La Comisión Europea ha lanzado un llamamiento urgente a los países miembros para que culminen un acuerdo sobre la directiva destinada a prevenir la evasión fiscal. Este debate se produce en el marco de la discusión más amplia sobre un impuesto mínimo a las grandes fortunas, cuestión que ha dividido a los eurodiputados. La vicepresidencia de la Comisión, Margaritis Schinas, ha estado al frente de esta solicitud, destacando la creciente necesidad de abordar las desigualdades fiscales en la actualidad.
La importancia del capital y la evasión fiscal
Durante su intervención en el Parlamento Europeo, Schinas hizo énfasis en que «todos los contribuyentes, sobre todo los que más tienen, deben pagar la parte que les corresponde». Esta afirmación pone de manifiesto un principio fundamental en la fiscalidad contemporánea: la equidad en el pago de impuestos. El vicepresidente está convencido de que una tributación más justa es crucial para atajar el aumento de la desigualdad que se ha visto exacerbada por la pandemia y otros factores económicos.
Schinas también recordó que muchos países ya han iniciado acciones para gravar a los superricos. Sin embargo, advirtió: «El capital puede fácilmente cruzar fronteras». Esta movilidad del capital es un reto significativo en la lucha contra la evasión fiscal. La propuesta de establecer un tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades, que la OCDE ha promovido, se presenta como una opción necesaria para frenar esta tendencia.
División en el Parlamento Europeo
El diálogo sobre la fiscalidad de grandes fortunas ha puesto de manifiesto la división entre los grupos políticos del Parlamento Europeo. Mientras que los socialdemócratas (S&D), los liberales (Renew), los Verdes y el grupo de Izquierda apoyan fervientemente la propuesta de gravar las grandes fortunas, otros como el grupo de los Patriotas por Europa y el Partido Popular han expresado sus reservas.
Por ejemplo, Stéphanie Yon-Courtin, eurodiputada liberal, ha indicado que la iniciativa brasileña para gravar a los milmillonarios podría generar unos 250.000 millones de dólares anuales a nivel global. Este enfoque, según ella, no sólo busca mitigar la desigualdad, sino que también representa un cambio significativo en las reglas del juego fiscales, similar al movimiento que se ha hecho para las multinacionales. La posibilidad de redistribuir esta riqueza es atractiva, pero la implementación sigue siendo un tema controvertido.
Argumentos a favor y en contra del gravamen
Los partidarios de una tributación más alta para los ricos argumentan que la concentración de la riqueza ha socavado el bienestar social y las democracias. Jonás Fernández, eurodiputado socialista, lo ha expresado claramente: «La competencia a la baja de los esquemas fiscales nacionales ha ido minando la progresividad de los sistemas tributarios». Este enfoque pone de relieve la necesidad de reformar los sistemas fiscales para garantizar que todos contribuyan de acuerdo con su capacidad.
Por otro lado, oponentes de la propuesta como Fernando Navarrete del Partido Popular consideran que gravar el patrimonio de los ricos no contribuirá a reducir la pobreza, sino que podría tener efectos adversos sobre las clases medias. Algunas voces, como la de Marlena Malag de los Conservadores y Reformistas Europeos, advierten que esta imposición adicional podría desincentivar la inversión, lo que a su vez afectaría la economía en general.
Propuestas concretas y la respuesta de la Comisión Europea
En el contexto de esta polarización, tanto el eurodiputado de los Verdes, Rasmus Andresen, como el de la Izquierda, Pasquale Tridico, han instado a la Comisión Europea a que presente una propuesta legislativa que introduzca un gravamen progresivo. De hecho, han señalado que esto podría resultar en una inyección de «300 millones de euros por Estado miembro», lo que podría tener un impacto significativo en las finanzas públicas.
Los eurodiputados también han instado a centrar la atención en los paraísos fiscales. Irmhild Bosdorf, eurodiputada de la Europa de las Naciones Soberanas, ha señalado que se necesitan medidas más estrictas para cerrar estas lagunas antes de considerar la implementación de un nuevo impuesto a la riqueza. Su argumento es claro: es fundamental mantener la equidad tributaria y luchar contra la corrupción, un objetivo que se pierde si no se abordan las raíces del problema.
Perspectivas futuras y desafíos a enfrentar
La propuesta de establecer un impuesto sobre las grandes fortunas plantea muchas preguntas sobre cómo se puede alcanzar un equilibrio justo en la distribución de la carga fiscal. ¿Cómo se puede garantizar que los más ricos contribuyan sin que esto afecte negativamente a la economía general? Europa se enfrenta a un momento crítico en el que las decisiones que se tomen sobre fiscalidad no solo afectarán a la economía actual, sino que también configurarán el futuro de las sociedades europeas.
La lucha contra la evasión fiscal y la desigualdad va más allá de la simple imposición de nuevos impuestos. Requiere un enfoque integral y una colaboración internacional efectiva, así como un compromiso político real para abordar los desafíos estructurales que permiten la desigualdad y la concentración de la riqueza. A medida que se desarrollan estos debates, será interesante observar cómo las diversas perspectivas se entrelazan y dan forma a las políticas fiscales del futuro.
La economía y la fiscalidad son campos en constante evolución, donde la búsqueda de justicia social y equidad se enfrenta al pragmatismo político y a las fuerzas del mercado. Al final, es una cuestión de cómo construimos un sistema que funcione para todos, en un contexto donde los intereses son diversos y, a menudo, contradictorios.
