El acuerdo de investidura de Salvador Illa para asumir la presidencia de la Generalitat en agosto de 2024 ha puesto sobre la mesa un tema muy controvertido: la creación de un nuevo organismo independiente para gestionar, recaudar y liquidar todos los impuestos en Cataluña. Esta propuesta significa establecer una Agencia Tributaria catalana, un paso que ha suscitado cautela y preocupación entre diversos sectores, principalmente en el ámbito de la economía y la fiscalidad.
Costes de la fragmentación de la Agencia Tributaria
Fedea ha advertido sobre los potenciales costes que implicaría esta fragmentación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Según expertos, la creación de un organismo que administre solo los impuestos en Cataluña podría llevar a una pérdida de eficacia en la lucha contra el fraude fiscal, así como a una recaudación menos eficiente. ¿Es realmente necesaria una división que podría comprometer la eficiencia del sistema?
Además de estos costos, Alberto García Valera, autor del artículo de Fedea, señala que esta acción podría tener implicaciones legales. Argumenta que la gestión fiscal, tal como aparece en la Constitución española, es competencia exclusiva de la Hacienda Estatal. Esto plantea un dilema constitucional que podría poner en jaque las bases del sistema tributario español.
Menor capacidad para informar a los contribuyentes
Entre las consecuencias más alarmantes de esta posible fragmentación se encuentra la referida a la información y asistencia que recibirían los contribuyentes. Con la creación de una agencia independiente, la autonomía del nuevo organismo podría dificultar el acceso a información vital para los ciudadanos. Esto podría traducirse en problemas como la imposibilidad de ofrecer borradores de declaración, acceder a datos fiscales completos o recibir programas de ayuda y criterios uniformes.
Este obstáculo puede parecer complicado, pero tiene un impacto real en la vida de muchos. La falta de coordinación puede llevar a que los contribuyentes enfrenten mayores complicaciones al tener que lidiar con dos sistemas distintos en lugar de uno unificado. Imagínate gestionando tus impuestos en un entorno donde la información puede no estar disponible o, peor aún, ser contradictoria.
Desafíos en la lucha contra el fraude
La falta de coordinación entre organismos afectaría significativamente la lucha contra el fraude fiscal. Si bien la creación de una Agencia Tributaria catalana podría ofrecer un cierto grado de autonomía, también limitaría la capacidad de la AEAT para ejercer un control efectivo. Este sistema dual podría facilitar que algunos contribuyentes eludan sus obligaciones fiscales, ya que los inspectores tendrían dificultades para acceder a datos relevantes rápidamente.
«Un sistema de control de actividades económicas ha de ser integral para resultar eficiente», advierte García Valera. En este contexto, las empresas con domicilio fiscal en Cataluña, así como las multinacionales que operan en la región, podrían verse sometidas a un control menos riguroso, aumentando así las oportunidades de evasión fiscal.
Recaudación tributaria menos eficiente
La eficiencia en la recaudación tributaria también estaría en riesgo si se da este paso hacia la fragmentación. Un aspecto crítico sería el ejercicio de las competencias ejecutivas en el procedimiento de apremio, ya que las administraciones territoriales no pueden adoptar medidas sobre bienes que se encuentren fuera de su territorio. Esto pone de manifiesto la incapacidad del nuevo organismo para actuar de manera efectiva ante situaciones que involucran a generadores de ingresos en otras comunidades.
Esta nueva estructura, según Fedea, no solo traería desafíos administrativos, sino que también podría resultar en una reducción de los ingresos fiscales que, a su vez, impactarían en los servicios públicos que las comunidades ofrecen a sus ciudadanos. De este modo, la fragmentación que se plantea podría traducirse en un perjuicio directo para aquellos que dependen de una economía robusta y bien gestionada.
Comparaciones con regímenes forales
Los problemas que podrían surgir con la creación de esta agencia se observan ya en comunidades que operan con regímenes forales como el País Vasco y Navarra. En estos casos, la falta de coordinación con la Hacienda estatal ha llevado a dificultades en el manejo fiscal, generando disparidades que complitan la gestión de impuestos y la igualdad entre ciudadanos de distintas comunidades.
Fedea resalta cómo dichos modelos han demostrado estar “lejos” de alcanzar un nivel de coordinación deseable. La fragmentación de la Agencia Tributaria en el resto de España podría acentuar estas diferencias, generando una mayor disparidad y desconexión entre territorios.
Un llamado a la reflexión
Ante todos estos puntos, desde Fedea se hace un llamado a la «altura de miras». La fragmentación, lejos de ofrecer beneficios, pone en riesgo la implementación de mejores prácticas y la posibilidad de aprovechar las economías de escala que se derivan de un sistema unificado. En lugar de llevar a cabo una reestructuración que podría complicar aún más el escenario tributario, ¿no sería más efectivo buscar soluciones dentro del marco actual que fortalezcan la coordinación y eficiencia en la recaudación?
Los ciudadanos y las empresas podrían ser los principales perjudicados en un escenario de separación, donde las promesas de autonomía quizás no logren compensar los inconvenientes que se presentarían en la gestión fiscal. En este contexto, es importante seguir explorando cómo un sistema tributario más integrado puede beneficiar a todos. La conversación ya está en marcha; ¿será esta la oportunidad para replantear cómo se gestionan los impuestos en nuestro país?
