La Federación Española de Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo (FEDGLP) ha manifestado su profunda preocupación por la “pasividad” e “inacción” del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en relación con la actualización de la normativa que regula los costes de comercialización de la bombona de butano. Esta situación ha llevado a la federación a considerar la posibilidad de adoptar medidas de protesta más contundentes si el Gobierno no responde a sus demandas, que son esenciales para asegurar la continuidad de un servicio crítico para millones de ciudadanos.
Impacto del estancamiento en el sector
La preocupación expresada por la FEDGLP se fundamenta en el hecho de que el sector de distribución de butano ha estado operando “a pérdidas” durante años, lo que ha puesto a más de 3.500 empleos en una posición de vulnerabilidad, además de poner en riesgo la prestación de un servicio esencial que abastece a aproximadamente seis millones de hogares en España. Según la federación, esta situación no solo erosiona la calidad del servicio, sino que también critica la falta de una respuesta adecuada por parte del Ministerio.
De hecho, la asociación argumenta que las agencias distribuidoras llevan más de diez años “soportando una fórmula obsoleta” que no refleja el incremento real de los costes operativos. En el último año, la modificación en el coste de comercialización se limitó a un céntimo de euro por botella, lo que FEDGLP califica de “cifra simbólica” que evidencia un desinterés por parte del Ministerio hacia lo que consideran una crisis en el sector.
Propuesta de actualización de precios
Ante esta situación crítica, la FEDGLP ha solicitado una revisión al alza del borrador presentado por el Ministerio y urgió a la publicación inmediata de una nueva orden ministerial. La federación considera que, a pesar de las reuniones y consultas públicas mantenidas, el Ministerio ha mantenido un estancamiento en sus acciones, lo que ha llevado a la convocatoria de paros por parte del sector en noviembre y diciembre recientes.
Uno de los puntos claves propuestos por la FEDGLP es una subida de 1,80 euros por botella. Este incremento sería fundamental para asegurar la cobertura de los costes operativos imprescindibles, como salarios, transporte y mantenimiento de flotas. “Este importe permitiría garantizar la sostenibilidad del servicio de reparto a domicilio, que es esencial para la población”, enfatizó la asociación, resaltando la importancia del servicio en la vida cotidiana de millones de ciudadanos.
Reacciones ante la situación
La postura de la FEDGLP ha generado un debate profundo en el ámbito económico, particularmente porque la inacción del Ministerio no solo afecta a las empresas distribuidoras, sino que también tiene un impacto directo en el coste de vida de los consumidores. Mientras que el precio del butano se ajusta muy poco, los costos operativos han seguido aumentando considerablemente, lo que plantea una incongruencia preocupante en el sector.
Es notable que, en la búsqueda de una resolución, la FEDGLP contempla la posibilidad de convocar una asamblea extraordinaria en las próximas semanas. En esta reunión, se discutirán estrategias adicionales de presión para lograr que el Gobierno reaccione ante una situación que, a juicio de la federación, merece atención inmediata. La urgencia de esta respuesta se hace aún más evidente cuando se considera la importancia del gas licuado como fuente de energía en el hogar.
Perspectivas futuras del sector
La crisis en el sector de distribución de butano en España se ve agravada por un contexto económico que ya enfrenta múltiples desafíos. La falta de actualización de costes y la resistencia del Gobierno a adoptar una postura más activa y comprometida podrían tener repercusiones duraderas no solo para los distribuidores, sino también para las familias que dependen de esta forma de energía.
Los actores del mercado ya han advertido que, si no se adoptan medidas efectivas, la situación podría desembocar en un desbordamiento de protestas y una eventual crisis laboral que podría afectar tanto la disponibilidad de empleo como la calidad del servicio público. Además, la incapacidad para adaptar la normativa a los realities del mercado podría establecer un precedente negativo en la política energética de España.
La situación actual pone en relieve la necesidad urgente de un diálogo más eficaz entre el sector y el Gobierno, además de recordar que la correcta regulación de precios es esencial para la salud económica de un sector que, a pesar de su vitalidad, se encuentra al borde del colapso. Las futuras decisiones que tome el Ministerio, en el contexto de este panorama crítico, definirán no solo la viabilidad del sector, sino también el bienestar de millones de familias españolas que dependen del butano como fuente principal de energía.