BBVA ha decidido no participar en la consulta pública inédita que abrió el Gobierno sobre la oferta pública de adquisición (OPA) anunciada por la entidad sobre Banco Sabadell. Esto ha sido confirmado por fuentes cercanas al banco dirigido por Carlos Torres, quien sostiene que «no hay factores de interés general afectados por la operación».
Participación del Gobierno y de Banco Sabadell
A diferencia de BBVA, Banco Sabadell sí ha optado por participar en la consulta pública, según han informado fuentes de la entidad catalana. Este fue un anuncio hecho por el consejero delegado de Sabadell, César González-Bueno, el pasado 8 de mayo durante la presentación de sus cuentas trimestrales. Es interesante mencionar que se trata de la primera vez que el Gobierno utiliza una consulta pública para una operación corporativa de esta magnitud; sin embargo, este tipo de procedimiento es habitual en otros desarrollos normativos.
Aunque el CEO de Banco Sabadell no proporcionó detalles sobre el contenido de su respuesta, sí enfatizó en una conferencia con analistas que la operación debería contar con “remedies” significativos para mitigar posibles daños. En esa misma intervención, comentó que existe un «rechazo generalizado» entre los actores económicos respecto a la OPA de BBVA y que, a su juicio, la acción de BBVA ha perdido valor como moneda de intercambio en la negociación.
Compromisos de BBVA y su impacto
Durante el año que esta operación lleva en curso, BBVA ha defendido constantemente que la OPA es beneficiosa para sus clientes, empleados y accionistas en ambas entidades. Un dato relevante es que esta iniciativa podría incrementar la capacidad de préstamo en 5.000 millones de euros. Además, se ha señalado que los compromisos asumidos por BBVA ante Competencia funcionan como un motor para fomentar la inclusión financiera, la cohesión territorial, y el acceso al crédito para pymes y autónomos.
Mientras se desarrolla este proceso, desde el entorno de BBVA se ha destacado que, como parte interesada, han trasladado su consideración al propio Ministerio de Economía y a las autoridades relevantes. El Banco está comprometido a mantener cierta transparencia y responsabilidad en este procedimiento, lo cual es clave para mantener la confianza de los inversionistas y del público en general.
El papel del Ministerio de Economía
El plazo para participar en la consulta termina este viernes, y el Ministerio de Economía tiene tiempo hasta el 27 de mayo para decidir si eleva o no la cuestión al Consejo de Ministros. En declaraciones recientes, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha enfatizado que la consulta no se plantea como un sí o un no a la imposición de condiciones, ni a la propia OPA.
Esta consulta busca obtener «información cualitativa relevante» sobre los motivos de interés general que pueden tener las personas afectadas. El hecho de que el Gobierno busque la opinión de los ciudadanos indica un cambio hacia una mayor transparencia y responsabilidad en operaciones corporativas tan significativas.
Evaluación de la OPA por parte de la CNMC
El 30 de abril, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió un informe donde aprobó la OPA de BBVA sobre Sabadell en fase 2, aunque con ciertos compromisos. Estos compromisos son claves, ya que buscan mitigar los riesgos detectados en los mercados de banca minorista, incluyendo los servicios para particulares, pymes y autónomos, así como en medios de pago.
La CNMC identificó riesgos, pero también consideró que los compromisos propuestos son «adecuados, suficientes y proporcionados» para abordar los problemas de competencia que la concentración podría generar. De hecho, BBVA ha acordado una serie de medidas para garantizar la presencia de oficinas de Sabadell y el acceso a cajeros en áreas con baja población, bajos ingresos o escasa competencia.
Duración y supervisión de los compromisos
Los compromisos que se han acordado con la CNMC contarán con una duración de tres años (36 meses), que pueden prorrogarse por otros dos años en los casos relacionados con el crédito a pymes. En lo que respecta a cajeros, la duración será de un año y medio (18 meses). La CNMC se encargará de supervisar el cumplimiento de estos compromisos, lo que añade un nivel de garantía sobre el compromiso de BBVA con las condiciones establecidas.
Este proceso es esencial no solo para la operación en sí, sino también para asegurar que la concentración en el sector bancario no afecte negativamente a la competencia y al consumidor, que son aspectos fundamentales en toda economía saludable.
Si la operación llega al Consejo de Ministros, el Gobierno tiene un mes para aprobarla según los términos que ya ha ratificado la CNMC, o puede optar por imponer condiciones adicionales. Es un momento crítico en el que el equilibrio entre las autoridades, las empresas, y el interés público se pondrá a prueba, y será interesante observar cómo se desarrolla esta dinámica en los próximos días.
Las decisiones que tomen las entidades involucradas y el gobierno no solo impactarán el futuro inmediato de estas organizaciones, sino que también moldearán el panorama bancario en España. ¿Estamos a las puertas de una nueva era en el sector financiero? Solo el tiempo lo dirá.
