencia Tributaria en España, algo que lleva esperando más de dos décadas. En su XXXIV Congreso Nacional, celebrado en Córdoba, los inspectores presentaron un proyecto que busca la aprobación de un nuevo Estatuto para la agencia. ¿Qué implica realmente esta modificación y qué cambios se plantean?
La propuesta de un Consejo de Gobierno
Uno de los principales aspectos de esta propuesta es la creación de un Consejo de Gobierno. Este órgano no solo estaría compuesto por representantes de la Administración Estatal, sino también integraría a las administraciones tributarias de comunidades autónomas y ayuntamientos. Se sugiere que este consejo esté formado por aproximadamente 20 miembros, la mitad de los cuales provendrían directamente de la Agencia Tributaria.
La idea es que este Consejo de Gobierno tenga funciones fundamentales, como fijar las directrices principales de los objetivos de la Agencia para ser presentadas al Parlamento y establecer líneas de coordinación con las administraciones de las comunidades autónomas. ¿No sería conveniente contar con un espacio de decisión donde todos los niveles de la administración estén representados? Esta propuesta podría garantizar que se tomen decisiones más inclusivas y beneficiosas para todo el sistema tributario.
Criterios de selección y perfil de los miembros
La composición del nuevo órgano de gobierno debería seguir criterios que aseguren un peso real de las distintas administraciones involucradas. En este sentido, la propuesta sugiere que los miembros sean principalmente funcionarios de carrera del grupo A1, provenientes de agencias tributarias y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Se establece que los miembros del Consejo de Gobierno serán elegidos por un período de cuatro años, lo cual aseguraría cierta estabilidad en la toma de decisiones y continuidad en los proyectos de la Agencia.
Además, se destaca la importancia de que los seleccionados tengan un perfil técnico, de forma que sus decisiones estén alineadas con el interés general de la institución y no con intereses específicos de sus administraciones de procedencia. Esto es crucial, ya que una efectiva independencia en las decisiones puede influir directamente en la eficacia de la Agencia.
Un enfoque en la lucha contra el fraude fiscal
En cuanto a las iniciativas para combatir el fraude, los inspectores también han propuesto la creación de una Oficina Nacional Antifraude (ONAF). Este organismo estaría encargado de investigar el fraude fiscal organizado, así como el contrabando y el blanqueo de capitales relacionado. Esta Oficina tendría bajo su responsabilidad a la policía fiscal, lo que implica un enfoque integral en la lucha contra las irregularidades económicas.
A su vez, proponen establecer una policía fiscal que provenga de las Unidades Operativas del Servicio de Vigilancia Aduanera. Estas unidades, con el reconocimiento de su carácter de Policía Judicial, se encargaran de la investigación penal de delitos fiscales y otros crímenes económicos. Sin embargo, ¿cómo se garantizará que esta policía opere de manera efectiva y coordinada con la Agencia?
Unificación en la recaudación y evaluación de políticas tributarias
Otro aspecto que han planteado los inspectores es la necesidad de un órgano de recaudación único para todas las administraciones públicas. Esta medida permitiría centralizar las deudas y facilitar el flujo de cobros a través de la integración en lo que se denomina un ‘sistema de red’. Este enfoque podría agilizar la recaudación y mejorar la eficiencia en el uso de recursos públicos.
Además, se aboga por la creación de una Oficina Nacional de Evaluación de Políticas Tributarias. Este órgano tendría la labor de analizar el impacto de las políticas implementadas por la Agencia en términos de recaudación y cumplimiento tributario. A través de un control «ex post», podría lograrse una mejora continua en las estrategias adoptadas.
Independencia del poder político y sus implicaciones
Un pilar fundamental de esta propuesta es la búsqueda de la autonomía e independencia del organismo frente al poder político. Los inspectores argumentan que este nuevo Estatuto debe regular esta autonomía y garantizar la representación de todas las administraciones tributarias, tanto estatales como autonómicas y locales. Esto podría ayudar a asegurar una aplicación más uniforme del sistema tributario en España.
El reto es significativo, ya que en un sistema donde la política a menudo influye en la gestión administrativa, garantizar esta independencia es esencial para poder combatir el fraude de manera efectiva. Por otra parte, también se resalta la importancia de asegurar que la política de recursos humanos siga principios de «igualdad, mérito y capacidad», lo que contribuirá a fortalecer la transparencia y objetividad en la selección de futuros funcionarios de la Agencia.
Reflexiones para el futuro de la Agencia Tributaria
La propuesta de los inspectores de Hacienda invita a reflexionar sobre cómo se puede mejorar la estructura y eficiencia de la Agencia Tributaria. Con cambios que incluyen desde un Consejo de Gobierno hasta la creación de un sistema de recaudación unificado, el futuro de la gestión tributaria en España podría ser más prometedor.
Sin embargo, aún quedan muchas preguntas por responder. ¿Será suficiente con estos cambios para abordar la complejidad del sistema tributario actual? ¿Podrán las futuras administraciones mantener el enfoque en la recaudación justa y equitativa? El tiempo dirá si estos esfuerzos resultan en un avance significativo en la lucha contra la evasión fiscal y en la mejora del sistema tributario en su conjunto.
