La reciente decisión del Ministerio de Hacienda sobre el procedimiento de devolución del IRPF ha desatado una controversia significativa. Ahora, los mutualistas que buscan recuperar el IRPF que pagaron de más enfrentan un nuevo obstáculo administrativo que podría prolongar el proceso de devolución hasta 2029. Esta situación ha sido objeto de crítica por parte de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), quien califica esta nueva normativa como una «mala práctica administrativa».
El impacto del cambio de criterio administrativo
La Aedaf ha expresado su preocupación afirmando que este cambio «minusvalora» los derechos de los contribuyentes y crea una situación de «inseguridad jurídica» para miles de afectados. Sin duda, la complejidad añadida y la prolongación injustificada del proceso generan un grave perjuicio económico y emocional a quienes legítimamente esperan recuperar su dinero. ¿Acaso es razonable que aquellas personas que han pagado de más deban esperar tantos años para recibir lo que les corresponde?
Con el nuevo sistema, en lugar de poder solicitar todas las devoluciones pendientes de una sola vez, los mutualistas ahora tienen que presentar sus solicitudes de manera anual. Esto no solo complica el trámite, sino que también fracciona las devoluciones y hace que la percepción total de lo que corresponde se alargue innecesariamente.
Las razones del cambio y la respuesta del Ministerio
Desde el Ministerio de Hacienda, la justificación presentada para este cambio es que «la calendarización de las devoluciones ofrece certidumbre sobre la imputación en la contabilidad nacional» y que establece un proceso «más reglado y ordenado». Sin embargo, este argumento ha sido desestimado por Aedaf, que señala que la medida solo contribuye a una espera «injustificable» para recuperar montos que los tribunales ya han reivindicado como legítimamente exigibles.
El Tribunal Supremo había previamente reconocido el derecho de los mutualistas a recuperar el IRPF que habían pagado en exceso. De hecho, el alto tribunal indicó que ciertas pensiones percibidas por aportaciones a antiguas mutualidades están exentas de tributación. Esto incluye cantidades exentas en un porcentaje específico, como el 25% en pensiones generadas entre 1967 y 1978, y un 100% para cotizaciones anteriores a 1967.
Este reconocimiento judicial fue clave para que muchos se animaran a solicitar la devolución. Sin embargo, ahora ven que el proceso simple y directo que existía ha sido reemplazado por un sistema que alarga la espera y complica el panorama. ¿Por qué realizar un cambio que afecta a tantas personas que ya estaban en un proceso de recuperación de sus fondos?
La desigualdad de trato que genera esta medida
Aedaf denuncia que esta nueva política administrativa no solo complica las cosas, sino que también introduce una clara desigualdad entre los mutualistas que ya recibieron sus devoluciones y aquellos que, por razones ajenas a su voluntad, deberán esperar. Este enfoque fraccionado no solo retrasa el acceso a los fondos, sino que parece también favorecer a un grupo sobre otro sin justificación aparente.
En muchas ocasiones, las decisiones administrativas deberían buscar atender de manera equitativa a todos los ciudadanos. Por esta razón, la Aedaf ha solicitado a las autoridades que reconsideren esta medida y restauren el procedimiento anterior que facilitaba una devolución más ágil y justa. Insisten en que no se puede aceptar que se demore un derecho que ya ha sido validado por los tribunales.
La voz de los expertos y el clamor de los afectados
Los expertos en fiscalidad advierten que este tipo de cambios puede tener efectos adversos no solo en la confianza de los contribuyentes hacia la administración tributaria, sino también en su bienestar emocional y financiero. La incertidumbre y la ansiedad generadas por la espera pueden afectar seriamente la calidad de vida de miles de mutualistas.
«No es aceptable que se retrase innecesariamente una devolución cuyo derecho ya ha sido reconocido», señaló un representante de Aedaf. Además, el hecho de que esta cuestión afecte a un colectivo que ya enfrenta dificultades económicas hace que la necesidad de una respuesta rápida y justa sea aún más urgente.
El clamor es por un tratamiento equitativo y por que el Ministerio actúe con sensatez, justicia y sensibilidad para garantizar que todos los contribuyentes –especialmente aquellos en situaciones vulnerables– reciban el tratamiento que les corresponde. La lucha por una administración que priorice los derechos de los ciudadanos parece estar lejos de resolverse, y este caso puede ser solo la punta del iceberg de un problema más amplio en la regulación fiscal.
En un contexto donde la economía se vuelve cada vez más compleja y las relaciones entre administración y contribuyente se ponen a prueba, es fundamental recordar que cada decisión administrativa tiene un impacto directo en la vida de las personas. Mantener un diálogo abierto y construir una administración más justa debería ser una prioridad. Así, el futuro de la fiscalidad y los derechos de los ciudadanos estarán mejor protegidos y todos podremos tener la seguridad que merecemos. Las implicaciones de estas decisiones son más profundas de lo que a primera vista pueden parecer y merece la pena seguir explorando este tema.
