La Audiencia Nacional ha desestimado un recurso de FCC contra el reinicio de una resolución sancionadora que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) incoó a la empresa por formar parte de un cártel en el que estuvieron implicadas todas las grandes constructoras españolas durante 25 años.
El contexto de la sanción
Este expediente de la CNMC arrastra ya casi siete años de incoaciones y procedimientos judiciales. La primera incoación se produjo en 2018, pero en 2020 caducó y se archivó. Sin embargo, seguidamente se volvió a abrir otro expediente que resultó en una sanción conjunta para todas las empresas de 203,6 millones de euros.
La sentencia, consultada por Europa Press, solo resuelve un recurso contra el procedimiento, pero no contra el fondo de la cuestión, que sigue sin resolverse y atañe a una multa de 40,4 millones de euros.
Argumentos de FCC y la sentencia
La compañía defiende en su recurso que la declaración de caducidad «es nula», argumentando que fue dictada «en abuso de derecho». Consideran que el retraso en los plazos se debe a la deficiente instrucción realizada por la CNMC. Esta postura refleja la preocupación de FCC sobre cómo se ha manejado el caso a lo largo de los años.
La sentencia, emitida el pasado 12 de mayo, responde a un recurso presentado por FCC en dos frentes: primero contra el procedimiento de declaración de caducidad del primer expediente y, en segundo lugar, contra la apertura de otro expediente. El primero fue desestimado mientras que el segundo fue inadmitido.
Implicaciones de la decisión judicial
Ahora quedan pendientes los recursos frente a la resolución sancionadora, es decir, esos 40,4 millones de euros de multa. Además, otras constructoras implicadas en el cártel también enfrentan sanciones significativas: Acciona fue multada con 29,4 millones, Dragados con 57,1 millones, Ferrovial con 38,5 millones, OHLA con otros 21,5 millones, y Sacyr con 16,7 millones. Todas ellas han presentado sus respectivos recursos.
Decisiones anteriores y su relevancia
En un giro de los acontecimientos, el pasado mes de marzo la Audiencia Nacional tomó una decisión similar respecto a Sacyr, desestimando su recurso contra las multas de la CNMC. Este patrón en las decisiones judiciales sugiere una posible tendencia en la forma en que se maneja este tipo de casos en el ámbito legal español.
La cuestión de la suspensión cautelar
En otro proceso judicial paralelo a este asunto, la Audiencia Nacional ya acordó suspender de forma cautelar todas las sanciones, así como la prohibición de contratar con la administración pública. Esta suspensión, sin embargo, está condicionada a que las compañías presenten una garantía en forma de aval bancario o similar por el mismo importe de la multa. El objetivo es garantizar el pago y salvaguardar el erario público y el interés general en caso de un pronunciamiento final desestimatorio del recurso.
Esta situación deja a las constructoras en una encrucijada: por un lado, enfrentan la presión de las sanciones económicas y, por otro, la necesidad de cumplir con condiciones que podrían complicar su operativa habitual.
El impacto del cártel en la construcción española
La CNMC destapó que, desde 1992, estas seis compañías se reunían semanalmente para decidir sobre los contratos públicos en los que compartirían trabajos técnicos de sus ofertas. Esta coordinación no solo comprometió la competencia, sino que afectó diversos sectores de la infraestructura pública, como hospitales, puertos, aeropuertos y carreteras. Las implicaciones de estas prácticas son de larga data y plantean serias preguntas sobre la ética empresarial en el sector de la construcción.
A medida que este caso avanza, resulta crucial seguir de cerca cómo las empresas afectadas manejarán sus estrategias a largo plazo y cómo las decisiones legales influirán en la estructura de la competencia en el mercado español. La transparencia y la equidad en el entorno empresarial son fundamentales para garantizar la confianza pública y un desarrollo sostenible en el sector.
La evolución de este caso no solo tiene repercusiones para las empresas involucradas, sino también para el futuro del sector de la construcción en España y su relación con la administración pública. La forma en que se resuelvan estas cuestiones podría allanar el camino para una mayor regulación y vigilancia en el futuro, así como para un cambio en las prácticas comerciales que aseguren un entorno de competencia más saludable.
