El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, ha expresado su preocupación por las nuevas medidas que se implementarán este año y que, según él, dificultarán aún más el crecimiento del empleo en España. Amor advierte que el coste de la reducción de jornada laboral se traducirá en más de 12.000 millones de euros para empresas y autónomos. Este año se espera que el crecimiento del empleo sea menor que en el pasado, en parte debido a las «trabas» establecidas por el Gobierno en 2024.
Perspectivas de empleo para 2025
La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas que el Gobierno planea implementar tendrá un impacto significativo, especialmente en pequeñas y medianas empresas. Amor subraya que, tras el año 2024, donde se registró una destrucción de empleo entre empresas con uno a tres trabajadores, suposiciones optimistas sobre la creación de más de 400.000 nuevos empleos a finales de año parecen poco realistas. A la espera de datos sobre afiliación y paro registrado de diciembre, ya se vislumbra un escenario complicado.
En este contexto, la reducción de jornada no solo afecta a las empresas, también a los trabajadores autónomos. Un autónomo no puede simplemente cerrar su negocio antes, lo que significa que asumirán las consecuencias de esta reducción en la carga de trabajo de sus empleados. La situación se torna crítica si se considera que muchas de estas empresas ya están lidiando con un clima económico desafiante.
El crecimiento de la economía en 2025
A pesar de las circunstancias, Amor prevé que la economía crecerá este año, aunque su visión se mantiene moderada respecto al aumento del Producto Interior Bruto (PIB). Esta perspectiva realista refleja una preocupación por cómo las políticas actuales impactan a los sectores que más contribuyen al empleo en el país.
Los constantes aumentos en cotizaciones y impuestos, junto al impacto de la reducción de jornada ya mencionada, complican aún más el panorama para las empresas. Amor enfatiza que el emprendimiento y la creación de empleo se ven afectados por una voracidad fiscal que está penalizando sobre todo a las pequeñas empresas y a los autónomos, quienes tienen mayores dificultades para adaptarse a estas cargas adicionales.
medidas fiscales y su repercusión en los autónomos
Amor también ha criticado la nueva cuota de solidaridad y el incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), considerándolas meras soluciones temporales que no abordan el déficit estructural del sistema de pensiones. A su juicio, este tipo de medidas son «parches» que no solucionan las problemáticas de fondo que enfrentan tanto a trabajadores como a empleadores.
Tal y como ha expresado, aquellos trabajadores que ganan más de 59.000 euros al año podrían ver una reducción en su salario neto debido a estos incrementos. Esto significa que, en lugar de mejorar su situación, muchos verán frustradas sus expectativas de ingresos, lo que a su vez contribuirá a una menor capacidad de consumo y ahorro.
Los autónomos, en particular, se enfrentan a un coste adicional con la nueva cuota, sumado a otros gastos que incluyen la reducción de jornada. En un clima de creciente burocracia y regulación, las dificultades para ser empresario y generar empleo aumentan, creando un entorno hostil que podría desincentivar nuevas iniciativas.
La falta de IVA franquiciado en España
Refiriéndose al tema del IVA franquiciado, Amor ha utilizado el término «incomprensible» para describir la situación en la que España es el único país de la Unión Europea que no aplicará esta medida en 2025. Esta discrepancia pone de relieve un vacío en las políticas económicas que podrían aliviar la carga sobre los autónomos.
Amor ha narrado cómo durante dos años han mantenido conversaciones con la Dirección General de Tributos y la Agencia Tributaria para implementar esta directiva europea, pero la ausencia de acción por parte del Ministerio de Hacienda ha dejado en stand-by una solución viable. Esto genera un descontento profundo entre los pequeños empresarios que, en pleno siglo XXI, siguen obligados a cumplir con declaraciones trimestrales de IVA que, según él, deberían ser eliminadas o, al menos, reducidas.
En un elemento adicional de esta problemática, la falta del IVA franquiciado implica que muchos trabajadores por cuenta propia continúen enfrentando una carga administrativa innecesaria, lo que podría simplificarse significativamente.
Los pequeños empresarios y autónomos están atrapados en una maraña de decisiones políticas que no parecen beneficiar realmente su situación. Aunque las declaraciones y medidas apuntan a proteger el sistema en su conjunto, es fundamental recordar que una economía floreciente necesita de un tejido empresarial fuerte y saludable. El foco debe estar en cómo fomentar un entorno donde se pueda innovar y crecer, en lugar de perpetuar una carga que hace cada vez más complicado generar empleo genuino. La reflexión sobre cómo equilibrar el bienestar social y el impulso empresarial sigue siendo pertinente, en un momento clave como el actual.
