Subir el salario mínimo interprofesional (SMI) en 50 euros al mes generará un coste adicional para las empresas que podría superar 80 euros mensuales. Este cálculo es de Cepyme, y subraya el peso que esta medida conllevará para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, que ya han registrado un incremento de sus costes laborales del 18,1% desde 2019. ¿Estamos preparados para asumir esta carga?
Impacto del aumento en el SMI para las empresas
El aumento del SMI a 1.184 euros mensuales para 2025, sumando las 14 pagas, se estima que incrementará el coste salarial total para las empresas, incluyendo las cotizaciones sociales, a entre 1.816 y 1.903 euros. Este rango dependerá del tipo de cotización por accidentes de trabajo. A partir de estos números, se observa que el aumento representa, en términos promedios, una diferencia de entre 78 y 81 euros, lo que se traduce en un incremento de hasta el 62% sobre los 50 euros sugeridos por el Gobierno.
Si prorrateamos el coste anual entre once meses de trabajo, descontando el mes de vacaciones, el costo efectivamente se elevaría a entre 1.981 y 2.076 euros al mes. Una cifra disparada que lleva a cuestionarse si esta política realmente favorecerá a los trabajadores o si, por el contrario, podría poner en peligro el empleo.
La trayectoria del SMI y su repercusión
Desde 2016, el SMI ha crecido un 73,1% y, si se implementa la propuesta actual, el total alcanzaría un 80,7% de incremento desde aquella fecha. Esta cifra es alarmante si consideramos que la patronal Cepyme ha denunciado que «este incremento de los costes supone una onerosa carga para las empresas». En especial, los pequeños empresarios están lidiando con un panorama complicado.
La organización recalca que la elevación del SMI ha estado desconectada de otros indicadores económicos cruciales. El artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores señala que la subida del salario mínimo debería considerar la situación económica general, el IPC, la participación del trabajo en la renta nacional y la productividad de la economía. Sin embargo, desde 2018, el SMI ha crecido casi tres veces más que el IPC, con 54,1% frente a un 19,4%. Esta desconexión es preocupante, sobre todo cuando la productividad de las pymes ha caído a niveles de 2015.
Sector agropecuario y sus particularidades
Un aspecto que no puede dejarse de lado es el impacto que esta subida tendrá en distintos sectores económicos. Cepyme ha señalado que la subida acumulada del SMI afectará de manera diferente por sectores, generando efectos que pueden perjudicar la competitividad y el empleo en muchas empresas. Pero, ¿cuál sector se verá más afectado por este aumento?
Se argumenta que el incremento será «especialmente dañino» para el sector agropecuario, que se encuentra en una situación crítica, con niveles de empleo que han tocado fondo en los últimos 20 años. En este sector, la estabilidad y la viabilidad de los negocios son esenciales. Si consideramos estos factores, es natural preguntarse si el aumento del SMI podría poner en riesgo la subsistencia de cientos de pequeñas explotaciones que ya enfrentan numerosas dificultades en su día a día.
El dilema entre salario y prosperidad económica
La disyuntiva que enfrentamos es evidente: ¿Cómo equilibrar la necesidad de un salario mínimo digno con la realidad de que los costos elevados pueden llevar a una reducción de la competitividad empresarial y, por ende, a una perdida de empleo? El debate es acalorado y afecta no solo a los trabajadores, sino también a los empresarios que buscan mantener sus negocios a flote en un entorno cada vez más retador.
La conversación en torno al SMI no es solo una cuestión de cifras, sino que incorpora diversas variables socioeconómicas que impactan a toda la sociedad. La misión de un salario mínimo adecuado es noble, pero los métodos y la forma en que se implementa son cruciales. Las empresas y los trabajadores deben encontrar un terreno común donde ambas partes puedan prosperar sin que se produzcan consecuencias negativas.
Al seguir el hilo de esta problemática, es importante observar cómo las medidas que se tomen impactarán en el tejido empresarial y en el bienestar de los trabajadores. La búsqueda de un balance que permita una retribución justa y, al mismo tiempo, fomente un clima propicio para el empleo y la competitividad es una tarea de gran relevancia. El futuro político y económico de nuestro país podría depender de cómo abordemos este dilema en los próximos meses.