La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido la reforma fiscal que se vota este jueves en el Congreso de los Diputados, resaltando que de ella dependen 7.200 millones de euros de fondos europeos y el futuro fiscal de España. Durante la sesión de control al Gobierno, Montero también propuso aumentar la fiscalidad del diésel como una medida para combatir el *cambio climático*, evidenciando así la conexión entre impuestos y la sostenibilidad ambiental.
DÉFICIT Y APOYO A LA CIUDADANÍA
En este contexto, es crucial entender que los ingresos fiscales son fundamentales para garantizar los salarios de los funcionarios públicos, quienes desempeñan roles esenciales en la sociedad, como la reconstrucción de Valencia tras el paso de la DANA. La ministra destacó que el impuesto mínimo global del 15% para empresas multinacionales es una parte fundamental de la reforma que espera combatir la evasión fiscal y asegurar ingresos suficientes para proteger a la ciudadanía.
El plan fiscal y estructural del Gobierno también incluye una serie de medidas que van desde tributos a vapeadores hasta una revisión del Impuesto de Sociedades, que busca implantar un sistema más equitativo y sostenible a largo plazo. Así, Montero insistió en que la reforma no se trata solo de aumentar impuestos, sino de proteger y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
LA REACCIÓN DEL PP
Durante su intervención, el Partido Popular (PP) no dudó en criticar al Gobierno, acusándolo de querer elevar 81 impuestos bajo el marco de la nueva legislación. Tanto Cuca Gamarra, secretaria general del PP, como el diputado Jaime de Olano, mostraron su descontento, descrito como un «esperpento» el transcurso de la Comisión de Hacienda en la que se discutió la reforma, la cual, según señalaron, terminó a altas horas de la madrugada por la falta de apoyo parlamentario.
Gamarra acusó al Gobierno de hacer un uso irresponsable de las instituciones al intentar forzar una reforma fiscal en un entorno tan polarizado. Este tipo de críticas resalta la tensión política actual y la dificultad del diálogo entre los distintos actores del panorama económico español. La oposición se ha centrado en el impacto que esta reforma tendría sobre las pequeñas y medianas empresas, así como en la economía familiar, un tema sensible que ha suscitado el interés de muchos ciudadanos.
DEFENSA DEL GOBIERNO ANTE LAS CRÍTICAS
Frente a estas acusaciones, Montero reafirmó la importancia de la reforma, declarándola como un compromiso con *el futuro del país*. En su réplica, criticó que el PP no actuara como un «partido de Estado» y que, en lugar de contribuir, se opusiera a iniciativas que buscan hacer frente a problemas reales, como la evasión fiscal en grandes empresas y el fraude en los hidrocarburos. Para la ministra, la nueva legislación es indispensable para el desarrollo económico y social del país.
La vicepresidenta también argumentó que los decretos de ayuda aprobados por el Ejecutivo para la Comunidad Valenciana suman un total de 14.000 millones de euros, en contraste con las ayudas mucho más limitadas ofrecidas por administraciones anteriores del PP, que apenas alcanzan los 250 millones de euros. Esta comparación pone de manifiesto las diferencias en la forma de abordar las crisis que afectan a la población, subrayando la necesidad de un enfoque integral y más solidario.
EL IMPACTO DEL NUEVO IMPUESTO MÍNIMO GLOBAL
Con la introducción del impuesto mínimo global para multinacionales, el Gobierno busca establecer un marco que impida que las grandes empresas eludan sus responsabilidades fiscales, promoviendo así una mayor justicia económica. Esto podría tener efectos significativos en la recaudación fiscal, contribuyendo a la financiación de servicios públicos esenciales y proyectos de infraestructura.
El plan, que está en línea con la normativa europea, podría facilitar una competencia más justa entre empresas nacionales e internacionales, lo que a su vez podría mejorar el panorama económico en el que operan las pymes. Sin embargo, la aceptación por parte de los distintos grupos políticos sigue siendo una incógnita.
LA SOSTENIBILIDAD Y EL FUTURO DE LA FISCALIDAD
A medida que se acercan los momentos decisivos en la votación de la reforma fiscal, la conversación sobre la sostenibilidad se ha vuelto cada vez más relevante. Montero ha subrayado la importancia de pensar en el futuro, no solo desde una óptica económica, sino también ambiental. Elevar los impuestos al diésel, por ejemplo, es un paso hacia la reducción de la huella de carbono y la promoción de energías más limpias.
Las decisiones que se tomen en esta reforma podrían impactar las vidas de millones de ciudadanos, colocando la balanza entre la recaudación fiscal y la protección del medio ambiente en un papel central. De acuerdo con Montero, es esencial que se conduzcan discusiones sobre la sostenibilidad dentro del marco fiscal para asegurar un futuro viable para las próximas generaciones.
Con el debate intensificándose, es fundamental seguir de cerca cómo se desarrollan estos acontecimientos, ya que la reforma fiscal no solo afectará los presupuestos nacionales, sino que también podría redefinir las dinámicas económicas a largo plazo en España.
