El Ministerio de Función Pública se encuentra en una fase activa de preparación para la Oferta de Empleo Público (OEP) del 2025. El próximo junio se dará inicio a las negociaciones necesarias para abordar esta cuestión, especialmente tras reconocer la alarmante pérdida neta de 20.046 empleos en la última década. ¿Qué implicaciones tendrá esto para la Administración pública?
Reorganización por áreas funcionales
Desde el sindicato CSIF se ha informado que el Ministerio está ideando una reforma que dividiría la plantilla por «áreas funcionales» en lugar de la clásica organización por departamentos. Esta nueva clasificación se diseñará en base a diferentes actividades cruciales como la acción de Gobierno, las políticas públicas, la comunicación, y la administración digital, entre otras.
El objetivo fundamental de esta reorganización es construir un plan sólido de recursos humanos y determinar con precisión las necesidades para la oferta de empleo público y la formación. Con esta metodología, se busca simplificar la estructura de puestos que actualmente es bastante dispersa. Asimismo, el sindicato hace un llamado para que cualquier cambio venga acompañado de un refuerzo en las plantillas y una mejora en las condiciones laborales.
La tasa de reposición y sus consecuencias
Pese a los esfuerzos por parte del Gobierno, la tasa de reposición seguirá presente en la OEP, según ha lamentado el presidente de CSIF, Carlos Martínez. Este punto es crítico porque limita la capacidad de redimensionar las plantillas y, en consecuencia, merma el servicio que se brinda a los ciudadanos.
Además, se ha destacado que el 21% de la plantilla tiene más de 60 años, lo que acentúa la urgencia de cubrir esos puestos vacantes. A lo largo de los años, muchos de estos trabajadores estarán en edad de jubilación, lo que podría intensificar el déficit de personal y afectar la prestación de servicios esenciales para la población.
Comentarios sobre el salario y expectativas de revalorización
En otro ámbito de preocupación, el sindicato anunció su intención de presentar una proposición de ley que garantice la revalorización del salario de los funcionarios. Esto responde a la inquietud de que aún queda pendiente una subida salarial del 0,5% correspondiente a 2024. Francisco Lama, secretario de Acción sindical de CSIF, enfatizó que no se puede permitir que los empleados públicos se conviertan en «rehenes» de la situación presupuestaria del Gobierno.
La pérdida salarial acumulada del colectivo asciende al 21,95%, lo cual es un punto crítico a considerar para mejorar las condiciones laborales en el sector público.
La situación actual del Gobierno y las negociaciones en curso
Desde CSIF también se ha denunciado una clara parálisis en el Gobierno. A pesar de haber pasado seis meses desde que comenzaron las negociaciones para el nuevo acuerdo en Función Pública, ningún capítulo ha sido cerrado. Esto genera un clima de incertidumbre y descontento en torno a las expectativas de mejora para los funcionarios.
La mesa de diálogo entre el Gobierno y los sindicatos se ha centrado en temas menos controversiales, lo que ha llevado a una falta de avance significativo. Además, se ha bloqueado la posibilidad de jubilación parcial anticipada para el personal laboral, una solicitud que ha encontrado resistencia debido a la reciente reforma de pensiones.
Estadísticas recientes sobre el empleo público
Los últimos datos proporcionados por Función Pública apuntan a un panorama mixto. En 2024, las altas (18.747) casi duplicaron a las bajas (9.802), y la edad media de los trabajadores ha disminuido de 51 a 49 años. Este cambio demográfico sugiere una renovación del personal, ya que el 42% de los empleados públicos tiene menos de 50 años, lo que, en términos prácticos, implica una nueva oportunidad para reestructurar y redefinir los perfiles profesionales requeridos en la Administración.
Demandas más allá del empleo
No solo se está hablando de la reforma de la OEP o de la tasa de reposición. Desde CSIF se enfatiza la necesidad de que la nueva estructura organizativa integre la participación de «todos», dado que su impacto será directo en el empleo público. También se está pidiendo que se resuelva el deficitario estado de la plantilla en la Seguridad Social, donde, a pesar de haber creado 5.300 puestos en los últimos años, aún el 45% de las oficinas del SEPE están infradotadas de personal.
El sindicato ha expresado que no se descarta ningún tipo de medida de presión al Gobierno para que se tengan en cuenta sus exigencias. En este contexto, queda un largo camino por recorrer antes de que las negociaciones conduzcan a un acuerdo satisfactorio que responda a las demandas de los trabajadores públicos.
La dinámica de la función pública y las reformas anunciadas pueden sufrir numerosos cambios en el futuro cercano. Con el clima de incertidumbre actual y la urgente necesidad de una modernización estructural, es vital mantener el foco en qué dirección tomará el Gobierno y cómo esto afectará al tejido social del país. Así, la atención se centra en si realmente se lograrán los cambios necesarios para mejorar las condiciones laborales y la eficiencia en el servicio público.
