La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido un análisis detallado sobre el proyecto de Real decreto que regula el régimen jurídico de las empresas públicas del Grupo Tragsa, que incluye a Tragsa y Tragsatec. En un contexto donde estas entidades son frecuentemente utilizadas por las administraciones para atender diversas necesidades a través de encargos directos, la CNMC ha señalado la importancia de fortalecer la motivación detrás de cada encargo para asegurar una competencia leal.
Recomendaciones para mejorar la eficiencia
El organismo presidido por Cani Fernández ha señalado que, aunque hay justificaciones válidas para recurrir a encargos directos, como la rapidez y flexibilidad que a menudo requieren las situaciones de interés general, su uso descuidado puede tener consecuencias negativas. Por un lado, esto puede llevar a una reducción del mercado y, por otro, al fortalecimiento de la posición de ciertos operadores, lo que impacta de manera adversa en la eficiencia en la gestión de los fondos públicos.
En este sentido, la CNMC ha instado a adoptar medidas específicas. Por ejemplo, evitar la utilización sistemática de los encargos en circunstancias de urgencia o cuando las licitaciones han fallado. También ha resaltado la necesidad de alinearse con la literalidad de la ley de contratos y cumplir con las funciones específicas que se describen en el objeto social del Grupo Tragsa.
La importancia de la motivación en los encargos
“Hemos encontrado que es imprescindible que al formular encargos, los poderes públicos refuercen el deber de motivación”, ha declarado la CNMC. Esto implica que las administraciones deben valorar el impacto de sus actuaciones y seleccionar las formas de aprovisionamiento que mejor respondan al interés general. ¿No deberíamos, entonces, cuestionar cómo se justifica cada decisión en este ámbito?
El llamado a la transparencia no es solo una recomendación mas, sino un eslabón crucial en la cadena de rendición de cuentas. Esto incluye limitaciones en la contratación de terceros, que solo debería considerarse en casos excepcionales y debidamente justificados, además de ser objeto de publicación.
El papel del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
La CNMC ha instado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a asumir el liderazgo en la implementación de estas recomendaciones, aunque también son aplicables a todas las administraciones públicas del país. Esta llamada al liderazgo se presenta en un momento crítico donde la responsabilidad en el manejo de recursos públicos se vuelve más relevante que nunca.
Para dar cumplimiento a estas recomendaciones, se sugiere que lo primero que deben hacer las administraciones es ajustar los precios a los valores de mercado. Esto no solo beneficiará a los contribuyentes, sino que también fomentará una mayor competencia en todos los niveles, lo que es esencial para una economía sana.
La necesidad de una mayor transparencia
Dentro de este contexto, la CNMC ha analizado la importancia de la transparencia en la contratación pública. El organismo ha recomendado que se adopten criterios claros y accesibles para los ciudadanos, de modo que puedan comprender cómo se utilizan sus impuestos en la contratación de servicios y bienes. Además, destaca que se debería establecer un mecanismo para la publicación de estos datos, lo que contribuirá a un ambiente de mayor confianza y participación ciudadana.
También se hace énfasis en que la subcontratación de encargos debería ser la excepción y no la norma. De este modo, cada caso debe ser debidamente justificado y publicado para garantizar que no se pierda de vista el interés público. ¿No es esto lo que todos deseamos, una administración que actúe con la mayor claridad y que rinda cuentas por sus decisiones?
El rol activo de la CNMC
Es fundamental tener en cuenta que la CNMC tiene la capacidad de actuar tanto de oficio como a petición de diversos organismos, incluyendo las Cámaras Legislativas y corporaciones locales. Esta capacidad de intervención es otro componente crucial que asegura que se mantenga un sistema en donde la competencia y la transparencia no sean solo objetivos, sino realidades palpables en la gestión pública.
Las instituciones deben estar al tanto de estas indicaciones y hacer un esfuerzo concertado para aplicarlas de manera efectiva. Lógicamente, el compromiso no solo reside en un puñado de organismos, sino que es una responsabilidad compartida a lo largo de todo el sistema administrativo. Solo así se podrá asegurar que los recursos públicos se utilicen de la mejor manera posible, promoviendo eficiencia y competencia.
El diálogo constante entre las entidades reguladoras y las administraciones es fundamental, y al final del día, todos deseamos un funcionamiento económico que no solo cumpla con las normas, sino que lo haga de manera eficiente y responsable. A medida que continúen las discusiones y los análisis, resulta evidente que el camino hacia una administración más transparente y efectiva aún está en progreso. Reflexionar sobre cómo se gestionan los recursos que tanto esfuerzo nos cuesta obtener es, indudablemente, un tema que debe continuar en nuestras conversaciones cotidianas.
