El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, ha denunciado hoy que los trabajadores de las administraciones públicas continúan con sus sueldos congelados. A pesar de que la mayoría de los ciudadanos ya disfruta de incrementos salariales, el 0,5% de subida correspondiente al año pasado aún está pendiente para más de 3 millones de empleados públicos. Esta situación, que se agrava con la creciente inestabilidad laboral, ha llevado a Borra a proponer una gran protesta en todo el país.
La situación laboral en las administraciones públicas
Borra ha subrayado la urgencia de actuar frente a la temporalidad laboral, que sigue siendo un problema persistente. Durante una rueda de prensa, el presidente del CSIF expresó su preocupación por el alarmante dato de que más del 60% de los empleados públicos tiene más de 50 años. Esta tendencia puede resultar en una jubilación masiva en la próxima década, donde se estima que cerca del 30% de los trabajadores de la Administración General del Estado podría retirarse. ¿Qué sucederá con los servicios esenciales, como el SEPE y la Seguridad Social, si no se toman medidas efectivas?
La inestabilidad se refleja en la cantidad de empleos perdidos; la Encuesta de Población Activa (EPA) revela que durante el primer trimestre se ha registrado la mayor destrucción de empleo histórico en las administraciones públicas, con una pérdida de 92.000 trabajadores. Ante esta continuidad de la crisis, Borra ha manifestado que el Gobierno no está haciendo nada al respecto. Con presupuestos aún no aprobados y la tasa de reposición limitando nuevas contrataciones, la situación se torna crítica.
Multas y sanciones ante la inacción
Con el fin de presionar al Gobierno, Borra ha propuesto que se impongan multas «ejemplares» a los gestores públicos que no cumplan con la ley de estabilización. Esta ley, promulgada en 2021, tenía como objetivo reducir la temporalidad al 8% para finales de 2024, sin embargo, actualmente se sitúa en un 35.5%, cifra que demuestra el fracaso de los procesos de estabilización. La falta de cumplimiento de las administraciones ha llevado a la Unión Europea a abrir expedientes sancionadores.
Además, CSIF subraya que más de 330.000 empleados públicos han adquirido la fijeza en la administración, pero aún así, la temporalidad sigue siendo una realidad ineludible. Con un acuerdo de Bruselas que no se está respetando, las cifras son un claro indicador de que se han incumplido las promesas. Parece que, a pesar de las plazas creadas, las administraciones no han dejado de crear nuevas contrataciones temporales por la falta de personal.
Propuestas para mejorar la situación
En el marco de las propuestas, CSIF planteará a los grupos parlamentarios la necesidad de establecer una revalorización automática de los salarios de los empleados públicos conforme al IPC. La idea es que esta medida se implemente de forma similar a como se hace con las pensiones, incluyendo un porcentaje adicional a negociar anualmente.
Además, Borra ha enfatizado la importancia de generalizar la jornada laboral de 35 horas semanales en las administraciones públicas. Esto no solo beneficiaría a los trabajadores, sino que también puede contribuir a mejorar la calidad del servicio que se ofrece al ciudadano. Sin duda, se trata de una medida que podría aliviar la carga laboral en un sector que a menudo se encuentra desbordado.
La temporalidad en las administraciones públicas
Un informe reciente revela que la temporalidad en el sector público se mantiene «estancada» por encima del 30%. Un porcentaje que, como se ha mencionado, supera el límite acordado con Bruselas y estipulado en la ley de Estabilización del Sector Público de 2021. Desde entonces, la situación no ha mejorado, mientras que cerca de un tercio de las 544.151 plazas ofertadas en los últimos cuatro años se encuentran sin cubrir.
Además, sorprende que casi el 40% de los municipios no han reportado su situación respecto a la temporalidad laboral, lo que deja entrever una falta de transparencia en la gestión. La Administración local enfrenta un panorama complicado, indicando un porcentaje de temporalidad que supera el 43%.
En el ámbito universitario, la tasa de temporalidad es cercana al 50%, mientras que en el sector de la Salud y la Justicia, las cifras son igualmente preocupantes, situándose por encima del 31% y más del 9% respectivamente en la Administración General del Estado y comunidades autónomas.
Reacciones y próximos pasos
Al frente de esta situación crítica, CSIF no se quedará de brazos cruzados. Borra ha anunciado que se pondrá en contacto con CCOO y UGT para preparar una protesta conjunta en todo el país. La idea es hacer un llamado a la acción y forzar al Gobierno a que se siente a negociar de manera efectiva.
El futuro de los empleados públicos es incierto, pero acciones como estas pueden marcar una diferencia significativa. Todo parece indicar que el camino hacia un sector público más estable y justo aún se vislumbra lejano. Sin embargo, la lucha por los derechos laborales y salariales sigue siendo una meta que muchos están dispuestos a alcanzar, abriendo la puerta a nuevas posibilidades para la mejora continua en este ámbito.
