El Tribunal Administrativo Federal de Suiza (FAC) ha emitido un importante dictamen que impacta a Credit Suisse y sus directivos. La noticia destaca que la resolución que ordenaba la reducción o cancelación de la remuneración variable de los altos ejecutivos del banco fue considerada como «ilegal». Este fallo podría tener repercusiones amplias, abriendo la puerta a futuras reclamaciones por parte de aproximadamente 1.000 afectados.
El contexto de la intervención gubernamental
El 16 de marzo de 2023, después de una crisis financiera que puso en jaque a Credit Suisse, el Gobierno federal decidió interceder, otorgando un préstamo de asistencia de liquidez. En este marco, el Consejo Federal realizó una ordenanza de emergencia, instando al Departamento Federal de Finanzas (FDF) a tomar medidas específicas sobre la remuneración en línea con el artículo 10 de la Ley Bancaria.
No obstante, el 23 de mayo de 2023, el FDF implementó una política drástica: se ordenó reducir o cancelar las bonificaciones pendientes en todo el Grupo. Esto quedó reflejado en una reducción total en el nivel directivo superior, una disminución del 50% para el nivel justo debajo del consejo ejecutivo, y una disminución del 25% para el siguiente nivel.
El fallo del Tribunal y sus implicaciones
La sentencia del Tribunal sostiene que las remuneraciones variables de los ejecutivos afectados son derechos vinculantes, garantizados por la relación laboral contractual. Según el Tribunal, estos derechos están protegidos por la garantía de propiedad que se encuentra en la Constitución de Suiza. En consecuencia, cualquier interferencia con estos derechos debería tener una base legal clara, algo que el FAC determinó que no existía en este caso.
Es interesante notar que, aunque las autoridades suizas argumentaron que la situación justificaba estas reducciones, el Tribunal concluyó que la Ley Bancaria no establece que estas medidas puedan ser permanentes. La orden del FDF, que continuó más allá de la finalización de la asistencia estatal en agosto de 2023, fue considerada no solo ilegal, sino también excesivamente severa.
Las argumentaciones de los implicados
El FDF y UBS, el banco que absorbió a Credit Suisse, defendieron la legalidad de estas reducciones argumentando que los directivos de los tres niveles superiores eran responsables de la estrategia y el colapso de Credit Suisse. Sin embargo, el Tribunal encontró que no se había demostrado que ninguno de los doce ejecutivos asociados a este caso hubiera actuado de manera que generara un riesgo indebido para la salud financiera del banco.
Esto plantea una cuestión crítica: ¿cómo se puede justificar la penalización de altos directivos sin pruebas tangibles de su responsabilidad en la crisis? El Tribunal remarca que las remuneraciones se basan en relaciones laborales, no en malas conductas.
Las implicaciones legales del dictamen
El dictamen no solo afecta a los directivos de Credit Suisse, sino que puede tener un impacto más amplio en el sector bancario suizo y sus prácticas de remuneración. La posibilidad de que otros empleados puedan reclamar en base a este fallo sugiere un cambio potencial en cómo se gestionan los derechos laborales en situaciones de intervención estatal.
En su veredicto, el Tribunal dejó claro que, ante la falta de una base legal suficiente para las reducciones, la decisión del FDF era inadecuada y, por ende, ilegal. Esto introduce la necesidad de un marco legal más robusto y transparente que regule cómo se pueden aplicar las medidas en el sector financiero en tiempos de crisis.
Un tema que podría escalar
La decisión del Tribunal abre un nuevo capítulo en el debate sobre la responsabilidad en la alta dirección en las entidades financieras y cómo se gestionan los derechos de los empleados. A medida que se avanza en este tema, la cuestión de la legalidad de las instrucciones gubernamentales en situaciones de crisis se vuelve cada vez más importante.
No cabe duda de que este fallo cobrará relevancia en el ámbito financiero suizo y más allá, planteando interrogantes sobre el futuro de las prácticas de compensación y la regulación del sector.
La situación también invita a una reflexión sobre cómo las crisis económicas pueden afectar no solo las finanzas de una empresa, sino también la vida profesional y personal de quienes la lideran. La relación entre el Estado y las instituciones financieras es delicada y requiere un equilibrio adecuado para proteger tanto los intereses públicos como los derechos individuales de los empleados. Seguir explorando las dinámicas de este caso podría ofrecer lecciones valiosas para futuras crisis en el sector financiero.
