Una de las alarmantes conclusiones del informe ‘Asfixia empresarial’ es que, al ritmo actual de creación de normas, España podría perder 100.000 empleos en la próxima década. Este panorama es el resultado de la acumulación de nuevos requisitos, restricciones y prohibiciones regulatorias, que no solo limitan las oportunidades de negocio, sino que también desvían recursos de la economía productiva.
Impacto del 3,5% del PIB de los obstáculos para mercado único
Un factor crítico que identifica el estudio es el impacto negativo de la carga regulatoria en los niveles de inversión del país. En este sentido, se menciona que el 33% de los empresarios consideran que la carga regulatoria afecta severamente su capacidad de inversión, llevando a niveles históricos de inversión por debajo de lo alcanzado en 2019.
Para hacer frente a este tema, se destaca que los obstáculos para el mercado único en Europa suponen un impacto del 3,5% del Producto Interior Bruto (PIB) en España. Además, la fragmentación normativa autonómica ha derivado en una ruptura del mercado nacional, afectando en igual medida a la economía, equivalentes también a un 3,5% del PIB.
En cifras, esto se traduce en un coste total de 90.000 millones de euros, lo que significa aproximadamente 4.660 euros por hogar. Estos datos son un llamado a la acción para comprender cómo la burocracia afecta a la economía de manera directa.
La carga regulatoria en Cataluña duplica la de Madrid
El análisis también ha realizado una comparación por comunidades autónomas, revelando que Cataluña presenta una carga regulatoria que duplica la de Madrid. Esto resulta en una reducción de la renta para los ciudadanos de dicha comunidad de 1.141 euros por persona, así como la destrucción de aproximadamente 52.400 puestos de trabajo.
Cuando se observa la regulación a nivel nacional frente a la europea, se establece que si España pudiera igualar su aparato burocrático a las normativas de Dinamarca, esto permitiría un incremento de la renta per cápita en 2.589 euros. Aquí surge la inquietante pregunta: ¿por qué seguimos permitiendo que la regulación ahogue el crecimiento económico?
Preocupación por la sobrerregulación entre empresarios
El sentimiento de preocupación se evidencia cuando consideramos que el 40% de los empresarios ven la sobrerregulación como un verdadero problema crítico para invertir en España. Se trata de un hallazgo del Instituto Juan de Mariana que refleja la presión normativa que enfrenta la economía española, comparable a la extensión de los impuestos.
En efecto, cuatro de cada diez empresarios afirman que la burocracia es una de las cuestiones más críticas a la hora de decidir invertir en el país. Esta problemática se ve aumentada al comprobar que siete de cada diez empresarios están convencidos de que la carga regulatoria es un factor que afecta gravemente a la inversión entrante.
Las consecuencias de la hyperregulación
Uno de los problemas derivados de la sobrerregulación es que el 36% de la actividad económica en España opera en sectores que enfrentan una carga burocrática considerada excesiva. Esto no solo afecta a las empresas, sino también a cerca de 1,9 millones de negocios y 9,8 millones de trabajadores que se ven atrapados en este laberinto regulatorio.
Además, es crucial señalar que España tiene ahora mismo alrededor de 10.300 regulaciones laborales en vigor. Esto, como muchos expertos indican, contribuye a que el país tenga la tasa de desempleo más alta de la UE, con cifras que duplican la media comunitaria.
El informe destaca también que si se pudiera reducir a la mitad los niveles de congestión judicial, especialmente en la jurisdicción civil, se podría elevar la inversión privada en unos 1.500 millones de euros. Esto demuestra no solo la gravedad del problema, sino que también se ofrece una solución a un dilema que parece recurrente.
El reto de la regulación ambiental y la igualdad de género
La regulación ambiental se ha incrementado notablemente en el siglo XXI, con 9.489 disposiciones aprobadas entre 2000 y 2022. Sin embargo, se ha observado que mientras en Francia se promulga una norma pautada, en España se han implementado al menos seis, pero, contraintuitivamente, esto ha resultado en peores niveles de protección ambiental.
Además, en el ámbito de la igualdad de género, el informe apunta que desde 1996 hasta 2022, se han aprobado 22.337 regulaciones en este campo, más del 80% impulsadas por gobiernos autonómicos. Se subraya que no hay una clara correlación entre aumentar la carga normativa en este contexto y mejorar los resultados deseados en igualdad. De ahí que se sugiera que la clave radica en regular menos y regular mejor.
Así, frente a un contexto donde la sobrerregulación parece convertirse en el enemigo número uno del crecimiento económico, podemos reflexionar sobre la necesidad de abordar una mejor forma de regulación que propicie la inversión y la creación de empleo. En un panorama cada vez más competitivo, ¿no sería el momento ideal para replantear nuestras normas y buscar un camino que beneficie a todos? La transformación que requiere la economía española podría depender de ello.
