El reciente acuerdo del Gobierno español de no extender la rebaja del IVA en el recibo de la luz ha generado inquietud entre los consumidores y sectores económicos vulnerables. A partir del 1 de enero de 2024, el IVA del recibo de la luz pasará a un 21% permanente tras haber disfrutado de reducciones excepcionales durante los últimos tiempos, una medida adoptada como parte de la estrategia para mitigar los efectos de la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania. Este cambio también implica el fin de la aplicación temporal de otros impuestos sobre la electricidad, lo que plantea interrogantes respecto a la sostenibilidad financiera de los hogares y las industrias afectadas.
Prolongación de medidas de escudo social
El nuevo Real Decreto-ley tiene como objetivo, en parte, la prórroga de varios elementos del escudo social que protegen a los consumidores vulnerables, extendiendo la prohibición de interrumpir suministros básicos de agua, luz y gas hasta el 31 de diciembre de 2025. Esta acción responde a la necesidad de ofrecer un soporte continuado en un contexto geopolítico marcado por la incertidumbre, así como por el incremento de los costes de la energía.
Además de esta prórroga, se han confirmado nuevas actuaciones para fomentar la movilidad sostenible y el ahorro energético, integrando así varias dimensiones de la política energética gubernamental. El Ejecutivo ha enfatizado su compromiso de seguir protegiendo a los consumidores más desfavorecidos, lo que refleja una tendencia hacia la creación de estructuras de apoyo más robustas en tiempos de crisis.
Ajustes en el bono social y su impacto en consumidores vulnerables
El bono social de electricidad, que ofrece descuentos significativos a los consumidores vulnerables, también ha sido objeto de revisión. Originalmente establecido con descuentos del 25% y 40%, ahora estos se han incrementado hasta un 65% y 80%, respectivamente, en respuesta a la crisis. La normativa aprobada establece una transición hacia un nuevo esquema de descuentos, que ajusta gradualmente estos beneficios a partir del 1 de enero de 2024. Así, se fijará un descuento del 50% para los vulnerables, mientras que los vulnerables severos mantendrán un 65%
Este enfoque gradual no solo proporciona un alivio a corto plazo, sino que también permite a los consumidores planificar económicamente en un marco de incertidumbre. Sin embargo, este proceso presenta desafíos para aquellos que dependen de estas ayudas, ya que a partir de enero de 2026 los descuentos se estabilizarán en un 35% y 50%, lo que podría generar un aumento en la carga económica para los hogares más frágiles.
Efectos de la vuelta al IVA del 21% en la factura eléctrica
El retorno al IVA del 21% en la factura de la luz es un cambio significativo que afecta tanto a los consumidores como a los operadores de servicios eléctricos. A partir del 1 de enero, se finalizarán las reducciones fiscales implementadas en respuesta a la crisis, incluyendo un IVA temporal reducido y ajustes en impuestos como el Impuesto Especial de la Electricidad (IEE) y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE).
La eliminación de estos beneficios impositivos se produce en un contexto donde los precios de la electricidad se han mantenido elevados, lo que podría resultar en un incremento directo en las facturas para los consumidores, al tiempo que añade presión sobre los bolsillos de las familias españolas. Este cambio normativo se da en un momento donde los técnicos advierten que aún existen tensiones en el mercado energético, lo que podría acentuar la vulnerabilidad de ciertos segmentos de la población.
Descuentos en peajes para la industria electrointensiva
En cuanto a la industria electrointensiva, el Gobierno ha optado por prolongar el descuento del 80% en los peajes hasta diciembre de 2024. Esta decisión está diseñada para apoyar a uno de los sectores más afectados por los altos costes energéticos, garantizando así que la industria pueda operar de manera competitiva. La protección del tejido industrial es crucial en el contexto de la recuperación económica, dado que este sector es vital para el empleo y la producción nacional.
La continuidad de estos beneficios energéticos, aunque positiva en términos de estabilidad para la industria, debe ponderarse frente a las necesidades fiscales del estado y la sostenibilidad económica a largo plazo de estas medidas.
En resumen, el escenario que se vislumbra para el próximo año presenta una endiablada mezcla de medidas de protección para los consumidores, la industria y la reversión de los incentivos fiscales que habían sido otorgados de manera excepcional. Las nuevas políticas adoptadas por el Gobierno están marcadas por la intención de crear un marco más estructural de apoyo, a la vez que se prepara el terreno para una recuperación que, sin duda, será objeto de vigilancia constante en los meses venideros. A medida que el país se esfuerza por equilibrar la necesidad de estabilidad económica con la carga fiscal que estos cambios implican, se anticipa un desafío considerable en la gestión de recursos, bienestar social y sostenibilidad económica.