El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado un paso importante al aprobar por mayoría absoluta la derogación del artículo que fundamenta el gravamen temporal a las empresas energéticas. Esta decisión se suma a la serie de cambios en el marco fiscal que se han impulsado desde el inicio del año. En concreto, esta medida busca eliminar la tasa que, desde 2023, se ha prorrogado con el objetivo de gravar a entidades del sector energético y financiero.
El contexto de la derogación
El gravamen, que ha generado tanto debate, se basa en una enmienda a la reforma fiscal que el Partido Popular (PP) había introducido en el Senado respaldado por su mayoría absoluta. Este impulso legislativo ha conseguido el apoyo de formaciones como Junts y el PNV, que han empezado a manifestar sus dudas sobre la conveniencia de continuar con la prórroga del gravamen.
En el fondo de esta decisión, tanto Aitor Esteban, del PNV, como Miriam Nogueras, de Junts, han expresado sus preocupaciones respecto a cómo este gravamen podría perjudicar a las inversiones en la industria energética. En particular, la configuración actual de este impuesto, que es de carácter no tributario, plantea complejidades para que las haciendas forales puedan aplicar su recaudación.
La estrategia del Gobierno
En medio de esta vorágine legislativa, el Gobierno ha decidido actuar. El próximo Consejo de Ministros, que se llevará a cabo el lunes y será el último del año, se centrará en la aprobación de un decreto ley que permita la prórroga del gravamen. La intención del Ejecutivo es que esta medida sea efectiva antes de la publicación de la reforma en el Boletín Oficial del Estado (BOE), momento en el que la base legal para el gravamen sería eliminada.
¿Por qué es tan crítico este paso? La respuesta radica en el compromiso que el Gobierno ha adquirido con otros grupos parlamentarios. En concreto, ERC, Bildu y BNG habían demandado la continuidad de este gravamen. Sin embargo, la postura de PNV y Junts ha generado un torbellino en las proyecciones iniciales de alianzas en el Congreso, quien ya se anticipaba podría buscar el apoyo del PP y Vox para llevar a cabo la derogación.
Las negociaciones complejas
Las conversaciones entre el Ministerio de Hacienda y estos grupos han estado marcadas por la incertidumbre. Tal como ha comentado Oskar Matute, portavoz económico de EH Bildu, el escenario de una alianza entre el PNV y Junts con fuerzas de la oposición ya era un riesgo considerado. «Era algo que teníamos en mente, sabíamos que podía pasar», afirmó, enfatizando que las negociaciones estaban en juego.
En este contexto, el Gobierno ha decidido concertar la aprobación del decreto de prórroga durante el último Consejo de Ministros del año, con la esperanza de que esta estrategia le permita asegurar la vigencia del gravamen ante la inminente derogación.
Los desafíos por venir
Sin embargo, el camino hacia la convalidación del decreto no está exento de desafíos. Según establece la normativa, el decreto ley deberá ser sometido a votación en el Pleno del Congreso dentro de un plazo de 30 días. Este es un momento clave, ya que el Gobierno deberá asegurarse de contar con el apoyo necesario para su aprobación. La oposición del PNV y de Junts es una sombra que podría alterar sus planes.
Para sortear esta situación, Hacienda contempla la posibilidad de transformar el decreto en un proyecto de ley posteriormente. La idea es convertir el gravamen en un impuesto permanente, lo cual podría atraer el apoyo de Podemos, que ha manifestado su rechazo a la temporalidad, y del propio PNV, que podría estar dispuesto a aceptar este nuevo formato al entender que su gestión recaería en las haciendas forales vascas y navarra.
Expectativas futuras
Este panorama de cambios y alianzas nos lleva a una reflexión más profunda sobre el futuro de la fiscalidad en España. La situación actual del gravamen es un claro ejemplo de cómo las dinámicas políticas pueden influir en la economía y cómo la búsqueda de un equilibrio entre diferentes intereses puede resultar compleja y multifacética.
Mientras se desarrolla este proceso legislativo, permanecer atentos a los acontecimientos es fundamental. La dirección que tomen las decisiones en el próximo Consejo de Ministros no solo afectará la industria energética, sino que también tendrá repercusiones en el clima económico general, en el contexto de las relaciones entre las diferentes fuerzas políticas del país. Sin duda, un seguido de acontecimientos interesantes está por venir, y solo el tiempo dirá cómo se resolverá esta situación.
