La organización empresarial de logística y transporte, UNO, ha manifestado su preocupación ante la reciente propuesta del Gobierno español para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Esta reforma propuesta por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se espera que sea tratada en el Consejo de Ministros el próximo martes. Francisco Aranda, presidente de UNO, ha argumentado que esta medida podría constituir «un duro golpe» para sectores clave, como la logística y el transporte, que son intensivos en empleo y considerados estratégicos para la economía del país.
Críticas a la medida gubernamental
Aranda ha expresado su «profundo rechazo» en nombre de la patronal del sector, señalando que la reducción de la jornada laboral es una medida que se presenta de manera «improvisada y políticamente oportunista». En sus declaraciones, subrayó la falta de diálogo previo y consenso, así como la ausencia de un análisis detallado que evalúe el impacto en el empleo y la competitividad del país. Las críticas se centran en que una imposición de este tipo podría socavar el diálogo social y romper el principio de negociación colectiva, pilares fundamentales en cualquier economía pública y laboral sana.
De acuerdo con los postulados de UNO, este enfoque puede generar un entorno en el que se reduce la contratación indefinida a tiempo completo, aumentando así la presión sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes). Según Aranda, esta situación afectaría negativamente a la capacidad del sector para ofrecer aumentos en los salarios reales. Existen indicios de que esta propuesta responde a una presión política más que a una solución estructural a los problemas laborales que enfrenta el país.
Demandas alternativas del sector
Frente a la imposición de la reducción de jornada, UNO aboga por una serie de alternativas que consideran más beneficiosas para el ámbito laboral y empresarial. Entre estas, destacan la reducción de las cotizaciones sociales, una medida que, según Aranda, podría aliviar la carga financiera sobre las empresas y fomentar un mayor dinamismo en el empleo. La reducción de estas contribuciones haría más viables las contrataciones y, por ende, podría llevar a un crecimiento en la base de trabajadores con contrato indefinido.
Otra propuesta clave es la lucha contra el absentismo laboral, un fenómeno que afecta negativamente tanto a la productividad como a la cultura organizativa de las empresas. Sin un enfoque integral que considere estas cuestiones, las reformas laborales podrían ver sus efectos erosionados por la ineficiencia del sistema actual y la falta de motivación de la fuerza laboral.
Aranda también enfatiza la necesidad de definir un marco laboral «mucho más flexible y adaptado a la realidad empresarial». Este planteamiento implicaría reformar leyes que obstaculizan la agilidad y adaptación del sector logístico, uno que ha experimentado transformaciones significativas en los últimos años debido a la digitalización y globalización.
Impacto en la economía y en el empleo
Es importante evaluar cómo la reducción de jornada podría repercutir en la economía en términos más amplios. La logística y el transporte desempeñan un papel esencial en la cadena de suministro y en la operativa económica general, no solo en España, sino también en el contexto del mercado europeo. La reducción de la jornada laboral podría resultar en más desajustes dentro de estas cadenas, afectando la disponibilidad de bienes y servicios y, a su vez, impactando en los precios y en la inflación.
Los empresarios de este sector advierten que la falta de un marco normativo adecuado para implementar cambios significativos podría llevar a una pérdida de competitividad frente a economías extranjeras, en especial aquellas donde se mantienen modelos laborales más flexibles. Existe una preocupación creciente entre los actores del sector de que esta medida, lejos de funcionar como un incentivo, podría perjudicar la estabilidad laboral y la creación de empleo que el país necesita urgentemente.
La percepción del Ministerio de Trabajo
Adicionalmente, Aranda ha insinuado que el Ministerio de Trabajo podría estar utilizando esta medida como una «cortina de humo» para desviar la atención de otros asuntos delicados, como el aumento del gasto militar, que ha suscitado críticas tanto a nivel nacional como internacional. Esta percepción sugiere que las decisiones políticas no siempre se alinean con las necesidades económicas del país y que el debate público sobre estas cuestiones podría estar siendo influenciado por intereses externos o circunstanciales.
El enfoque del ministerio en la reducción de la jornada laboral podría ser interpretado como un intento por parte del Gobierno de posicionarse ante los votantes como un defensor de los derechos laborales, pero hay serias dudas sobre la efectividad práctica de tales medidas sin el respaldo de un análisis profundo y un marco normativo integral.
Las implicaciones de esta polémica podrán verse a largo plazo, especialmente en un momento en el que la sociedad demanda cambios laborales sustanciales ante un panorama económico en constante evolución, post-pandemia. La posibilidad de un diálogo social profundo es más que necesaria, y solo con la participación de todos los actores implicados se podrán identificar las verdaderas soluciones que impulsen tanto el empleo como la competitividad del tejido empresarial en España.
