La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha decidido presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. La organización solicitará al tribunal que valore la posible inconstitucionalidad del régimen singular impuesto a los mutualistas en lo que respecta a la devolución del IRPF indebidamente ingresado. Esta acción surge en un contexto de creciente indignación entre los contribuyentes afectados.
Controversia por el derecho a la devolución del IRPF
La impugnación se enmarca dentro de la controversia generada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En 2023, este tribunal reconoció el derecho de miles de mutualistas a recuperar parte del IRPF que habían pagado en exceso debido a aportaciones a antiguas mutualidades. Este reconocimiento de derechos ha llevado a los asesores a cuestionar las medidas implementadas por el Gobierno.
En este sentido, Aedaf ha manifestado que el procedimiento establecido por el Ejecutivo es cualquier cosa menos ágil. Según informan, en lugar de diseñar un proceso respetuoso con los derechos de los contribuyentes, se ha implementado un sistema excepcional, fragmentado y prolongado en el tiempo. La asociación describe este régimen de devolución como carente de una razón objetiva y de justificación normativa suficiente.
Calendario de reembolsos cuestionado
Una de las críticas más contundentes de Aedaf se dirige hacia el calendario de reembolsos, que se considera «discrecional». Este calendario establece que la devolución de los importes se prolongará hasta 2029 y será gestionada mediante procedimientos individualizados por cada ejercicio fiscal. Esto no solo limita el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos judicialmente, sino que también añade una capa de incertidumbre al proceso.
Además, los asesores fiscales han señalado que, en lugar de actuar con premura y devolver las cantidades que ya han sido declaradas exentas por resolución judicial firme, el Gobierno ha elegido el camino de la espera. Esta decisión ha alimentado la percepción de que los mutualistas están en una situación de indefensión ante un procedimiento que debería ser claro y directo.
Reformas legislativas y incumplimientos
En un intento por solventar esta situación, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció a finales de marzo una modificación legislativa. Esta modificación tiene como objetivo dejar sin efecto el tratamiento singular de las devoluciones para los mutualistas, y propone que el pago se realice de una sola vez durante este año. Sin embargo, los asesores han criticado que, hasta el momento, esta declaración no se ha traducido en «nada efectivo».
Aedaf ha expresado que esta falta de acción concreta ha intensificado la «incertidumbre y la inseguridad jurídica» que rodean el proceso de devolución. ¿Cómo es posible que, tras un reconocimiento judicial claro de sus derechos, los mutualistas sigan esperando una respuesta eficaz por parte del Gobierno? Esta es la pregunta que muchos se hacen en este momento.
Derechos fundamentales en juego
Aedaf considera que el régimen desarrollado en la Orden Ministerial impugnada vulnera derechos fundamentales y principios constitucionales. Entre ellos se incluyen la igualdad, la prohibición de la arbitrariedad, la seguridad jurídica y la confianza legítima. Estos principios son esenciales para un sistema democrático y deberían ser respetados en cualquier procedimiento que afecte a los ciudadanos.
El análisis de este caso nos lleva a reflexionar sobre la importancia de proteger los derechos de los contribuyentes. Los individuos que aportaron a mutualidades en el pasado esperan que sus derechos sean garantizados en el presente. Sin embargo, la realidad ha mostrado obstáculos que parecen deslegitimar ese anhelo.
La economía y la moralidad fiscal
De esta forma, la situación plantea una cuestión más amplia sobre la economía y la moralidad fiscal. ¿Es justo que un colectivo se vea obligado a vivir en un limbo administrativo, con reembolsos que parecen cada vez más lejanos? La gestión pública no solo debe centrarse en aspectos técnicos, sino también en los impactos que tiene sobre la vida de los ciudadanos.
Es fundamental que el debate sobre la fiscalidad y la devolución de impuestos no se limite a cifras y legislaciones. Debe preguntarse si el sistema actual realmente responde a las necesidades de los ciudadanos y si se consideran sus derechos en cada paso del proceso.
A medida que se desarrolla este caso, queda claro que el camino hacia una solución efectiva requiere de atención no solo a las disposiciones legales, sino también a la ética que las rige. La importancia de la confianza en el sistema no puede subestimarse, y es un elemento crítico que todos los actores involucrados deben tener en cuenta a la hora de abordar estos temas. La esperanza es que, con el tiempo, los mutualistas puedan ver cumplidos sus derechos, y que la administración pública vuelva a ser un sinónimo de justicia y equidad.
