La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha declarado que el ‘superregulador’ llevará a cabo una exhaustiva investigación sobre el apagón que tuvo lugar el pasado 28 de abril, el cual ocasionó un colapso significativo del sistema eléctrico peninsular. La CNMC ya está en proceso de recopilar información fundamental con el objetivo de «reconstruir el evento con una precisión técnica suficiente», un aspecto que se considera crucial para entender las causas subyacentes de este fallo.
Descripción del incidente y tramitación del expediente
En su comparecencia ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados, Fernández explicó que ya se ha iniciado la tramitación de un expediente informativo relacionado con el incidente. Este proceso incluye la cursación de requerimientos de datos y de información a las partes implicadas, lo que subraya la seriedad con la que la CNMC está abordando este asunto.
La presidenta también señaló que, si durante el curso de la investigación se determinan infracciones graves o muy graves, el ‘superregulador’ procederá a incoar los expedientes sancionadores correspondientes. Según el régimen sancionador vigente, las multas podrían ascender hasta 60 millones de euros, lo que evidenciaría la magnitud del fallo y sus posibles consecuencias para los responsables.
Medidas y sanciones potenciales
Además de las sanciones económicas, la CNMC tiene la facultad de adoptar medidas más drásticas, como la inhabilitación o la revocación de autorizaciones administrativas. En el contexto de la valoración de responsabilidades, también se contempla la obligación de restituir o indemnizar por los perjuicios causados al sistema eléctrico, así como a otros sectores afectados por el incidente.
La posibilidad de sanciones severas resalta la importancia de esta investigación, que no solo examinará el ámbito eléctrico, sino que también abordará las repercusiones en otras áreas como telecomunicaciones y transporte ferroviario. Estos sectores, cruciales para la operativa diaria del país, forman parte del enfoque multisectorial que la CNMC ha decidido adoptar al analizar el impacto del apagón.
Informe de conclusiones y propuestas multisectoriales
Fernández adelantó que, tras concluir la investigación, el regulador emitirá un informe que incluirá conclusiones, recomendaciones y propuestas para garantizar que no se repitan incidentes similares en el futuro. Esta acción se presenta como una oportunidad para incorporar lecciones aprendidas que pueden tener un impacto más allá de lo eléctrico.
«El incidente afectó gravemente a telecomunicaciones, transporte ferroviario y otros servicios esenciales, que también son de nuestra competencia», comentó Fernández. Esto implica que las recomendaciones podrían tener un efecto dominó en diferentes sectores, haciendo que la CNMC aborde la cuestión desde una perspectiva más integrada y global.
Desafíos operativos y cumplimiento de calendarios
Un aspecto notable de la comparecencia fue la mención de la carga de trabajo adicional que representa esta investigación, coincidiendo con el establecimiento del próximo marco retributivo para el sector eléctrico y gasista, que abarca desde 2026 hasta 2031. Fernández enfatizó la relevancia de esta tarea, describiéndola como un «hito que afrontamos cada seis años», lo cual implica un alto grado de preparación y dedicación por parte del organismo regulador.
Pese a la sobrecarga que supone llevar a cabo ambas tareas de manera simultánea, Fernández reafirmó el compromiso de la CNMC de cumplir con ambos calendarios. «Pese a los recursos humanos limitados, nuestro compromiso es llevar a cabo ambos procesos», aseguró, algo que resalta la importancia que la CNMC otorga a su labor reguladora en este contexto crítico.
Implicaciones futuras del apagón
Las repercusiones del apagón del 28 de abril poseen implicaciones que trascienden el mero incidente técnico, abriendo la puerta a una serie de reflexiones sobre la resiliencia del sistema eléctrico y otros sectores fundamentales en España. Con un cambio de paradigma en la gestión de riesgos en infraestructuras críticas cada vez más necesario, la investigación de la CNMC no solo se plantea como una respuesta a este evento específico, sino como un esfuerzo decidido por establecer medidas que fortalezcan la integridad y la sostenibilidad de los servicios esenciales.
El resultado de esta indagación podría no solo redefinir las normativas que rigen el sector eléctrico, sino también influir en la manera en que se perciben y gestionan los niveles de interconexión entre diversos sectores económicos. En un panorama donde las interrelaciones son cada vez más complejas, la capacidad de respuesta y adaptación de las instituciones reguladoras se presenta como un aspecto crítico para el futuro de la economía española.
