La CEOE y Cepyme han advertido que reducir la jornada laboral a 37,5 horas representa un «grave error» en la política económica de España. Según estas patronales, esta medida afectará no solo a las empresas, sino también a los ciudadanos, incrementando la escasez de bienes y servicios y contribuyendo a una subida en sus precios. Esto plantea una situación preocupante, especialmente para los sectores más vulnerables como la agricultura, la ganadería y la pesca, así como la *hostelería y el comercio*.
Las PYMES, las más perjudicadas
El impacto de esta medida será aún más severo para las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, entre 2019 y 2024, el tejido empresarial solo ha crecido un *0,1%*, lo que indica que las empresas más pequeñas ya están experimentando dificultades significativas. En este contexto, el número de empresas de entre 1 y 9 trabajadores ha disminuido en un *1,4%*.
La situación se vuelve más dramática al observar la evolución de sectores clave. Por ejemplo, en la *hostelería*, las empresas han decrecido un *1,6%*, mientras que en la agricultura, ganadería y pesca la caída es aún mayor, alcanzando un *4,8%*. Y en el comercio, se ha registrado un descenso del *7%*. En total, estos sectores han perdido alrededor de 25.500 empresas en los últimos cinco años.
Además de la disminución de empresas, el panorama del empleo presenta un escenario desalentador. Aunque el empleo total en la economía ha crecido un *14%*, este crecimiento no se refleja en las empresas más pequeñas de estos sectores. En la *hostelería*, el empleo ha crecido apenas un *1,5%*, mientras que ha disminuido un *3,5%* en el comercio y un *7,3%* en la agricultura, ganadería y pesca.
El impacto en el mercado laboral
La CEOE y Cepyme también han indicado que con 8.500 vacantes en la hostelería y cerca de 13.000 en el comercio, la reducción de la jornada laboral, si no se realiza a través de un acuerdo de negociación colectiva, podría agravar la escasez de profesionales. Esto suscita preguntas sobre cómo se pueden cubrir esas vacantes mientras se exigen jornadas laborales más cortas y, al mismo tiempo, se espera mantener la productividad laboral.
El Ministerio de Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz, argumenta que las empresas pueden adaptarse a esta transición. Sin embargo, las patronales han calificado esta percepción como una realidad «sesgada» que no considera la verdadera situación de estos sectores. De acuerdo con ellos, la capacidad de adaptación no es tan sencilla para empresas ya presionadas por un entorno económico complejo.
Advertencias sobre la viabilidad empresarial
Aunque se busca crear una normativa más moderna que favorezca a los trabajadores, la CEOE y Cepyme han pronunciado serias dudas sobre si esta medida será sustentable. «Produciendo lo mismo y manteniendo los mismos precios en menos tiempo o con mayores costes será muy difícil o incluso imposible«, advierten. Esto no solo afectará a la viabilidad de las empresas, sino que repercutirá negativamente en *todas las partes involucradas*.
Este cambio, además, podría resultar en un aumento de cerca de un 7% en los costes operativos, una cifra que ya ha reconocido el propio Ministerio de Trabajo. Así, ven claro que esta medida no solo incrementará la carga sobre las empresas más vulnerables, sino que también podría llevar a un incremento en los precios de los productos finales, perjudicando directamente a los consumidores.
La percepción pública y el futuro del empleo
Con una narrativa que ya ha sido identificada como una posible estigmatización de las empresas, la situación genera preocupación entre trabajadores y empresarios. La memoria de impacto del Ministerio de Trabajo asegura que los sectores de *agricultura, ganadería, pesca, hostelería y comercio* están preparados para enfrentarse a la reducción de la jornada laboral. Sin embargo, muchos en estos sectores argumentan que la realidad es muy diferente.
Las organizaciones patronales han instado a los partidos políticos a reconsiderar esta propuesta, enfatizando que la negociación colectiva es el canal más adecuado para abordar cambios tan significativos. Esta medida, sin un acuerdo amplio, es vista como una intervención indeseada que podría tener consecuencias lamentables en el ecosistema laboral.
Reacciones y expectativas en el ámbito económico
La preocupación por cómo se manejan las políticas laborales resuena profundamente en el panorama económico español. Mientras se buscan soluciones a largo plazo, reinan la incertidumbre y la inquietud sobre cómo se implementarán estos cambios. La pregunta que queda en el aire es la siguiente: ¿Estamos realmente preparados para un cambio tan radical en la jornada laboral, y cuáles serán las consecuencias para todos los implicados?
Con la mirada puesta hacia el futuro, es momento de reflexionar sobre cómo se equilibrarán las necesidades de los trabajadores y la viabilidad de las empresas en un entorno económico que cada vez exige más adaptabilidad. Las decisiones que se tomen en este ámbito marcarán el rumbo del mercado laboral y, por ende, la estabilidad económica del país en el futuro.