El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado un importante respaldo al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, al avalar sus acciones en el caso de los anuncios ilegales de viviendas turísticas en la plataforma de Airbnb. En este contexto, se ha ordenado a la compañía eliminar de forma inmediata un primer lote de 5.800 anuncios que incumplen la normativa vigente.
Medidas del Ministerio de Derechos Sociales
El Ministerio ha tomado la drástica medida de bloquear casi 66.000 anuncios ilegales que se encontraban en Airbnb. Esta acción se justifica porque dichos anuncios violan diversas normativas sobre la publicidad de alojamientos turísticos. Para esto, el Departamento, dirigido por Pablo Bustinduy, se ha comunicado con la filial irlandesa de Airbnb, indicando que un total de 65.935 anuncios deben ser eliminados por ser considerados ilícitos.
Esta es una acción que no surge de la nada; desde hace varios meses, el Ministerio ha notificado a Airbnb en tres ocasiones distintas sobre la presencia de estos anuncios ilegales. Cabe destacar que la administración responsable ha fundamentado su decisión en la necesidad de proteger los derechos de los consumidores y de asegurar normas claras en el sector del alquiler turístico.
Argumentos sobre la ilegalidad de los anuncios
Desde la Dirección General de Consumo, se ofrecen tres razones que justifican la ilegalidad de estos anuncios:
- Falta de licencias: Muchos anuncios no incluyen el número de licencia o registro, lo cual es obligatorio según las normativas autonómicas.
- Desconocimiento del arrendador: No se menciona si los arrendadores son particulares o profesionales, un aspecto crucial para la protección del consumidor.
- Licencias fraudulentas: Algunos anuncios incluyen números de licencia que no corresponden a los reales, lo que puede inducir a error a los usuarios.
Los anuncios objeto de este auto del TSJM afectan principalmente a comunidades como Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y País Vasco. Esta amplia cobertura geográfica subraya la magnitud del problema que se está abordando.
Respuesta ante el incumplimiento
En respuesta a las primeras resoluciones del Ministerio, el TSJM ha instado a Airbnb a cumplir con la orden de retirar inmediatamente los 5.800 anuncios identificados. Este fallo judicial representa un paso significativo en la lucha contra la irregularidad en el sector de los alquileres turísticos, un área que ha sido objeto de creciente atención en los últimos años.
No obstante, el proceso no se detiene aquí. En diciembre de 2024, la Dirección General de Consumo abrió un expediente sancionador contra otra plataforma de alquiler turístico por potenciales infracciones relativas a la publicidad del número de licencia. Además, en febrero de 2025, se iniciaron más procedimientos contra grandes gestoras de pisos turísticos por no especificar correctamente la naturaleza jurídica de los arrendadores.
Iniciativas complementarias del Ministerio
Para abordar este desafío, el Ministerio está colaborando estrechamente con otras administraciones y entidades públicas para enderezar el «descontrol y la ilegalidad generalizada de alojamientos turísticos». Esta colaboración incluye la recopilación de información por parte de la Unidad de Análisis de Consumo, que está destinada a reforzar las acciones de las autoridades en esta área.
El ministro Bustinduy ha manifestado su compromiso de trabajar para favorer el acceso a la vivienda y proteger los derechos de los consumidores. Este enfoque proactivo es esencial en un contexto donde el alojamiento turístico a menudo transgrede normativas establecidas, afectando tanto a los consumidores como a los arrendadores que operan legalmente.
El panorama del alquiler turístico en España
El sector de los alquileres turísticos ha crecido notablemente en los últimos años, pero este auge viene acompañado de una serie de preocupaciones. Desde la escasez de viviendas asequibles hasta el aumento de la competencia desleal, las autoridades están tomando medidas serias para regular esta actividad.
Los recientes expedientes sancionadores y el respaldo del TSJM son ejemplos claros de que las instituciones están dispuestas a actuar frente a las irregularidades. Esto también indica que los consumidores pueden esperar una mayor transparencia y protección en el futuro, siempre que las plataformas respeten la normativa establecida.
La reciente actuación del TSJM y el Ministerio representan pasos esenciales hacia un sistema de alquiler turístico más justo y regulado. La eliminación de los anuncios ilegales no solo beneficiará a los consumidores que buscan una experiencia de alojamiento confiable, sino que también contribuirá a un mercado más equitativo para quienes cumplen con la regulación.
En este contexto, es vital reflexionar sobre cómo estas acciones pueden transformar el panorama del alquiler turístico en España y qué implicaciones tendrán tanto para los consumidores como para los arrendadores en el futuro. Las decisiones tomadas hoy forjan el camino hacia un mercado más transparente y justo, donde todos los actores puedan convivir en armonía y con seguridad.
